El inspector sagaz de los cursos de formación de los EDU

¿Envió la Junta de Andalucía al más sagaz de sus inspectores a controlar los cursos de formación para parados que se estaban impartiendo en 2011 en un centro de Quesada? ¿Siempre se actuaba así? ¿Ese es el nivel de los controles de las subvenciones?  Apañados estamos. La primera sentencia que castiga el fraude en los cursos de formación destapado en la Operación Edu impone una pena de un año y nueve meses a los dos empresarios acusados, y de paso le da un bofetón en toda regla a la Junta por la forma en la que inspeccionó este curso. Hasta cuatro veces fue el inspector sagaz a Quesada y, según la Justicia, no se enteró de nada.  Vamos, que se la colaron doblada.

La sentencia de la Audiencia, de la que es ponente el magistrado Saturnino Regidor, considera “sorprendente” la actuación del inspector. “Comenzó afirmando que se trataba de un curso con compromiso de contratación cuando en realidad no lo era pues no existía tal compromiso de contratación; que nadie podía saber su asistencia al centro con anterioridad a su llegada, cuando en realidad se ha constatado que sí se conocía con anterioridad; que se entrevistaba en el centro con las alumnas y todas estaban “contentísimas”, cuando en realidad ninguna de ellas manifestó en el acto del juicio haberse entrevistado con el inspector, señalando además alguna de ellas que el citado inspector se limitaba a hablar con la propietaria; y, por último, que existían 15 ordenadores a disposición de las alumnas, cuya existencia en el centro ha quedado totalmente desvirtuado no solo por la declaración de las alumnas sino por las propias manifestaciones de los representantes de la empresa que supuestamente arrendó tales ordenadores indicando primero en sede policial que los ordenadores no salieron de la tienda, aunque finalmente en sede judicial se manifestó que no podía saber si se entregaron o no realmente esos ordenadores”.

Especialmente grave resulta el hecho de que varias de las alumnas interrogadas en la sala de vistas de la Audiencia coincidieran en afirmar que todas estaban avisadas de la inspección. De que sabían cuándo iba a el inspector a una visita sorpresa. 

Una alumna señaló que ella no asistía regularmente porque tenía niños pequeños y que la acusada les avisaba cuando iba a ir el inspector de la Junta.

Otra chica explicó que había otra joven del pueblo que no era alumna del curso y que se hacía pasar por alumna cuando era avisada porque iba a haber inspección de la Junta. Igualmente señaló que faltó dos meses completos a las clases pero que cuando se incorporaba firmaba los partes de asistencia que no estuvieran rellenos.

Otras alumnas contaron que no les dieron formación ni material (“4 muñecas usadas, unas tijeras y poca cosa más”), que se llevó el diploma cuando solo asistió tres veces porque estaba haciendo un curso de auxiliar de enfermería, que las actas de firmas las firmó otra persona en su nombre, que era práctica habitual que se rellenaran aleatoriamente el parte de firmas. Una llegó a decir que fue tal la falta de formación que ha tenido que formarse posteriormente para poder trabajar en una peluquería. 

Otra de las alumnas señala que estuvo en la peluquería dos mañanas porque la contrató la dueña para que impartiera una charla sobre prevención de riesgos, y quedó titulada como peluquera. Ella no vio por ningún lado ordenadores, solamente un tv y un video. Ni la empresa que supuestamente alquiló estos equipos informáticos puede asegurar que realmente los llevase al local.

Frente a estas manifestaciones se alza la declaración del inspector sagaz.  El técnico de formación de la Junta de Andalucía encargado de la inspección del curso dijo que realizó cuatro visitas y que se entrevistaba con las alumnas manifestándole que no tenían queja. Negó que con anterioridad a su visita pudieran conocer que ésta se fuera a producir, y señaló que había 15 ordenadores a disposición de las alumnas. Para la Audiencia, una declaración “sorprendente” puesto que todas sus afirmaciones han quedado desvirtuadas en autos.

Según el relato de hechos probados, el 12 de diciembre de 2005 los cónyuges R. C. B. y J. N. Z., junto con un hombre ya fallecido constituyeron una comunidad de bienes con el objeto de la realización de cursos de formación en peluquería y estética en Quesada. Él trabajaba como personal laboral para la Junta de Andalucía, mientras que ella explotaba un negocio de peluquería desde al menos 1993.

En el BOJA de 3/8/2010 se publicó la convocatoria de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía de 14 de Julio de ese año para la “concesión de subvenciones para el desarrollo de actividades de formación para desempleados al amparo de la orden de 23 de octubre de 2009.”

Los acusados, actuando de común acuerdo y con el fin de ser beneficiarios de dicha subvención, presentaron la solicitud de realización de un curso de formación de peluquería, pero sin tener intención alguna de la realización efectiva de dicho curso. En el BOJA de 15 de Marzo de 2011 se publicó la resolución de 1 de Marzo de ese año de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en la que se concedía a la Comunidad de Bienes ya referida una subvención de 105.750 € para la realización de un curso de formación de peluquería, sin compromiso de contratación, con una duración de 1.175 horas.

Según la memoria explicativa del curso y las condiciones de la concesión de la subvención éste se desarrollaría desde el 14 de Febrero de 2011 hasta el 29 de Noviembre de ese año (inicialmente se fijó la fecha de finalización en Septiembre pero luego se prorrogó a Noviembre).

El mismo se dirigiría a 15 personas desempleadas e incluiría una parte de formación teórica, que según la memoria explicativa se desarrollaría desde las 8.30 a las 9.30 horas, y otra práctica de 9.50 a 14.30, incluyendo la realización se exámenes, la obligatoria asistencia y la realización de dos módulos específicos de prevención de riesgos e inserción laboral, comprometiéndose además la CB solicitante a suministrar a los alumnos el material necesario para realizar su labor. Los acusados captaron efectivamente a 15 alumnos desempleados que obtuvieron el oportuno certificado o diploma de superación del citado curso, pero en modo alguno realizaron actividad formativa de clase alguna.

Al finalizar el curso les hicieron firmar a cada uno de los alumnos una hoja de recepción de material que supuestamente les habían entregado: Algodón, decoloración, capas, tela, plástico, cepillos, champús, espumas, gominas, gorros, guantes, lacas, lavacabezas, moldeadores, navajas, neutralizante, horquillas, batas, zuecos, oxigenada, papel de aluminio, papel moldeador, peines, pinzas, postizos, rulos, secadores de manos, tijeras, tintes, toallas, utensilios para mezclas, bigudies y material de papelería. Igualmente se hacía constar los utensilios que estaban a su disposición en el local: ordenadores, DVD, aparato de activador de control, aparato de germicida, TV, DVD, muñecas para practicar, proyector, secadores de pie, sillón lavacabezas, sillón giratorio para tocador, sillón adaptable y sillón de secador de pie.Sin embargo exclusivamente se les entregó una libreta, un bolígrafo y fotocopias de apuntes. No existiendo ordenadores a disposición de los alumnos ni ningún material ajeno al propio negocio de peluquería que la acusada seguía regentando en el local. No existió ningún tipo de formación teórica ni práctica. No existía un control de asistencia pues si bien es cierto que existía un parte de firmas, éstas eran rellenadas de forma aleatoria por las alumnas o por personas distintas a las realmente asistentes, tal es así que alguna de ellas recibió el diploma pese a reconocer que solo había asistido en 3 ocasiones.

La ausencia de una mínima formación era tan evidente que de todas las alumnas que asistieron al acto del juicio sola una manifestó trabajar en la actualidad de peluquera señalando que para ello ha necesitado formarse con posterioridad al curso pues la formación recibida en el mismo fue inexistente.

Para la justificación del destino de la subvención por acusados presentaron en el expediente administrativo una serie de facturas por importe de 113.219,89 €, de las cuales finalmente les fueron abonados 93.004,79 €, facturas que o bien iban referidas a gastos ficticios que no aparecen justificados o bien se correspondían a la gestión del negocio de peluquería que se seguía regentando en el local. En este sentido merece destacarse a título de ejemplo las siguientes:

– Gastos de 34.622 € por supuestas adquisiciones de material para entrega a los alumnos que como antes hemos apuntado no se correspondía con la realidad. – Cuatro facturas por supuestas tareas de mantenimiento del loca por importes de 2.895,75 €, 3.498,30 €, 2.337,05 € y 2.124 €, por la realización de unos trabajos que nadie de las alumnas vio realizar ni observó las supuestas necesidades de mantenimiento que justificaran esos trabajos.

Dos facturas de alquiler de 15 ordenadores por importe de 2.387,52 € ( de fecha 24/11/2011) y 591,18 € (de fecha 29/9/2011) que no solo es que no estuvieran en el local a disposición de los alumnos, sino que ni los responsables de dicha empresa se ponen de acuerdo para señalar de modo indubitado que esos ordenadores fueran realmente entregados y las facturas abonadas.

– Dos facturas por importe total de 2.900 €  por la realización de supuestas labores de captación de alumnos y gestión comercial, que la propia persona que expidió las mimas reconoció que no realizó esas actividades, sino que se trataba de la gestoría que le llevaba la documentación fiscal, laboral y contable al negocio de peluquería de la acusada. Todo ello sin olvidar la facturación de 1.180 € mensuales de Enero de Diciembre de 2011 por el supuesto alquiler del local que realizaba la acusada  a su propia Comunidad de Bienes del local en el que seguía manteniendo su negocio de peluquería, o la cantidad de 42.672,15 € facturada por la labor de docencia por ella misma realizada que fue inexistente, ingresos todos ellos que se realizaron en la cuenta corriente que tenía junto con su marido.

Hay además otra factura por ahí de 800 botes de champú que tampoco está muy clara.

OPERACIÓN EDU

A principios de marzo de 2015 la Policía abrió la Operación EDU-Centro, con detenciones en Jaén, Granada y Córdoba. Había sospechas sobre 25 centros de formación. Al mismo tiempo, la Policía trabajaba en Granada y Córdoba. Se esperaban 103 nuevas detenciones y 11 imputaciones en esta fase, de las que más de cuarenta correspondían a Jaén. Había 8,5 millones en subvenciones bajo sospecha.
En Jaén la Policía detectó que los cursos se habían dado realmente. Pero había irregularidades en buena parte de las subvenciones investigadas.
La Policía continuó en junio de 2015 con la operación arrestando e imputando a quince cargos políticos y técnicos de la Junta.
Hasta noviembre de 2015 no declararon los empresarios detenidos en marzo. En junio de 2016 se citó a declarar a técnicos y responsables de la Junta de Andalucía, y la jueza decidió archivar la parte que les afectaba.
Luego archivó las actuaciones sobre once empresas más. Quedaron catorce casos investigados. Instrucción 4 de Jaén disgregó la causa enviando lo que afectaba a cada una de estas empresas a sus respectivos partidos judiciales, en procedimientos independientes.
El pasado mes de octubre ya se sentó en el banquillo de acusados de la Audiencia de Jaén Ildefonso E.G., acusado de apropiación indebida por el que le piden dos años de cárcel. Fue absuelto con todos los pronunciamientos favorables.
Hay otro caso pendiente de juicio en el que Fiscalía también reclama dos años de cárcel. Juzgados de Jaén y Martos archivaron los procedimientos contra dos empresarias de Jaén y contra el marido de la exalcaldesa de Martos. En Linares fue archivada otra de las piezas.
Queda pues otra media docena de procedimientos más aún vivos distribuidos por distintos juzgados.

La primera sentencia condenatoria y los términos en los que se ha formulado vuelve a sembrar la duda sobre la vigilancia de la Junta, un auténtico coladero según describe la Audiencia de Jaén. ¿Cuánto dinero público mal usado se ha podido escapar por estas grietas que dejaban abiertas tan sagaces inspectores?

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *