El juicio de los ERE (IV): ¿Pero qué estamos juzgando? ¿Alguien lo sabe?

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El PP acaparó titulares con las cuestiones previas del juicio de los ERE pidiendo la comparecencia como testigos de Susana Díaz, Jiménez Barrios y María del Mar Moreno, en lo que no deja de ser una maniobra más política que jurídica. Para eso están ellos personados. Pero el que puso el dedo en la llaga realmente fue el fiscal anticorrupción Juan Enrique Egocheaga, que expuso al tribunal la conveniencia de “delimitar el procedimiento”. Una “delimitación objetiva”, precisó. A estas alturas, con las togas ya puestas y cuatro sesiones celebradas, el Fiscal pide que se aclare qué se está juzgando exactamente en el ‘procedimiento específico’ de los ERE. Apañados vamos. Ahora se  constata que uno de los problemas de trocear la causa es que se podían crear zonas de sombra a las que difícilmente va a llegar la Justicia.

El magistrado presidente, Juan Antonio Lacalle explicó que lo que se juzga en esta pieza política de los ERE está ya delimitado en los autos de apertura de juicio oral y en los escritos de acusación. Es decir, si los 22 acusados tuvieron la responsabilidad penal en la creación, mantenimiento y financiación durante una década de un sistema de reparto de ayudas supuestamente ilegal.

El problema es que las reglas de juego han cambiado desde que se dictaron los autos de apertura de juicio oral y desde que la Fiscalía, PP y Manos Limpias presentaron sus acusaciones.

El planteamiento inicial con el que jueza Núñez Bolaños troceó la causa a finales de 2015 era el de juzgar responsabilidades políticas en la creación del sistema en una pieza (la que se juzga ahora), las sobrecomisiones y tejemanejes de intermediarios y aseguradoras en otra, y luego abrir una pieza separada por cada una de las ayudas concedidas con este sistema donde hubiese irregularidades. En cada una de esas piezas de empresas se incluiría también a políticos que tuvieran relación con ella.

Los acusados en la pieza política, sin embargo, han hecho valer su derecho a ser juzgados una sola vez. Es un principio básico del derecho: una persona no puede ser juzgada dos veces por la misma cosa. Y según resoluciones de hace unos meses de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, si se les sienta en el banquillo por el ‘procedimiento específico’ -por haber creado, mantenido y financiado el sistema- luego no se les puede ir acusando por cada una de las ayudas en las que han intervenido. Pero cuando se dividió la macrocausa y se creó la pieza del procedimiento específico sí se pensó en incluirlos en las micropiezas de las empresas, y en función de ese criterio actuaron las partes. Así que en la práctica se han creado amplias zonas de sombra que finalmente pueden quedar fuera del alcance de la Justicia.

El mejor ejemplo de lo descolocadas que han quedado las acusaciones con el cambio de criterio es el papelón de la Junta de Andalucía como parte en el procedimiento: pidió la libre absolución de los 22 acusados en la pieza política, y al mismo tiempo acusó y pidió cárcel al ex consejero Antonio Fernández en una de las piezas separadas por las ayudas a una empresa concreta. Ahora sacan al ex consejero de esa pieza. Y la Junta se queda sin poder acusarlo de nada, pues se ha retirado de la pieza política. No puede ni reclamarle que devuelva lo supuestamente defraudado. Ni a él ni a nadie, porque en la práctica la Junta ha renunciado a la vía penal para reclamar el dinero supuestamente malversado. Lo explica extraordinariamente bien Silvia Moreno, de El Mundo, en una información que puedes leer pinchando aquí 

El Fiscal estima que de la causa matriz van a salir entre 250 y 270 piezas separadas de empresas. De hecho han sido creadas ya formalmente 104. Aunque realmente se ha realizado algún tipo de diligencia de investigación sobre intrusos, mediadores, empresarios o conseguidores en 35. Y solo hay cuatro (entre ellas el procedimiento específico) listas para juicio.

Cada pieza, además, de su padre y de su madre. El Fiscal dice que no hay una “generalización de conductas”. Es decir, que cada micropieza tiene “particularidades” –en prácticamente todas hay alguno  de los 22 políticos acusados de por medio- que no están recogidas en el  auto de apertura de juicio oral ni en los escritos de acusación del procedimiento específico, y que con el criterio actual de un solo juicio no van a ser dirimidas penalmente en una sala de vistas. Nunca. A no ser que se eche marca atrás y se replantee la causa. O que el tribunal haga una “delimitación objetiva” de lo que se está juzgando que sí las incluya de alguna manera. Que no haya indefensión de los acusados (ni causas de nulidad) pero que tampoco los acusadores queden burlados.

Lo que quiere el Fiscal es poder preguntar en el juicio de la pieza política sobre las ayudas individuales a empresas para que “se conozca la verdadera dimensión del procedimiento específico”. Incluso pidió nuevos testigos (el chófer de la coca entre ellos), en esta línea. La otra opción planteada, retroceder y replantear la causa política para incluir en ella las 270 ayudas concedidas, no parece viable toda vez que sólo están creadas formalmente 104 piezas, menos de la mitad del total estimado.

Aunque la petición estrella del PP en las cuestiones previas fue la petición de que declare Susana Díaz, hizo otra de más fondo: que se incorporen a la causa las actas y expedientes de la Junta y el IFA sobre la crisis de Molina en el año 1999 y 2000. Ahí está el origen del procedimiento de los ERE. Un asunto sobre el que en fase de instrucción el juez Barreirodel Tribunal Supremo interrogó exhaustivamente a Gaspar Zarrías.

La defensa de Griñán pidió la nulidad de las actuaciones desde que se hizo cargo de ellas el juez de apoyo Álvaro Martín, al entender que no era el juez competente para llevar la causa, sino que debería haberlo hecho la titular del juzgado.

Las defensas quieren que se expulse del procedimiento a Manos Limpias, que ejerce la acusación particular. Y Manos Limpias quiere que se quite toda referencia a la acusación hizo el PP de asociación ilícita. Así que llegamos a estas alturas, después de siete años de caso ERE, con las togas puestas y sin saber todavía qué estamos juzgado realmente.

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