Inimputables

Los médicos que examinaron al menor, de tan solo nueve años de edad, detectaron lesiones compatibles con una violación. Los protocolos de actuación en este tipo de situaciones comenzaron a funcionar y el parte con las conclusiones médicas fue remitido a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Estos constataron que todos los supuestos agresores tienen entre 12 y 14 años, por lo que no son imputables a efectos penales. No tienen ninguna responsabilidad penal. No se les puede detener, ni procesar, ni acusar, ni castigar judicialmente.

Las fuerzas de seguridad no pueden más que dar cuenta a los padres de los menores y también a la Fiscalía y a la Junta de Andalucía. Levantan acta, se llama a los padres o tutores, se entrega al menor previa fase documental (comparecencia, llamadas al Fiscal de Menores, entrega, inscripción en el Libro-Registro de Actuaciones con Menores e incapaces en situación de riesgo). Pero son los padres los que deben tomar medidas. Si quieren.

En Fiscalía, confirman en el Ministerio Público, tampoco pudieron actuar en este caso al tratarse de menores inimputables. No se les puede imponer medidas ni poner a trabajar a los equipos técnicos ya que quedan fuera del alcance de la Justicia.
Se informó entonces a la Junta de Andalucía para que pusiese en marcha los mecanismos previstos en estos casos, tanto dentro del sistema educativo (por el contexto de acoso escolar en el que supuestamente ocurrieron los hechos) como a través de programas para la reeducación de menores infractores no imputables que cometen hechos graves.

Pero la Justicia no puede actuar. Se entiende que son sujetos que no han llegado «a ese límite de madurez intelectiva y volitiva necesaria para comprender la significación antijurídica de su conducta y actuar conforme a ese conocimiento», según la terminología legal.

Una cuestión que lleva directamente al asunto de la edad a la que debe comenzar la responsabilidad penal.  Un debate eterno que se suele caldear ante hechos de especial gravedad. Una de las últimas Memorias de la Fiscalía Superior de Andalucía reflejaba claramente que no hay unanimidad sobre qué es lo más conveniente. «Fiscalías como Sevilla, Almería o Córdoba se inclinan por una rebaja de edad en materia de responsabilidad penal de los menores de 14 años para resolver algunas de las cuestiones más problemáticas en los caos de delitos graves», decía el Fiscal Superior García Calderón. 

El informe especial de diciembre de 2014 del Defensor de Menor aludía a que «la sociedad parece dividida entre quienes se muestran partidarios de acentuar el enfoque represivo y sancionador para hacer frente a estos comportamientos violentos, y quienes consideran necesario profundizar en el enfoque reeducativo y de reinserción social como instrumentos básicos para una verdadera Justicia penal juvenil (…) Los profesionales dedicados a la reeducación de los menores infractores vienen denunciando que la ausencia de intervención con estos menores de 14 años ante los primeros síntomas serios de aproximación al delito dificulta de manera considerable una actuación posterior frente a un adolescente ya iniciado».

Las últimas memorias anuales de la Fiscalía de Menores de Jaén no reflejan hechos de relevancia con menores de 14 años implicados, ni por gravedad ni por insistencia. Hace varios años sí hubo uno al que se atribuían 47 infracciones penales, y antes aún hubo otro con un historial de 60 robos y agresiones. Sin embargo el pasado verano el debate volvió a estar sobre la mesa tras un incendio forestal grave en Los Villares provocado por varios menores inimputables que solo pretendían divertirse.

Bullying y violencia sexual

No es la primera vez  que las autoridades investigan hechos en los que se mezclan acoso escolar y violencia sexual. Hace ahora un año el juzgado de Menores de Jaén condenó a cuatro años de internamiento a un chaval por acoso escolar y violación de una compañera de colegio. La niña estaba en primaria. Su primo hermano, seis meses mayor que ella, se sumó a las burlas que otros niños le infligían en el colegio. Después llegó un acoso directo, de tú a tú. Un hostigamiento continuo. El teléfono móvil, en manos de niños de trece años, era el medio. Mensajes en los que exigía fotos de ella sin ropa. Que mantuviesen relaciones, fijándole plazos. Que no dijese nada porque iba a ser peor para ella. Que lo contaría todo. Así durante meses de «amenazas y chantajes» hasta que llegó a la agresión sexual. Un ataque en septiembre de 2014. Una violación que no se llegó a consumar porque apareció un familiar. Después, dos agresiones sexuales sí consumadas, según los hechos probados de una sentencia judicial que es firme. Y más hostigamiento. La menor sufre serias secuelas psicológicas. Un drama, una vida marcada para siempre. El juzgado de Menores de Jaén, en un fallo adelantado en esas fechas por IDEAL, condenó al acusado, que sí tenía edad para ser imputado en el momento de cometer los hechos.

 

 

 

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