Alaya acorrala a Fernández seis años después

El consejero Antonio Fernández no ha encontrado otra forma de escapar a sus contradicciones entre lo que le contó a Alaya en 2012 y  la versión que pretendía colocar ahora en el juicio de los ERE que negarse a responder a más preguntas y acogerse a su derecho a no declarar. Ha dicho encontrarse “tenso, aturdido y temeroso”, por lo que no estaba en condiciones de continuar tras varios días en el estrado.

En su declaración Fernández ya había explicado que “no eran tan insensatos como para mirar hacia otro lado” si hubieran conocido que había irregularidades, que ningún órgano fiscalizador encontró irregularidades, y que las actas de su interrogatorio frente a Alaya no correspondían a lo que quiso decir realmente en fase de instrucción, ya que se sentía “intimidado” ante la jueza.

El 24 de abril de 2012, menos de un mes después de las elecciones andaluzas y antes incluso de la investidura de Griñán, la jueza Alaya le tomó declaración a Antonio Fernández, ex consejero de Empleo. Durante su declaración, Fernández insistió en defender las bondades del sistema de los ERE, que consideró “legal” y “el más operativo” para defender a los trabajadores cuyas empresas estaban en crisis. A preguntas de la jueza Fernández admitió que era afiliado al PSOE, aunque en esa época llevaba tres meses sin pagar la cuota del partido.  En ningún momento admitió haber cometido alguna irregularidad o haberla consentido.  

A los argumentos de Fernández, Alaya respondió con un auto de 77 páginas. Lo acusaba de ser partícipe en 2001 de la “ideación y elaboración” del sistema supuestamente fraudulento con el que se salvaron “los reparos que ya había puesto la Intervención a pagos anteriores” en Molina. En sus años de viceconsejero y luego de consejero se dieron 837 ayudas sociolaborales por valor de 395,4 millones de euros y se concedieron 294 ayudas directas a empresas por importe de otros 82 millones. La magistrada reflejó en su escrito que 52 millones de ayudas directas habían ido a empresas de la Sierra Norte de Sevilla (la comarca de procedencia de Guerrero), y que enriqueció a empresarios y vecinos con ayudas “masivas y continuadas”. Alaya señaló que muchos de los beneficarios de las ayudas eran militantes del PSOE, familiares o personas afines.

También acusó a Fernández de permitir comisiones excesivas, “superiores en muchos casos al 15%”, a mediadoras como Vitalia y Uniter, “destacándose la estrecha relación de amistad que tenía con el director de ésta última”. Y de que otro “amigo personal” era socio de Villasís, reprochándole que consintiese los pagos que se hicieron a este despacho por el ERE de Santana.

Los cargos incluían también autorizar el pago de ERE en empresas que tenían capacidad financiera para acometerlos por sus medios o incluso de financiar despidos que no eran necesarios.

Además, el auto señala que Fernández se prejubiló a sí mismo en González Byass, donde había trabajado de joven, y que dio 17 subvenciones en Jerez, su localidad natal. Le imputó por prevaricación, malversación, negociación prohibida a funcionario, cohecho, falsedad y obtención indebida de ayudas públicas, y lo mandó a prisión sin fianza. Fernández, con la ayuda de amigos y familiares, reunió cuatro meses después 450.000 euros y pudo pagar una fianza señalada por la Audiencia de Sevilla.

Antonio Fernández García (Jerez de la Frontera, Cádiz, 1956) había entrado como aprendiz en la empresa de vinos González Byass en 1971, siendo menor de edad. Un hombre hecho a sí mismo. Simultaneó estudios y trabajo y logró la Licenciatura en Derecho. Pidió una excedencia en el año 81 y se centró en su trabajo en la Universidad y como abogado. En 1983 entró como concejal del PSOE en Jerez y solicitó una nueva excedencia para dedicarse a la política. Fue encadenando cargos: concejal hasta 1994 (desde el 86 lo compatibilizó con puesto en la Diputación), delegado de Agricultura y Pesca en Cádiz, viceconsejero con Viera (tiempo en el que ostentó la dirección del IFA) y luego consejero desde 2004 a 2010. En ese tiempo no pidió prórroga a su excedencia, ni constaba que tantos años después aún mantuviese una relación laboral con la bodega. Aun así, el 21 de abril de 2008 fue incluido como uno de los prejubilados del ERE presentado por González Byass, donde se extinguían 94 contratos.

“Consecuencia de su inclusión en el ERE, el señor Fernández ordenó sin que mediara la menor solicitud y como titular de la consejería de Empleo una ayuda sociolaboral a esta empresa de 17.459.092 euros (…) y ello no sólo con la decidida intención de beneficiar a la empresa a la que había pertenecido, sino de cobrar sus rentas por la prejubilación de la misma siendo plenamente consciencia de que incurría en causa de abstención” según la Ley de Incompatibilidades y sabiendo que no le  correspondía prejubilarse, según la instrucción. Se adjudicaron 320.000 euros, supuestamente para atenuar las consecuencias del despido en trabajadores de difícil reinserción laboral. Cuando supo que se estaban investigando los ERE pidió la renuncia a sus pólizas.

Todos los detalles de este procedimiento los puedes conocer en Caso ERE. Las entrañas de la corrupción institucional en Andalucía

IMG-20170423-WA0001

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *