El juicio de los ERE (I): Chaves y Griñán al banquillo

 

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-¿Qué se juzga y a quién se juzga?
El miércoles comienza en la Audiencia de Sevilla el juicio contra los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a los que acompañan en el banquillo de acusados los ex consejeros Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, Antonio Fernández, Francisco Vallejo, José Antonio Viera y Carmen Martínez Aguayo, junto a otros 18 ex altos cargos de la Junta. Se les acusa de crear y sostener con fondos públicos un sistema arbitrario e injusto de repartir subvenciones para financiar Expedientes de Regulación de Empleo, ERE, e inyectar fondos a empresas en crisis.
La causa de los ERE comenzó a investigarse en 2011 después de que unos empresarios sevillanos destapasen con una grabación que empleados públicos de Mercasevilla les habían pedido dinero a cambio de acceder a subvenciones de la Junta de Andalucía. Tirando de este hilo la jueza Mercedes Alaya instruyó la mayor causa por corrupción política de España, con más de 270 personas investigadas y la gestión de 855 millones de euros bajo sospecha. La jueza María Núñez Bolaños, que en 2015 sucedió a Alaya al frente de Instrucción 6, decidió partir la causa en distintas piezas para hacerla manejable a efectos procesales. La primera pieza que desgajó de la causa principal fue para esclarecer si los responsables de la Junta, al máximo nivel, habían creado un procedimiento específico ilegal para repartir subvenciones.
En esta pieza no se acusa a nadie de quedarse con dinero. Lo que se juzga es si los 22 acusados crearon un sistema injusto y arbitrario de reparto del dinero público, contrario a Derecho, a sabiendas de lo que hacían, y de si hicieron la vista gorda para que otros (afines al PSOE en muchos casos según la instrucción de Alaya) se enriqueciesen ilícitamente, lo que se juzgará en otras piezas derivadas de la misma causa principal.
-¿Quién acusa y por qué delitos?
El Fiscal y la acusación popular de Manos Limpias acusan por los delitos de prevaricación administrativa y de malversación de caudales públicos. La acusación popular ejercida por el PP añade el delito de asociación ilícita.
La malversación está regulada en el artículo 432 del Código Penal. La comete la autoridad o funcionario público que con ánimo de lucro sustrajere o consintiere que un tercero, también con ánimo de lucro, sustraiga caudales o efectos públicos. En este caso no se acusa a nadie de sustraer fondos públicos en beneficio propio, sino de consentir que otros lo hicieran.
Está castigada con penas de entre tres y seis años, que pueden llegar a ocho en casos de especial gravedad por la cantidad sustraída y por el “daño o entorpecimiento producido al servicio público”.
La prevaricación la comete la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo.
Está castigada con penas de inhabilitación de nueve a quince años.
-¿Qué penas se piden?
El Fiscal reclama penas que en total suman 132 años de cárcel para responsables de la Junta de Andalucía acusados de malversación. A Griñán, se reclaman seis años de cárcel, los mismos que para Viera, Antonio Fernández, Vallejo, Martínez Aguayo y Justo Mañas; y ocho para los otros altos cargos acusados de este delito.
Para todos se piden penas de inhabilitación, de entre diez y treinta años.
Manos Limpias se sumó a la acusación de la Fiscalía.
El PP acusa a los 26 procesados por tres delitos: prevaricación, asociación ilícita y malversación de caudales.
A José Antonio Griñán, el PP le pide una condena de diez años de inhabilitación por prevaricación; por asociación ilícita, dos años de cárcel y otros doce de inhabilitación, y por malversación, seis años de prisión y 20 de inhabilitación.
A Manuel Chaves la acusación del PP le acusa de asociación ilícita, por el que le pide dos años de cárcel, y prevaricación, por el que pide doce años de inhabilitación. A José Antonio Viera y Antonio Fernández, ex consejeros de Empleo, les pide diez años de cárcel y 42 de inhabilitación. Para Carmen Martínez Aguayo, ex consejera de Hacienda, pide ocho años de cárcel y 42 años de inhabilitación. Al ex director general Javier Guerrero le piden diez años de cárcel y 42 de inhabilitación. A la ex consejera de Hacienda y ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez, le reclama dos años de prisión y 22 de inhabilitación.

-¿Qué alegan los acusados?
Las defensas reclaman la libre absolución en todos los casos. Los argumentos que reflejan los escritos de defensa se basan fundamentalmente en que las distintas instancias de la Junta actuaron siempre desde la legalidad, con actos administrativos que pasaron por los órganos de control previstos por las leyes.
Las defensas han denunciado que el escrito del PP les causa indefensión, porque en el auto de apertura de juicio oral no se incluía el delito de asociación ilícita y por tanto nunca han podido defenderse de él ni pedir pruebas para demostrar su inocencia al respecto. Han pedido la nulidad del auto de apertura de juicio oral y que las actuaciones se retrotraigan hasta ese momento.
Han denunciado en repetidas ocasiones errores procesales de la magistrada Alaya durante la instrucción, que volverán a reiterar en las alegaciones previas al juicio.
Y han encontrado otro argumento a su favor, con un documento que presentarán también en las alegaciones previas, con un informe del Gobierno central que reconoce que concedió ayudas para ERE sin concurso público.
La Junta, aunque figura en la causa como acusación popular, considera que no hay pruebas contra los procesados y no acusa. Pide la libre absolución de todos por este procedimiento.

Sevilla,13-04-09: Nombramiento por el comite director del PSOE de Griñan como presidente de la Junta. Foto:Paco cazalla
Sevilla,13-04-09: Nombramiento por el comité director del PSOE de Griñán.
Foto:Paco cazalla ( Archivo de IDEAL)

 

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