Juicio de los ERE (III): Ni robaron ni sabían nada

GRAF941. SEVILLA, 14/12/2017.- Los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el exconsejero Gaspar Zarrías (izq a dcha) y el ex director general de Trabajo Francisco Guerrero (detrás), al inicio de la segunda jornada del juicio de la pieza política de los ERE, en el que son procesados 22 ex altos cargos de la Junta, y que ha comenzado hoy con la lectura de los escritos de las defensas. EFE/Julio Muñoz ***POOL***
Los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el exconsejero Gaspar Zarrías (izq a dcha) y el ex director general de Trabajo Francisco Guerrero (detrás), al inicio de la segunda jornada del juicio de la pieza política de los ERE, en el que son procesados 22 ex altos cargos de la Junta, y que ha comenzado hoy con la lectura de los escritos de las defensas. EFE/Julio Muñoz ***POOL***

Manuel Chaves nunca fue un hombre rico. Cuando tras treinta años en primera línea de la política (ministro, presidente de la Junta) presentó una jurada declaración de sus bienes, aseguró que todo cuanto tenía sobre la faz de la tierra era una casa, un viejo coche y 3.000 euros en la cuenta corriente. Por la honestidad de José Antonio Griñán ponen la mano en el fuego todos los que le conocen. Y así se podría seguir con prácticamente todos los acusados en la pieza política de los ERE.  Sólo Guerrero está acusado  de saquear las arcas públicas (pero en otra pieza, donde junto a su chófer está investigado por gastarse en lujos y cocaína miles de euros). El resto, está más que demostrado, no robó. Fue aún peor.

Todo delito precisa de un móvil convincente. Los cargos que pesan sobre los dos ex presidentes, seis ex consejeros y catorce ex altos directivos son por malversación, prevaricación y asociación ilícita (una desmesura esta última de la acusación popular del PP). Pero si no robaron, ¿para qué malversar o prevaricar? ¿Por qué el Gobierno andaluz ideó un sistema de concesión de ayudas opaco que escondió durante una década el dinero que destinaba a empresas en crisis a su propio interventor y a la Unión Europea? ¿Por qué nadie hizo caso de las advertencias del interventor, estuvieran éstas revestidas de la forma idónea o no?

Los años en los que funcionó el sistema de los ERE que se enjuicia ahora fueron los de Andalucía Imparable, los de la Segunda Modernización de Andalucía. Un formidable empeño propagandístico, un espejismo en una región con la tasa de paro más alta de España (reducida al mínimo histórico al calor de la burbuja inmobiliaria, pero la mayor del país), y las mayores tasas de abandono escolar y analfabetismo de la UE. La Junta regalaba ordenadores a todos los niños en el colegio, hacía leyes vanguardistas, sacaba pecho con la sanidad.

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Eran los años también en los que Invercaria repartía millones sin control ninguno, los de los cursos de formación, los de las facturas falsas, los que aprovecharon más de 25.000 enchufados para colocarse en la administración pública ‘a dedo’, los de las listas negras de disidentes … Más que Andalucía Imparable, era Andalucía desmelenada. Al menos una parte de Andalucía lo estaba.

No se pueden contar los ERE como un hecho aislado. Formaban parte de un ecosistema, de una arquitectura subterránea que se extiende como una red, como una tela de araña, y que reparte dinero y trabajo dadivosamente. “Dios vino a verme”, le dijo un vecino del Pedroso a la jueza Alaya cuando le preguntaron por las ayudas recibidas de su vecino Guerrero. 

Ese sistema de reparto de ayudas públicas que se está juzgado regaba ese ecosistema, esa arquitectura, esa tela de araña. No era la única fuente de ‘suministro’ a ese entramado. Sí que ha sido la más visible. La más escandalosa, por que ha sido la ventana que se ha abierto de par en par. 

Por eso a ninguno de los acusados en la pieza política de los ERE se le acusa de robar dinero público, ni de financiar ilegalmente al partido, ni de llevarse el dinero a Suiza o Andorra. Todos los casos de corrupción en Andalucía comparten el móvil: el dinero de las instituciones usado irregularmente servía para apuntalar al partido en el Gobierno, según la tesis de la juez instructora Alaya.

En la segunda sesión del juicio, Chaves y Griñán han insistido durante la lectura de sus escritos de defensa en que no conocieron el fraude de los ERE, que ni siquiera pudieron conocerlo. Aseguraron que no recibieron ninguna de las quince alertas del interventor. Que no  participaron en una ninguna conspiración. La defensa de Griñán cifró en 80 millones de euros los realmente robados (no 800) por cuatro golfos. 

También usaron el argumento de que todo pasó por el Parlamento, que nunca hicieron nada fuera de la ley  y que nada sabían de irregularidad alguna los ex consejeros Zarrías, Magdalena Álvarez, Antonio Fernández o Vallejo. Las dos sesiones previstas para las cuestiones previas se han agotado y aún no han intervenido ni la mitad de los encausados. Pero lo  que ya ha quedado claro es que nadie se enteró de nada hasta que fue Alaya a decírselo.

A pesar de sus alegatos, a estas alturas Chaves, Griñán y todos los implicados en el caso han admitido que fallaron los controles y que hubo uso irregular del dinero público. En la causa penal lo que se intenta dilucidar es si ellos lo supieron y lo consintieron. El “gran fraude”, por usar palabras de Griñán, está admitido. A ninguno se le acusa de robar. Es aún peor. El caso de los ERE en realidad va de si un partido ha tenido durante décadas a las instituciones de todos los andaluces a su servicio.

Para entender todos los entresijos del procedimiento, por qué están en el banquillo dos ex presidentes de la Junta de Andalucía, seis ex consejeros catorce ex altos cargos, y por qué hay otras 250 personas esperando juicio por esta macrocausa, todas las claves están en el libro ‘Caso ERE. Las entrañas de la corrupción institucional en Andalucía’

http://www.comunicacionsocial.es/catalogo/colecciones/historia-y-presente/caso-ere–las-entranas-de-la-corrupcion-institucional-en-andalucia

https://www.facebook.com/CASOERE/

El juicio de los ERE (II): “Estamos en cuartos”

griñán

El periodista de ABC Antonio R. Vega tuiteó antes de comenzar el juicio de los ERE que el ex director general Guerrero había entrado en la Audiencia bromeando. “Estamos en cuartos”, dijo camino del banquillo. La frase que resume con precisión el momento procesal de la pieza política de la causa de los ERE. La ‘fase de grupos’, con una instrucción de siete años, ya ha concluido, y la final se va acercando, por seguir con el símil futbolístico.  La broma de Guerrero, junto a la complicidad de Chaves y Griñán, sentados juntos en el banquillo e intercambiando comentarios, fueron lo más destacado de la primera sesión de un juicio que se adivina largo y tortuoso. Eso y la fugaz aparición de Alaya, que no quiso quedarse fuera de la fiesta y se dejó ver arrastrando escolta y trolley.

Alaya

 Había expectación por el paseíllo de los acusados. Por ver cómo entraban, cómo se sentaban. Por ver si Chaves resoplaba, tal y como hizo, cuando le leyeron la acusación del Fiscal. Por si Griñán mantenía cara de póker con la que entró “tranquilo” -al menos eso dijo- toda la mañana. Por los gestos. Zarrías llegó en su coche. Llevaba de pasajera a Magdalena Álvarez. Llegó saludador, con una mochila a la espalda que le acompaña siempre en sus últimas apariciones.  En la Audiencia se han llevado el banquillo. Han puesto cómodas sillas para los acusados. No había asientos asignados. Chaves y Griñán se sentaron en primera fila. Guerrero detrás, así que salía en todos los planos. El resto de consejeros también fue a la primera fila.

Luego el interés devino en ver quién de los veintidós bostezaba primero ante la innecesaria lectura de los escritos de acusación durante tres horas largas. Hubo incluso amago de motín entre los letrados defensores cuando tras repasar los 40 folios de escrito del Fiscal les anunciaron que el castigo continuaba con los tropecientos de la acusación del PP. Pero al final no se atrevieron. Con un juicio que se prevé tan largo (hasta el verano, pronostican en ámbitos judiciales), la chispa saltará en algún momento. Al tiempo.

Queda para la segunda sesión la presentación de las cuestiones previas de las defensas.Pedirán la nulidad de todo o parte de las actuaciones alegando vulneración de derechos fundamentales y que el juez que dictó el auto de apertura de juicio oral no era el adecuado. Reclamarán que se admita como prueba un documento de la Administración General del Estado que reconoce que también adjudicó ERE sin concurso público bajo el amparo de la ley. E intentarán que las declaraciones de los acusados queden para el final de la vista oral, no para el principio como suele ser habitual (el que primero debe declarar es Guerrero, lo que causa no poca inquietud entre el resto de acusados).

Las defensas intentaron coordinarse en la ‘cumbre’ de hace unas semanas. Así que hay poco lugar para las sorpresas. La presentación de las cuestiones previas será un día de obviedades. Como cuando a la entrada a la Audiencia le preguntaron a Guerrero que cómo estaba. “Con frío”, respondió. Ayer hizo un día gélido. Sobre todo para los acusados de los ERE. Por más que  entiendan que el final se acerca, y que ya están en cuartos.

Para entender todos los entresijos del procedimiento, por qué están en el banquillo dos ex presidentes de la Junta de Andalucía, seis ex consejeros catorce ex altos cargos, y por qué hay otras 250 personas esperando juicio por esta macrocausa, todas las claves están en el libro ‘Caso ERE. Las entrañas de la corrupción institucional en Andalucía’

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El juicio de los ERE (I): Chaves y Griñán al banquillo

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-¿Qué se juzga y a quién se juzga?
El miércoles comienza en la Audiencia de Sevilla el juicio contra los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a los que acompañan en el banquillo de acusados los ex consejeros Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, Antonio Fernández, Francisco Vallejo, José Antonio Viera y Carmen Martínez Aguayo, junto a otros 14 ex altos cargos de la Junta. Se les acusa de crear y sostener con fondos públicos un sistema arbitrario e injusto de repartir subvenciones para financiar Expedientes de Regulación de Empleo, ERE, e inyectar fondos a empresas en crisis.
La causa de los ERE comenzó a investigarse en 2011 después de que unos empresarios sevillanos destapasen con una grabación que empleados públicos de Mercasevilla les habían pedido dinero a cambio de acceder a subvenciones de la Junta de Andalucía. Tirando de este hilo la jueza Mercedes Alaya instruyó la mayor causa por corrupción política de España, con más de 270 personas investigadas y la gestión de 855 millones de euros bajo sospecha. La jueza María Núñez Bolaños, que en 2015 sucedió a Alaya al frente de Instrucción 6, decidió partir la causa en distintas piezas para hacerla manejable a efectos procesales. La primera pieza que desgajó de la causa principal fue para esclarecer si los responsables de la Junta, al máximo nivel, habían creado un procedimiento específico ilegal para repartir subvenciones.
En esta pieza no se acusa a nadie de quedarse con dinero. Lo que se juzga es si los 22 acusados crearon un sistema injusto y arbitrario de reparto del dinero público, contrario a Derecho, a sabiendas de lo que hacían, y de si hicieron la vista gorda para que otros (afines al PSOE en muchos casos según la instrucción de Alaya) se enriqueciesen ilícitamente, lo que se juzgará en otras piezas derivadas de la misma causa principal.
-¿Quién acusa y por qué delitos?
El Fiscal y la acusación popular de Manos Limpias acusan por los delitos de prevaricación administrativa y de malversación de caudales públicos. La acusación popular ejercida por el PP añade el delito de asociación ilícita.
La malversación está regulada en el artículo 432 del Código Penal. La comete la autoridad o funcionario público que con ánimo de lucro sustrajere o consintiere que un tercero, también con ánimo de lucro, sustraiga caudales o efectos públicos. En este caso no se acusa a nadie de sustraer fondos públicos en beneficio propio, sino de consentir que otros lo hicieran.
Está castigada con penas de entre tres y seis años, que pueden llegar a ocho en casos de especial gravedad por la cantidad sustraída y por el “daño o entorpecimiento producido al servicio público”.
La prevaricación la comete la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo.
Está castigada con penas de inhabilitación de nueve a quince años.
-¿Qué penas se piden?
El Fiscal reclama penas que en total suman 132 años de cárcel para responsables de la Junta de Andalucía acusados de malversación. A Griñán, se reclaman seis años de cárcel, los mismos que para Viera, Antonio Fernández, Vallejo, Martínez Aguayo y Justo Mañas; y ocho para los otros altos cargos acusados de este delito.
Para todos se piden penas de inhabilitación, de entre diez y treinta años.
Manos Limpias se sumó a la acusación de la Fiscalía.
El PP acusa a los 26 procesados por tres delitos: prevaricación, asociación ilícita y malversación de caudales.
A José Antonio Griñán, el PP le pide una condena de diez años de inhabilitación por prevaricación; por asociación ilícita, dos años de cárcel y otros doce de inhabilitación, y por malversación, seis años de prisión y 20 de inhabilitación.
A Manuel Chaves la acusación del PP le acusa de asociación ilícita, por el que le pide dos años de cárcel, y prevaricación, por el que pide doce años de inhabilitación. A José Antonio Viera y Antonio Fernández, ex consejeros de Empleo, les pide diez años de cárcel y 42 de inhabilitación. Para Carmen Martínez Aguayo, ex consejera de Hacienda, pide ocho años de cárcel y 42 años de inhabilitación. Al ex director general Javier Guerrero le piden diez años de cárcel y 42 de inhabilitación. A la ex consejera de Hacienda y ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez, le reclama dos años de prisión y 22 de inhabilitación.

-¿Qué alegan los acusados?
Las defensas reclaman la libre absolución en todos los casos. Los argumentos que reflejan los escritos de defensa se basan fundamentalmente en que las distintas instancias de la Junta actuaron siempre desde la legalidad, con actos administrativos que pasaron por los órganos de control previstos por las leyes.
Las defensas han denunciado que el escrito del PP les causa indefensión, porque en el auto de apertura de juicio oral no se incluía el delito de asociación ilícita y por tanto nunca han podido defenderse de él ni pedir pruebas para demostrar su inocencia al respecto. Han pedido la nulidad del auto de apertura de juicio oral y que las actuaciones se retrotraigan hasta ese momento.
Han denunciado en repetidas ocasiones errores procesales de la magistrada Alaya durante la instrucción, que volverán a reiterar en las alegaciones previas al juicio.
Y han encontrado otro argumento a su favor, con un documento que presentarán también en las alegaciones previas, con un informe del Gobierno central que reconoce que concedió ayudas para ERE sin concurso público.
La Junta, aunque figura en la causa como acusación popular, considera que no hay pruebas contra los procesados y no acusa. Pide la libre absolución de todos por este procedimiento.

Sevilla,13-04-09: Nombramiento por el comite director del PSOE de Griñan como presidente de la Junta. Foto:Paco cazalla
Sevilla,13-04-09: Chaves le da el relevo a Griñán .
Foto:Paco cazalla

Para conocer todos los entresijos, puedes leer Caso ERE: las entrañas de la corrupción institucional en Andalucía.
Disponible en tu librería de confianza, Amazon y en la Editorial Comunicación Social
http://www.comunicacionsocial.es/catalogo/colecciones/historia-y-presente/caso-ere–las-entranas-de-la-corrupcion-institucional-en-andalucia

El juicio de los ERE (I): Chaves y Griñán al banquillo

 

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-¿Qué se juzga y a quién se juzga?
El miércoles comienza en la Audiencia de Sevilla el juicio contra los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a los que acompañan en el banquillo de acusados los ex consejeros Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, Antonio Fernández, Francisco Vallejo, José Antonio Viera y Carmen Martínez Aguayo, junto a otros 18 ex altos cargos de la Junta. Se les acusa de crear y sostener con fondos públicos un sistema arbitrario e injusto de repartir subvenciones para financiar Expedientes de Regulación de Empleo, ERE, e inyectar fondos a empresas en crisis.
La causa de los ERE comenzó a investigarse en 2011 después de que unos empresarios sevillanos destapasen con una grabación que empleados públicos de Mercasevilla les habían pedido dinero a cambio de acceder a subvenciones de la Junta de Andalucía. Tirando de este hilo la jueza Mercedes Alaya instruyó la mayor causa por corrupción política de España, con más de 270 personas investigadas y la gestión de 855 millones de euros bajo sospecha. La jueza María Núñez Bolaños, que en 2015 sucedió a Alaya al frente de Instrucción 6, decidió partir la causa en distintas piezas para hacerla manejable a efectos procesales. La primera pieza que desgajó de la causa principal fue para esclarecer si los responsables de la Junta, al máximo nivel, habían creado un procedimiento específico ilegal para repartir subvenciones.
En esta pieza no se acusa a nadie de quedarse con dinero. Lo que se juzga es si los 22 acusados crearon un sistema injusto y arbitrario de reparto del dinero público, contrario a Derecho, a sabiendas de lo que hacían, y de si hicieron la vista gorda para que otros (afines al PSOE en muchos casos según la instrucción de Alaya) se enriqueciesen ilícitamente, lo que se juzgará en otras piezas derivadas de la misma causa principal.
-¿Quién acusa y por qué delitos?
El Fiscal y la acusación popular de Manos Limpias acusan por los delitos de prevaricación administrativa y de malversación de caudales públicos. La acusación popular ejercida por el PP añade el delito de asociación ilícita.
La malversación está regulada en el artículo 432 del Código Penal. La comete la autoridad o funcionario público que con ánimo de lucro sustrajere o consintiere que un tercero, también con ánimo de lucro, sustraiga caudales o efectos públicos. En este caso no se acusa a nadie de sustraer fondos públicos en beneficio propio, sino de consentir que otros lo hicieran.
Está castigada con penas de entre tres y seis años, que pueden llegar a ocho en casos de especial gravedad por la cantidad sustraída y por el “daño o entorpecimiento producido al servicio público”.
La prevaricación la comete la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo.
Está castigada con penas de inhabilitación de nueve a quince años.
-¿Qué penas se piden?
El Fiscal reclama penas que en total suman 132 años de cárcel para responsables de la Junta de Andalucía acusados de malversación. A Griñán, se reclaman seis años de cárcel, los mismos que para Viera, Antonio Fernández, Vallejo, Martínez Aguayo y Justo Mañas; y ocho para los otros altos cargos acusados de este delito.
Para todos se piden penas de inhabilitación, de entre diez y treinta años.
Manos Limpias se sumó a la acusación de la Fiscalía.
El PP acusa a los 26 procesados por tres delitos: prevaricación, asociación ilícita y malversación de caudales.
A José Antonio Griñán, el PP le pide una condena de diez años de inhabilitación por prevaricación; por asociación ilícita, dos años de cárcel y otros doce de inhabilitación, y por malversación, seis años de prisión y 20 de inhabilitación.
A Manuel Chaves la acusación del PP le acusa de asociación ilícita, por el que le pide dos años de cárcel, y prevaricación, por el que pide doce años de inhabilitación. A José Antonio Viera y Antonio Fernández, ex consejeros de Empleo, les pide diez años de cárcel y 42 de inhabilitación. Para Carmen Martínez Aguayo, ex consejera de Hacienda, pide ocho años de cárcel y 42 años de inhabilitación. Al ex director general Javier Guerrero le piden diez años de cárcel y 42 de inhabilitación. A la ex consejera de Hacienda y ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez, le reclama dos años de prisión y 22 de inhabilitación.

-¿Qué alegan los acusados?
Las defensas reclaman la libre absolución en todos los casos. Los argumentos que reflejan los escritos de defensa se basan fundamentalmente en que las distintas instancias de la Junta actuaron siempre desde la legalidad, con actos administrativos que pasaron por los órganos de control previstos por las leyes.
Las defensas han denunciado que el escrito del PP les causa indefensión, porque en el auto de apertura de juicio oral no se incluía el delito de asociación ilícita y por tanto nunca han podido defenderse de él ni pedir pruebas para demostrar su inocencia al respecto. Han pedido la nulidad del auto de apertura de juicio oral y que las actuaciones se retrotraigan hasta ese momento.
Han denunciado en repetidas ocasiones errores procesales de la magistrada Alaya durante la instrucción, que volverán a reiterar en las alegaciones previas al juicio.
Y han encontrado otro argumento a su favor, con un documento que presentarán también en las alegaciones previas, con un informe del Gobierno central que reconoce que concedió ayudas para ERE sin concurso público.
La Junta, aunque figura en la causa como acusación popular, considera que no hay pruebas contra los procesados y no acusa. Pide la libre absolución de todos por este procedimiento.

Sevilla,13-04-09: Nombramiento por el comite director del PSOE de Griñan como presidente de la Junta. Foto:Paco cazalla
Sevilla,13-04-09: Nombramiento por el comité director del PSOE de Griñán.
Foto:Paco cazalla ( Archivo de IDEAL)

 

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