Noche y niebla para Cristóbal Pérez

Anochecía el martes cuando los agentes de la UCO pararon el registro en el Ayuntamiento de La Carolina. Estaban sacándole los tuétanos al ordenador del concejal Cristóbal Pérez, del que se sospecha que cogió 20.000 euros en sobornos de la empresa Fitonovo a cambio de trato de favor en obras públicas. Un par de sobres, apuntó el PSOE en un comunicado. Cuando empezó a fallar la luz pararon el registro y mandaron a alguien a por bocatas. E informaron a Alaya: Se está haciendo de noche. Y en el mundo libre no se registra por la noche, salvo que haya una buena razón para ello. Alaya tardó poco en mandar un auto prorrogando la orden que autorizaba a los agentes a seguir revolviendo papeles y archivos. Les dio hasta la cinco de la madrugada. La parafernalia tiene su razón de ser. Noche y niebla. Aparte de que para el concejal fuera la noche más oscura, esas palabras encierran una historia sobre derechos fundamentales.

El 7 de diciembre de 1941 el régimen nazi promulgó un documento que establecía que los opositores debían ser detenidos durante “la noche y la niebla” y llevados clandestinamente a Alemania. “En el caso de que las autoridades alemanas o extranjeras se interesaran por tales prisioneros, se deberá contestar que habían sido arrestados pero que los procedimientos no permitían más información”, según la Wikipedia. Terror puro e incertidumbre para familiares y vecinos. El primer ministro inglés, Churchill, respondió que en Inglaterra solo el lechero llama a una puerta a las seis de la mañana, según se le atribuye popularmente. En realidad al decir Inglaterra, por extensión, se refirió a un país democrático donde los derechos individuales están garantizados. Por eso los registros juidiciales se autorizan solo durante el día, y si se quieren hacer por la noche hay que motivarlos especialmente.

La tradición judicial no fija una hora a partir de la cual se considera que ya es de noche. A la caída del sol. La práctica dice que cuando se empieza a ver con dificultad los papeles por falta de luz natural. Así que Alaya prorrogó el registro motivadamente para salvaguardar los derechos de Cristóbal Pérez. Y porque ya metidos en faena no iba a mandar parar a sus agentes, que habían hecho presa.

Cristóbal Pérez, ahora inmerso en la niebla de dos noches en el calabozo, lleva vinculado a la política carolinense desde casi su más tierna infancia. En tiempos de Don Ramón, alcalde eterno con intermitencias desde el tardo franquismo hasta 2007, formaba parte de la clac que acudía a aplaudir y aclamar al veterano político cada vez que un ministro de Aznar visita el pueblo, lo que ocurrió en por lo menos quince ocasiones en dos legislaturas. Después comenzó a ir en las listas. En 2009 ya estaba liberado y a estas alturas era ya segundo teniente de alcalde. Así que bien curtido está en la política carolinense, que no es poco decir. Su vida ha sido la política. El actual alcalde, Francisco Gallarín, lo definió como una persona “completamente entregada a su trabajo”, según declaró  aún con el estupor por la detención de su delfín. Ahora afronta  el trago más amargo: verse frente a la jueza Alaya.

Aunque los primeros movimientos para apartar a Alaya de este caso han comenzado. El consejero De Llera, que cuando está la jueza cerca ve un charco y se lanza de cabeza, opina que “con la ley en la mano”, la instrucción de la Operación Madeja debe pasar a la Audiencia Nacional, puesto que dirime hechos que se han producido en distintas comunidades autónomas. Otros juristas consultados indican sin embargo que tal vez lo más sensato jurídicamente sea trozear la causa y mandarla a las distintas provincias donde se han producido registros. El argumento es que no hay evidencias de una organización diseñada para delinquir, sino más bien de una empresa que le pilló el truco  a sobornar funcionarios para ganar concursos y que extendía sus tentáculos en distintos lugares en la oscuridad y la niebla de la corrupción que parece rodearnos.

 

Ponga un jienense en su trama

Los casos de corrupción se suceden uno tras otro. Lo curioso es que una provincia pequeña y de tan poco peso económico como Jaén acumule tantas salpicaduras. Ponga un jienense en su trama corrupta, parece ser el lema.

En el caso ERE el papel de los jienenses es estelar desde el principio. De hecho, según datos adelantados por IDEAL y luego corroborados por autos de la jueza Alaya, la trama de los ERE, el sistema de financiación supuestamente ilegal que da origen a toda la trama, se inventó en Jaén con el ERE de Molina y se perfeccionó con el de Santana. Está Juan Lanzas, con una corte de más de 20 ‘intrusos’ y testaferros, muchos de ellos jienenses. Jienense (baezano para más señas) fue el  primer ‘intruso’, Garrido Santoyo, y mira si ha llovido desde entonces y no han dejado de salir flecos de los ERE en la provincia. Los últimos, las sobrecomisiones de más de un millón de euros cobradas por intermediarios en los ERE de Santana y Primayor. Los manejos de EDM en Mancha Real también están bajo sospecha. En la vertiente política del tema, la nómina de personas enfiladas por Alaya también es extensa: Zarrías, Moreno, Ávila, Vallejo …

En el caso Invercaria hay protagonismo jienense por dos sitios: el préstamo a Fumapa, de La Carolina, que se concedió con un par de folios escritos a boli como trámite, y  la pieza sobre Ferias Virtuales de Andalucía, que se pulió varios millones en un portal literalmente virtual, porque nunca llegó a funcionar, y que está participada por una sociedad con sede en la calle Castilla de Jaén. Aún puede haber más pues se investigan otros créditos a otras empresas (se habla de una de Martos) por trabajos que luego que se subcontrataron con generosas plusvalías. EDM también está en la lista de empresas que se van investigar.

La Operación Edu contra el fraude en los cursos de formación tiene su rama jienense que investiga la jueza Carmen Ballesteros, desde Instrucción 4. Han declarado 400 alumnos que hicieron cursos en una veintena de academias bajo sospecha. Este asusnto acaba de comenzar su andadura judicial, pero puede desvelar importantes sorpresas todavía.

Sobre las facturas falsas de UGT relacionadas con los cursos de formación se detuvo a un jienense, de la empresa KND, en una de las redadas ordenadas desde el juzgado y ejecutadas por la UCO.

También sobre este sindicato se llegó a abrir una pieza en Instrucción 3 por una factura de un constructor jienense relacionada con una obra para el sindicato en Córdoba. El constructor, que declaró como testigo, dijo que en el sindicato le dijeron que inflara el importe sobre los trabajos realizados y cobrados realmente, y él así lo hizo aunque luego la rectificó. Se acabó archivando en Jaén, pero se mandó lo instruido a otros juzgados andaluces que están investigando al sindicato. En este caso tienen relevancia además las palabras de un sindicalista de UGT de Jaén que en un cónclave sindical llegó a decir que tenían tanto dinero en generado en un bote que no sabían ya ni qué hacer con él, según reveló el diario ABC.

El Diario El Mundo también informó de que “en noviembre de 2012, también el Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla investigaba el presunto desvío de parte de dos subvenciones de 600.000 y 400.000 euros concedida para salud laboral al sindicato CCOO que se destinó a fines como la contratación de una charanga para animar actos de la organización o para pagar gastos de desplazamiento y dietas de una dirigente sindical de Málaga. El juez Juan Gutiérrez Casillas mantiene imputados por este caso a la ex directora general de Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Andalucía Esther Azorit y el secretario de Organización y Finanzas de CCOO de Andalucía, Miguel Ángel Soto, por malversación, prevaricación y un delito continuado de falsedad en documento oficial”. Tanto Azorit como Soto son jienenses.

Tarjetas black: el linarense Miguel Blesa juega un papel destacado. Blesa pasó la tarjeta 1.565 veces, y se gastó 463.028 euros por los que supuestamente no tributó. Al menos siete de esos “tarjetazos”, unos mil euros en total, se hicieron en la provincia de Jaén.

Y ahora llega a Jaén la operación Enredadera como continuación de la operación Madeja, con tres detenidos: el concejal del PP en La Carolina Cristóbal Pérez, un técnico de la Diputacion Provincial de Jaén y un técnico del Ministerio de Fomento.

A ver cual es el siguiente caso, pues hay pocas tramas corruptas que se resistan al encanto de tener al menos a un jienense en sus filas.

La Policía pasa de Alaya y pisa firme con la Operación EDU en Jaén

De mar de fondo se escucha el estruendo de una recia polémica en los despachos. Alaya contra la Policía. La Junta contra Alaya. Sorprendió el auto de la jueza Alaya exigiendo a la Policía Nacional que cese “de inmediato” en sus investigaciones sobre las irregularidades en los cursos de formación de la Junta de Andalucía. Que se aparten y dejen paso a la Guardia Civil que actúa a sus órdenes. Y no menos ha sorprendido la ofensiva directa de la Junta contra la jueza, a la que quiere alejar de esta causa alegando que no es competente. La música más cercana, sin embargo, suena “piano piano”. Pero “va lontano”. Es el runrún cotidiano del trabajo de los agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) y de los de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de Jaén que colaboran con ellos a las órdenes de la jueza Carmen Ballesteros, que coordina el trabajo desde el juzgado de Instrucción 4 de Jaén, enfrente mismo de la “cuesta de los civiles” y la Comandancia. Desde la primera semana de octubre los policías están tomando declaración a más de 400 alumnos de cursos bajo sospecha. “Piano piano”. Día a día. De momento siguen trabajando.
Esta fase de la investigación está ya a punto de finalizar. No quiere decir que aquí se cierre el tema. Hay materia aún para trabajar. Van saliendo cosas. Tras los interrogatorios habrá que procesar mucha información, cruzar muchos datos antes de dar el siguiente paso. En varias semanas se verán resultados y habrá más movimientos.
Academias
La investigación se ha centrado en varias academias. Tras los alumnos se llamará a los profesores. Después a los propietarios de estos centros de formación que siempre supuestamente se han visto envueltos en irregularidades con la financiación que recibían de la Junta. Y por último, si es preciso, a los responsables de las subvenciones supuestamente irregulares que se hayan podido detectar. A día de hoy la intención es seguir el trabajo hasta rematarlo. Diga lo que diga Alaya.
En la provincia de Jaén tuvieron sede e impartieron cursos “filiales” de empresas de formación ya investigadas en Málaga en la primera fase de la Operación Edu. Y en una provincia con un 40% de paro, los cursos de formación fueron durante años una potente industria bien engrasada con subvenciones de la Junta. Un negocio al que muchos acudieron. Fuentes del sector de las academias en la provincia ya alertaban al estallar el escándalo de que junto a empresas de reconocida solvencia de toda la vida se habían abierto todo tipo de establecimientos al calor de las ayudas públicas, que según ha admitido ahora la Junta no se controlaban debidamente.
Se quedó con el chófer
En la Policía el auto de la jueza ha causado malestar. Alaya ya se deshizo de ellos hace años, en los albores de la causa de los ERE. Y no es la primera vez que una investigación comenzada en la UDEV de Jaén acaba en el juzgado de Alaya. Hace ahora justo tres años agentes de esta unidad tocaron la puerta de una casa de la calle Madreselva de Venta de los Llanos (Andújar). Les abrió Juan Francisco Trujillo Blanco. Poco después, el nombre de Trujillo era conocido en toda España. El nombre y un nuevo apodo: el “chófer de la coca”. El hombre que aseguró que se gastó en fiestas y cocaína miles de euros de subvenciones cobradas ilegalmente. Aquella investigación en principio coordinada desde los juzgados de Andújar acabó en Sevilla, pues los jueces jienenses se inhibieron en favor de Alaya, que incorporó al procedimiento de los ERE un fraude superior al millón de euros en varias ayudas.
El País informó de que la jueza Alaya ha rectificado su pretensión inicial y solo quiere asumir las pesquisas de la Policía que no estén aún judicializadas. La Fiscalía Anticorrupción, por lo pronto, apoya la investigaciones que “se desarrollan en cada provincia bajo la suprema autoridad de los respectivos órganos judiciales”, y como mucho pide a los de azul y a los de verde que se coordinen. La ley, dicen los fiscales, “establece que las Fuerzas y Cuerpos están obligados a la cooperación recíproca en el desempeño de sus competencias respectivas”. Está previsto también por las leyes que “los funcionarios de las Unidades de Policía Judicial no podrán ser removidos o apartados de la investigación concreta que se les hubiera encomendado, hasta que finalice la misma o la fase del procedimiento judicial que la originara, si no es por decisión o con la autorización del Juez o Fiscal competente”.
Lanzas y su cuñado
Hay por cierto un “componente jienense” en los argumentos de la Junta para apartar a Alaya del caso. Juan Lanzas. Quién si no. Los letrados de la administración argumentan que Instrucción 6 de Sevilla no es competente y sostienen contradicciones en los argumentos de la jueza: primero sostuvo al abrir en marzo diligencias sobre formación que estas partían de la declaración del funcionario Teodoro Montes a la Guardia Civil (agosto de 2013), como una rama de los ERE. Luego dice que parten de la pieza abierta a las empresas de Juan Lanzas. Empresas como las que estaban a nombre de su cuñado, Ismael Sierra, primero en Torres de Albanchez y luego en la calle San Eladio de Granada. En 2011, cuando se le relacionó con el escándalo de los ERE y Mercasevilla, Sierra dijo que había tenido una empresa de formación, pero que la había cerrado por falta de actividad.