Chaves sobre los ERE: “¿Cómo se daban las ayudas? Yo no entraba”

chaves juicio

El ex presidente Manuel Chaves ha asegurado que no sabía cómo se daban las ayudas de los ERE a empresas en crisis. Sabía que se daban esas ayudas, pero el cómo “no correspondía a mi ámbito de decisión. Sabía que en el Gobierno de la Junta se daban ayudas sociolaborales como sabía que se daban complementos a las becas Erasmus, a actividades deportivas o culturales. ¿Cómo se daban esas ayudas? Yo no entraba».
Chaves ha insistido en su relación de “confianza” con los miembros de su Gobierno, por lo que “para mí era muy difícil pensar que uno de mis consejeros podía establecer un procedimiento ilegal o para burlar la ley. Siempre partía del hecho de que en una estructura de Gobierno siempre se respetaba la ley”, ha dicho en varios momentos de su declaración.

Ni siquiera sabía que no había decreto ni norma que limitase la discrecionalidad en la concesión de las ayudas. “Siempre he partido de que había alguna norma que regulaban las ayudas”, ha dicho tras admitir que ni desde Presidencia ni desde Empleo le dijeron que no había ninguna normativa que regulase cómo se concedían las ayudas sociolaborales de los ERE.

Sobre su conocimiento de las ayudas ha explicado que hablaba con los sindicatos de las grandes empresas, era mi responsabilidad como presidente del gobierno y era un acto de normalidad democrática. Lo anormal sería que el presidente del Gobierno no se hubiera reunido con el comité de empresa de Santana o Delphi (…) No sólo se debatía desde una perspectiva política, estaba en los medios y en el Parlamento, y nos preocupaba la situación de los trabajadores afectados por esas crisis y sus familias. También lo debatía con los consejeros correspondientes”.

Ha puesto como ejemplo “icónico” el caso de Santana: “Trabamos de aunar no solo ayudas sociolaborales, sino muchos proyectos para ayudas a la zona a superar la crisis desde el ámbito docente, colegios, sanidad …”.

La paz social, los acuerdos de concertación con los que se financiaban sindicatos CC OO y UGT, han salido a relucir también durante el interrogatorio del Fiscal. Chaves tampoco conocía las fichas presupuestarias de esos compromisos. Tampoco sabía nada de lo que se hablaba en los consejillos (reuniones de viceconsejeros previos a los consejos de Gobierno, presididos por el consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías).

En realidad la declaración de Chaves, que no recuerda nada y que lo que recuerda es que nada de lo que se habla en el juicio de los ERE era de su competencia, es tremendamente reveladora de por qué hay una pieza política con dos ex presidentes y 16 ex altos cargos más sentados en el banquillo: porque había una estructura opaca para mover dinero que financiase la paz social y compromisos sin rendir cuentas a Europa (que vigilaba la libre competencia) y ni al interventor. El sistema funcionaba tan bien que movió 855 millones de euros en una década y ahora el presidente, el consejero de Presidencia, o los consejeros de Empleo o Hacienda pueden decir que ellos no sabían nada y quedarse tan panchos. Todo estaba en manos de un director general, Guerrero, hoy cabeza de turco.

Para entender por qué hay 22 políticos sentados en el banquillo por las ayudas sociolaborales hay que viajar en el tiempo hasta 1999. A una fábrica de chorizos y otros embutidos de Jaén. Cárnicas Molina.

La crisis de Molina se convirtió en una prioridad política para la Junta de Andalucía a finales de los 90. La administración andaluza había entrado en el accionariado de la empresa para salvarla de una grave crisis financiera. Había más de 500 empleos en juego. Pero la Unión Europea declaró contrarias a la libre competencia las ayudas inyectadas por la Junta.

En un clima de altísima conflictividad social (llegaron a lanzar cócteles molotov contra la sede del PSOE) la Junta negoció con los sindicatos subvenciones millonarias para bajas incentivas, prejubilaciones y la llegada de un nuevo socio industrial.

El 10 de febrero de 1999 se llegó a un preacuerdo. Hay un detalle que delata que los protagonistas de la negociación eran plenamente conscientes de que estaban al límite de la legalidad. El PP reveló años después que los pactos entre la empresa y los sindicatos se reflejaron en un documento del que sólo se firmó una copia. El documento se llevó al Consejo Económico y Social de Jaén para ponerlo bajo su custodia, pero allí no lo quisieron guardar. El texto con las firmas acabó en la caja fuerte de un banco. Para sacarlo era necesaria la autorización de dos de los tres firmantes. “Dada la confidencialidad de estos acuerdos, no deberán dar vista ni copia de los mismos a ninguna persona o entidad, salvo con la autorización expresa y escrita de dos de las tres personas firmantes de estos acuerdos”, decía textualmente el documento.

De hecho el interventor puso reparos al plan de ayudas que le presentó Empleo, y advirtió de su ilegalidad. Había que buscar otra fórmula y no había mucho tiempo.

El 12 de marzo de 2000 había elecciones autonómicas y Molina estaba en la agenda de campaña. Era el crédito del Gobierno andaluz lo que estaba en juego. En Molina y en Santana. Dos empresas intervenidas por la Junta, las dos en crisis -que acaparaban portadas en Andalucía y aparecían constantemente en la prensa salmón nacional siempre por motivos alarmantes- al borde del cierre y con miles de empleos en juego.
Pero había además un factor añadido, sin duda determinante: Europa vigilaba. Ya habían sido declaradas ilegales ayudas anteriores (las aportaciones hasta 1998) por valor de 10.000 millones de pesetas. Había que buscar la fórmula para inyectar dinero sin que la UE echase para atrás las subvenciones. Así que las presiones a la Junta se multiplicaban por todos los frentes. Mientras, la solución definitiva se demoraba porque no había manera de darle encaje legal.

El PSOE ganó las elecciones del 12 de marzo de 2000. Sin mayoría absoluta. Pero Chaves tenía fácil reeditar su pacto con el Partido Andalucista. La solución a las dos crisis industriales en Jaén (Molina y Santana) no admitía ya espera.

Justo ahí, en ese contexto, nació el sistema de los ERE supuestamente irregulares. El primer ensayo se hizo para pagar las prejubilaciones y despidos en Molina.

Empleo intentó presentar varios borradores de decretos y reglamentos en los consejillos, pero ninguno pasó los filtros. Todos fueron rechazados.

Aún así, el 18 de abril de 2000 el nuevo Consejo de Gobierno de la Junta -relatan los interventores del Estado- aprobó una modificación presupuestaria para reducir la partida “adecuada para la concesión de subvenciones”. Se creaba otra partida “que no existía en el presupuesto inicial aprobado y que no era legalmente apropiada”, aseguran los técnicos en informe de mil páginas que consta en la causa de los ERE.
Esa nueva partida llevaba por título “Transferencia al Instituto de Fomento de Andalucía, IFA, en materia de relaciones laborales”. El razonamiento era simple: si la Consejería de Empleo pagaba directamente las ayudas, debía atenerse a procedimientos bien reglados y al control de la intervención de la Junta de Andalucía. Así que debía ser una sociedad instrumental como el IFA quien hiciese llegar el dinero a sus destinatarios finales, aunque la orden de pago –cuánto dinero y a quién debía entregarse- procediese de la Dirección General de Empleo de la Consejería.

¿Cómo se hizo llegar el dinero al IFA? Como si fuera una transferencia para compensar las cuentas del Instituto por un desfase en gastos de funcionamiento corriente. Para eso estaban contempladas en la normativa las ‘transferencias de financiación’.
En las cuentas que se presentaban al Parlamento y al interventor sólo constaba que la Consejería había inyectado dinero al IFA, pero sin aclarar el destino final de esos fondos. Una vez que el IFA tenía el dinero ya podía moverlo discrecionalmente. Pagaba como intermediario entre la Consejería y el destinatario final señalado por ésta. Así que en las cuentas del IFA tampoco se anotaban esas cantidades como subvenciones, porque el IFA no las había concedido sino que actuaba a las órdenes de la Consejería. Todos los controles podían ser burlados: las ayudas no se publicaban en BOJA como tales y no se rendían cuentas ni al Parlamento ni a Europa.

El magistrado Alberto Jorge Barreiro, del Tribunal Supremo, describió en 2015 este sistema como “un régimen encubierto para otorgar ayudas/subvenciones que generó un grave descontrol en su aplicación”. Un sencillo truco que tras Molina sería perfeccionado e institucionalizado con un convenio de julio de 2001. Pero la ‘trampa’ y algunos de sus principales protagonistas ya estaban ahí un año antes. En el ERE de la fábrica de chorizos. Allí se conocieron además Guerrero, Juan Lanzas, Carlos Leal y otros implicados en el escándalo de los ERE.

Tan bien se diseñó el sistema que el interventor no se enteró de que se estaba moviendo el dinero a sus espaldas hasta 2005, cuando hizo un informe sobre las cuentas de 2003. Ese informe que ahora nadie ha visto y que señalaba irregularidades. Europa nunca preguntó por las ayudas de los ERE. Así que el dinero siguió fluyendo. Nunca estuvo regulado por ninguna normativa específica, más allá de un convenio entre Empleo e IFA  sobre las transferencias de financiación.

Chaves participó activamente en las negociaciones de Molina. ¿Conocía realmente el sistema de las ayudas sociolaborales?

En 2003 mineros de la Faja Pirítica de Huelva comunicaron por escrito al presidente de la Junta que en un ERE de empresas mineras se habían prejubilado personas que no habían pisado jamás una mina.

El 12 de febrero de 2004 desde el Gabinete de Presidencia se dieron instrucciones a Guerrero para que resolviese la situación de la fábrica lucentina de Bilore para que encauzasen adecuadamente la situación de crisis en esa empresa, no fueran a darle un espectáculo a Chaves en una visita programada a Lucena.

Tanto la Faja Pirítica como en Bilore la Junta financió EREs con dinero público. Como en tantas otras empresas. Pero el sistema era tan opaco y permitía tal nivel de discrecionalidad al director general Guerrero que ahora Chaves, Griñán y todos los otros altos cargos en el banquillo pueden decir que ellos no sabían nada, y que eso por lo que les pregunta en el juicio de los ERE no era de su competencia. Por más que ahora Chaves diga que se para él es muy difícil pensar que uno de sus consejeros puso en marcha un sistema para burlar la ley.

 

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Todos los detalles para seguir el juicio los puedes encontrar en el libro Caso ERE. Las entrañas de la corrupción institucional en Andalucía 

Foto: Captura de una imagen de la retransmisión de Andalucía TV, de la RTVA, que retransmite la declaración

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