Arranca la aceituna

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Un viento fresco, otoñal, azota la cresta del cerro que corona los Llanos de Ochoa. A un lado el horizonte recorta la silueta monumental de Baeza. Al otro, las majestuosas cumbres de Mágina. Todo lo que hay a la vista es un inmenso mar de olivos, mecidos por una brisa que huele a humedad y a verde. En la finca de 3.700 olivas de un pie – la mayoría frantoios, pero también koroneiki y arbequinas- trajinan dos buggies y media docena de operarios que tiran de mantones. Es el inicio de la aceituna en Jaén, provincia en la que se recogen casi la quinta parte de las aceitunas de todo el mundo. La familia Morillo, con su empresa Oleícola Jaén, ha conseguido hacer de estos primeros días de su recolección todo un evento mediático y de interés para el sector. El primer varazo (metafórico) de esta aceituna.
La semana pasada cogieron los primeros kilos de fruto, muy verde, apenas en el inicio del envero. Es una recogida ultratemprana, destinada a conseguir aceites de la máxima calidad. Los que se presentarán a concursos. Los que ganarán premios de renombre internacional. Hay otras familias ya cosechando, más discretos y celosos de sus secretos. Los Morillo lo convierten en un acontecimiento, rodeados del interés mediático y del apoyo de sus amigos, que son muchos tras décadas en el negocio.
Este año la maduración viene algo retrasada y hasta la segunda quincena de noviembre, al menos, no se generalizará la campaña en Jaén. Los frantoio son algo más tempranos que los árboles de picual, la variedad reina de Jaén. Solo han salido al campo los que buscan la excelencia, los aceites tempranos. Oleícola Jaen no espera más de 15.000 kilos de este aceite que se produce con tanto esmero.

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Los olivos solo se vibran, no se apuran con varas. Así ninguna aceituna llega golpeada al molino. Como los mantones van poco cargados, su manejo se hace también con mucho esmero, y el remolque apenas se carga para que el fruto no se aplaste. Las temperaturas suaves de estos días, ya que se ha ido el calor, favorecen la estabilidad también. En la almazara se sigue tratando el fruto con la misma delicadeza.
Los olivareros reciben como una bendición la lluvia de estos días tras un verano seco, sin agua desde abril en algunas comarcas. El consultor estratégico Juan Vilar, una de las mayores autoridades en el mundo del aceite a nivel internacional, avanzó en los Llanos de Ochoa sus cuentas para esta campaña de aceituna: una producción en España de alrededor de 1,6 millones de toneladas de aceite, que en todo el mundo pasarán por poco de los 3 millones de toneladas. España tendrá aceite y el resto de potencias aceiteras (Italia, Túnez, Grecia) andan escasas. Buenas noticias para la estabilidad de los precios que tanto ansían los olivareros. Una invitación a apostar por la calidad, que muchas veces no está recompensada en el precio. Aunque hay público para todos los aceites de oliva, la estrella son los premium, los ultratempranos.

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El primer aceite de Oleícola Jaén, que unos pocos afortunados pudieron degustar en el evento, es fresco y verde, pleno de matices de hierba recién cortada, tomate …. Pero no es un aceite melifluo ni apocado. Es poderoso, con intensos amargos y regusto picante bien apreciables incluso para los incondicionales del picual. Ayer se sirvió en rama (se cogió hace muy pocos días) con el atractivo del aceite primero, aún salvaje, con un toque turbio y espeso que le da encanto, aunque tal vez filtrado luzca mejor el verde y los destellos de color.
Oleícola Jaén toca prácticamente todos los palos del mundo del aceite. Además de la producción de aceites de oliva, también tiene una rama dedicada al aprovechamiento de los subproductos del olivar como es el uso del hueso de aceituna como combustible o la extracción del aceite de orujo, y prepara un ambicioso proyecto de oleoturismo. Desde sus orígenes en 1982 son un buen ejemplo de la revolución del olivar en los años. Junto a Luis Carlos Morillo, son sus hijos Remigio, Carmen y Joaquín los que están al frente de la empresa.

La cacería

Las últimas grabaciones desveladas por Moncloa.com siembran la duda sobre si el polémico comisario Villarejo tuvo arte o parte en cómo estalló judicialmente el caso Gurtel.
Fueron precisamente unas grabaciones de un concejal de un pueblo de Madrid las que dieron pie a la actuación la Justicia. Las grabaciones parecen especialidad de la casa de Villarejo. Las malditas grabaciones.
La instrucción de la causa desatada por la denuncia de este concejal recayó en la Audiencia Nacional, y más concretamente en el juez Garzón, que en febrero de 2009 ordenó detener a Francisco Correa y a varias personas más en un caso de corrupción que casi una década después causó la caída del gobierno de Mariano Rajoy y que aún dará quebraderos de cabeza al PP durante años.
La historia de una cacería. Con las detenciones recién ordenadas y los arrestados incomunicados en los calabozos de la Audiencia Nacional, el juez Baltasar Garzón se fue de montería a su pueblo, Torres. A la finca Cabeza Prieta. Lo acompañaban el entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, el comisario general de la Policía Judicial –hombre de confianza del entonces ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba- y una fiscal de la Audiencia Nacional: Dolores Delgado. La actual ministra de Justicia. Delgado había estado con Bermejo y Baltasar Garzón el día anterior en el hotel Del Val en Andújar.
A Bermejo aquella cacería le costó el puesto (cuando además se confirmó que había estado pegando tiros por las sierras de Jaén sin licencia para cazar por Andalucía). A Garzón se le fue su carrera judicial a pique por grabar ilegalmente a los abogados de la Gurtel conversando con sus clientes, por lo que fue condenado por prevaricación e inhabilitado. Otra vez las grabaciones como arma mortal en el círculo  de Villarejo.
La ministra Dolores Delgado está actualmente contra las cuerdas por las grabaciones -más malditas grabaciones- de una comida con el comisario Villarejo y Garzón, entre otros comensales, celebrada en 2009. La comida donde llamó maricón a Marlaska (entonces juez, hoy compañero suyo en el Consejo de Ministros), donde admitió que vio a varios magistrados golfeando con menores, y en la que Villarejo le contó que había montado una agencia de prostitución para obtener información de políticos y empresarios, y ella le reía las gracias.
Y ahora resulta que en la comida grababa por Villarejo el policía alardea de que él preparó en otro almuerzo en 2008 la operación que dio lugar a las pesquisas judiciales de la trama Gurtel. En esa comida, según contó Villajero, compartió mesa y mantel, entre otros, con su amigo Balta y José Antonio, el jefe de la Policía Judicial, y otro mando policial.
La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, denunció días atrás una “cacería” contra el Gobierno. Se ve que esto va de comer y cazar. Como desde que el mundo es mundo. Y de espiar. Nada nuevo bajo el sol.
Pero para grabars y espiar hay que saber. No todo el mundo vale para eso. En Jaén hubo hace años un policía, villarejillo de pacotilla, que iba por ahí grabando a todo el mundo con un bolígrafo-grabadora. Volcaba esas conversaciones en un ordenador, que luego le desapareció de la mesa de Comisaría misteriosamente, para aparecer por arte de birlibirloque en la sede de un sindicato policial en Madrid. Hubo diligencias abiertas en Instrucción 2 de Jaén por aquello, que quedó en nada (aparte de la rechifla general, que no fue floja, precisamente).
Villajero sí que sabe grabar. A la luz de las nuevas revelaciones, precisamente la cacería de Torres con Garzón, mandos policiales y la entonces fiscal –hoy ministra- Delgado huele hoy mucho peor que hace casi una década. 

Efectivamente parece que todo este embrollo no es más que una cacería. Entonces (en 2009) y ahora. Lo que han cambiado son las piezas. Quien a hierro mata a hierro muere. Lo que pasa es que el cazador sigue siendo el mismo.

La Junta niega al viejo parador de Bailén el trato que sí dio a Los Marqueses de Linares

La Junta de Andalucía dice que no puede comprometer plazas conveniadas en la residencia de ancianos que en Ayuntamiento de Bailén quiere construir en el antiguo Parador porque primero debe estar construida la residencia y después se hablará de concertar plazas.  El alcalde dice que solo con el  compromiso previo de un número de plazas concertadas con la Junta es viable el arreglo del inmueble y la residencia. Es la ley, aseguran desde la Junta para no hablar de compromisos. Mientras, el viejo parador se sigue deteriorando.

O miente la Junta ahora o se corrió de ligera y se saltó la ley en 2001, cuando ante la idea del alcalde de Linares, Juan Fernández, de recuperar el hospital de Los Marqueses como geriátrico sí comprometió previamente plazas concertadas. Lo hizo por todo lo alto, con una visita del entonces consejero Pérez Saldaña a Linares. Francisco Reyes, hoy secretario general del PSOE de Jaén, sale también en la foto, por cierto.

 

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Aquí parece que sí se podía comprometer el concierto que ahora a Bailén se le niega. Los Marqueses era una ruina, como ahora es el viejo Parador, y sólo había proyectos, sin obras todavía. Pero la Junta prometió financiación a través de un concierto de plazas que ahora le niega a Bailén. En el caso de Linares el alcalde era del mismo partido político que el Gobierno de la Junta. En el de Bailén no. Cuando quieren, bien que pueden.

La Junta tarda tanto en hacer el ramal de Vadollano (6,5 km) como los rusos el Transiberiano (9.288)

El consejero Felipe López ha anunciado que “las obras del ramal ferroviario que conecta el parque empresarial de Linares con la red ferroviaria del Estado avanza a buen ritmo. Para final de año estará concluida la obra principal de 6,5 Km de longitud. Antes de su finalización licitaremos la conexión con la RFIGE”. Desde que la Junta inició los trámites administrativos en 2006 hasta ahora ha pasado ya el mismo tiempo que el empleado hace más de un siglo por los rusos para construir el Transiberiano, con 9.288 kilómetros de longitud acabados en 13 años en su rama principal, según la Wikipedia.

La obra trataba de mantener el pulso del parque industrial de Santana, pero ha ido tan lenta que llega cuando ya ha cerrado Santana y del parque industrial apenas si queda nada. Linares es la ciudad con más paro de España y las vías van a adentrarse en un desierto industrial donde prácticamente sólo sobrevive una empresa realmente potente. Y la línea aún no está acabada. Hay que licitar y conclur la conexión con la red de ferrocarriles estatales en Vadollano y meter las vías en lo que era el parque de Santana.

El proyecto estaba recogido en el Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transportes en Andalucía (Plan PISTA) 2007-2013, que tenía como finalidad que el 95 por ciento de la población andaluza viviese a menos de 55 minutos de una estación con servicio de altas prestaciones. 

Al principio tenía un doble objetivo: garantizar la conexión de la planta de CAF-Santana a la red nacional de ferrocarriles (línea Madrid-Cádiz), para posibilitar el transporte ferroviario de mercancías; y prolongar, por un trazado paralelo al antiguo corredor ferroviario de las Minas, este ramal ferroviario para acceder hasta el núcleo urbano de Linares, mediante la implantación de una estación terminal en el Paseo de Linarejos. Este último tramo del ramal permitirá su futuro uso para el transporte de viajeros. 

La fase administrativa de la obra había comenzado en 2006. La Consejería de Obras Públicas y Transportes, a través de su Empresa Pública Ferrocarriles, licitó las primeras obras de este ramal con un presupuesto cercano a los 36 millones de euros en 2007. 

Las obras se iniciaron en 2009, y dos años después habían alcanzado el 65% de ejecución. Se seguía hablando de una una inversión aproximada de 35 millones de euros y de que la la Junta de Andalucía había querido «priorizar por su carácter de generación de empleo y motor del desarrollo económico». Lo de llegar a Linares para meter viajeros en el casco urbano ya se dejaba para mejor ocasión.

Poco después las obras se pararon y pasaron a ser una más de las eternas promesas incumplidas con la ciudad, sumida en una gravísima crisis industrial. Durante tres años el ramal de Vadollano, que ya estaba al 80%, estuvo abandonado.

En mayo de 2016 el consejero Felipe López visitó ya las obras, por entonces recién reactivadas tras el enésimo parón. La fecha que se barajó entonces para acabar fue 2017. 

Ahora se dice que está al 90%. Las obras actuales, que concluyen justo en el vallado de ADIF que rodea el perímetro de la estación de ferrocarril de Vadollano, tienen un presupuesto vigente de 22,62 millones de euros.  Antes se hablaba de 35 millones. La obra eterna y menguante. Ahora se asegura que se trata de una actuación contemplada por la Junta de Andalucía en el Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (PISTA 2020).

El inspector sagaz de los cursos de formación de los EDU

¿Envió la Junta de Andalucía al más sagaz de sus inspectores a controlar los cursos de formación para parados que se estaban impartiendo en 2011 en un centro de Quesada? ¿Siempre se actuaba así? ¿Ese es el nivel de los controles de las subvenciones?  Apañados estamos. La primera sentencia que castiga el fraude en los cursos de formación destapado en la Operación Edu impone una pena de un año y nueve meses a los dos empresarios acusados, y de paso le da un bofetón en toda regla a la Junta por la forma en la que inspeccionó este curso. Hasta cuatro veces fue el inspector sagaz a Quesada y, según la Justicia, no se enteró de nada.  Vamos, que se la colaron doblada.

La sentencia de la Audiencia, de la que es ponente el magistrado Saturnino Regidor, considera “sorprendente” la actuación del inspector. “Comenzó afirmando que se trataba de un curso con compromiso de contratación cuando en realidad no lo era pues no existía tal compromiso de contratación; que nadie podía saber su asistencia al centro con anterioridad a su llegada, cuando en realidad se ha constatado que sí se conocía con anterioridad; que se entrevistaba en el centro con las alumnas y todas estaban “contentísimas”, cuando en realidad ninguna de ellas manifestó en el acto del juicio haberse entrevistado con el inspector, señalando además alguna de ellas que el citado inspector se limitaba a hablar con la propietaria; y, por último, que existían 15 ordenadores a disposición de las alumnas, cuya existencia en el centro ha quedado totalmente desvirtuado no solo por la declaración de las alumnas sino por las propias manifestaciones de los representantes de la empresa que supuestamente arrendó tales ordenadores indicando primero en sede policial que los ordenadores no salieron de la tienda, aunque finalmente en sede judicial se manifestó que no podía saber si se entregaron o no realmente esos ordenadores”.

Especialmente grave resulta el hecho de que varias de las alumnas interrogadas en la sala de vistas de la Audiencia coincidieran en afirmar que todas estaban avisadas de la inspección. De que sabían cuándo iba a el inspector a una visita sorpresa. 

Una alumna señaló que ella no asistía regularmente porque tenía niños pequeños y que la acusada les avisaba cuando iba a ir el inspector de la Junta.

Otra chica explicó que había otra joven del pueblo que no era alumna del curso y que se hacía pasar por alumna cuando era avisada porque iba a haber inspección de la Junta. Igualmente señaló que faltó dos meses completos a las clases pero que cuando se incorporaba firmaba los partes de asistencia que no estuvieran rellenos.

Otras alumnas contaron que no les dieron formación ni material (“4 muñecas usadas, unas tijeras y poca cosa más”), que se llevó el diploma cuando solo asistió tres veces porque estaba haciendo un curso de auxiliar de enfermería, que las actas de firmas las firmó otra persona en su nombre, que era práctica habitual que se rellenaran aleatoriamente el parte de firmas. Una llegó a decir que fue tal la falta de formación que ha tenido que formarse posteriormente para poder trabajar en una peluquería. 

Otra de las alumnas señala que estuvo en la peluquería dos mañanas porque la contrató la dueña para que impartiera una charla sobre prevención de riesgos, y quedó titulada como peluquera. Ella no vio por ningún lado ordenadores, solamente un tv y un video. Ni la empresa que supuestamente alquiló estos equipos informáticos puede asegurar que realmente los llevase al local.

Frente a estas manifestaciones se alza la declaración del inspector sagaz.  El técnico de formación de la Junta de Andalucía encargado de la inspección del curso dijo que realizó cuatro visitas y que se entrevistaba con las alumnas manifestándole que no tenían queja. Negó que con anterioridad a su visita pudieran conocer que ésta se fuera a producir, y señaló que había 15 ordenadores a disposición de las alumnas. Para la Audiencia, una declaración “sorprendente” puesto que todas sus afirmaciones han quedado desvirtuadas en autos.

Según el relato de hechos probados, el 12 de diciembre de 2005 los cónyuges R. C. B. y J. N. Z., junto con un hombre ya fallecido constituyeron una comunidad de bienes con el objeto de la realización de cursos de formación en peluquería y estética en Quesada. Él trabajaba como personal laboral para la Junta de Andalucía, mientras que ella explotaba un negocio de peluquería desde al menos 1993.

En el BOJA de 3/8/2010 se publicó la convocatoria de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía de 14 de Julio de ese año para la “concesión de subvenciones para el desarrollo de actividades de formación para desempleados al amparo de la orden de 23 de octubre de 2009.”

Los acusados, actuando de común acuerdo y con el fin de ser beneficiarios de dicha subvención, presentaron la solicitud de realización de un curso de formación de peluquería, pero sin tener intención alguna de la realización efectiva de dicho curso. En el BOJA de 15 de Marzo de 2011 se publicó la resolución de 1 de Marzo de ese año de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en la que se concedía a la Comunidad de Bienes ya referida una subvención de 105.750 € para la realización de un curso de formación de peluquería, sin compromiso de contratación, con una duración de 1.175 horas.

Según la memoria explicativa del curso y las condiciones de la concesión de la subvención éste se desarrollaría desde el 14 de Febrero de 2011 hasta el 29 de Noviembre de ese año (inicialmente se fijó la fecha de finalización en Septiembre pero luego se prorrogó a Noviembre).

El mismo se dirigiría a 15 personas desempleadas e incluiría una parte de formación teórica, que según la memoria explicativa se desarrollaría desde las 8.30 a las 9.30 horas, y otra práctica de 9.50 a 14.30, incluyendo la realización se exámenes, la obligatoria asistencia y la realización de dos módulos específicos de prevención de riesgos e inserción laboral, comprometiéndose además la CB solicitante a suministrar a los alumnos el material necesario para realizar su labor. Los acusados captaron efectivamente a 15 alumnos desempleados que obtuvieron el oportuno certificado o diploma de superación del citado curso, pero en modo alguno realizaron actividad formativa de clase alguna.

Al finalizar el curso les hicieron firmar a cada uno de los alumnos una hoja de recepción de material que supuestamente les habían entregado: Algodón, decoloración, capas, tela, plástico, cepillos, champús, espumas, gominas, gorros, guantes, lacas, lavacabezas, moldeadores, navajas, neutralizante, horquillas, batas, zuecos, oxigenada, papel de aluminio, papel moldeador, peines, pinzas, postizos, rulos, secadores de manos, tijeras, tintes, toallas, utensilios para mezclas, bigudies y material de papelería. Igualmente se hacía constar los utensilios que estaban a su disposición en el local: ordenadores, DVD, aparato de activador de control, aparato de germicida, TV, DVD, muñecas para practicar, proyector, secadores de pie, sillón lavacabezas, sillón giratorio para tocador, sillón adaptable y sillón de secador de pie.Sin embargo exclusivamente se les entregó una libreta, un bolígrafo y fotocopias de apuntes. No existiendo ordenadores a disposición de los alumnos ni ningún material ajeno al propio negocio de peluquería que la acusada seguía regentando en el local. No existió ningún tipo de formación teórica ni práctica. No existía un control de asistencia pues si bien es cierto que existía un parte de firmas, éstas eran rellenadas de forma aleatoria por las alumnas o por personas distintas a las realmente asistentes, tal es así que alguna de ellas recibió el diploma pese a reconocer que solo había asistido en 3 ocasiones.

La ausencia de una mínima formación era tan evidente que de todas las alumnas que asistieron al acto del juicio sola una manifestó trabajar en la actualidad de peluquera señalando que para ello ha necesitado formarse con posterioridad al curso pues la formación recibida en el mismo fue inexistente.

Para la justificación del destino de la subvención por acusados presentaron en el expediente administrativo una serie de facturas por importe de 113.219,89 €, de las cuales finalmente les fueron abonados 93.004,79 €, facturas que o bien iban referidas a gastos ficticios que no aparecen justificados o bien se correspondían a la gestión del negocio de peluquería que se seguía regentando en el local. En este sentido merece destacarse a título de ejemplo las siguientes:

– Gastos de 34.622 € por supuestas adquisiciones de material para entrega a los alumnos que como antes hemos apuntado no se correspondía con la realidad. – Cuatro facturas por supuestas tareas de mantenimiento del loca por importes de 2.895,75 €, 3.498,30 €, 2.337,05 € y 2.124 €, por la realización de unos trabajos que nadie de las alumnas vio realizar ni observó las supuestas necesidades de mantenimiento que justificaran esos trabajos.

Dos facturas de alquiler de 15 ordenadores por importe de 2.387,52 € ( de fecha 24/11/2011) y 591,18 € (de fecha 29/9/2011) que no solo es que no estuvieran en el local a disposición de los alumnos, sino que ni los responsables de dicha empresa se ponen de acuerdo para señalar de modo indubitado que esos ordenadores fueran realmente entregados y las facturas abonadas.

– Dos facturas por importe total de 2.900 €  por la realización de supuestas labores de captación de alumnos y gestión comercial, que la propia persona que expidió las mimas reconoció que no realizó esas actividades, sino que se trataba de la gestoría que le llevaba la documentación fiscal, laboral y contable al negocio de peluquería de la acusada. Todo ello sin olvidar la facturación de 1.180 € mensuales de Enero de Diciembre de 2011 por el supuesto alquiler del local que realizaba la acusada  a su propia Comunidad de Bienes del local en el que seguía manteniendo su negocio de peluquería, o la cantidad de 42.672,15 € facturada por la labor de docencia por ella misma realizada que fue inexistente, ingresos todos ellos que se realizaron en la cuenta corriente que tenía junto con su marido.

Hay además otra factura por ahí de 800 botes de champú que tampoco está muy clara.

OPERACIÓN EDU

A principios de marzo de 2015 la Policía abrió la Operación EDU-Centro, con detenciones en Jaén, Granada y Córdoba. Había sospechas sobre 25 centros de formación. Al mismo tiempo, la Policía trabajaba en Granada y Córdoba. Se esperaban 103 nuevas detenciones y 11 imputaciones en esta fase, de las que más de cuarenta correspondían a Jaén. Había 8,5 millones en subvenciones bajo sospecha.
En Jaén la Policía detectó que los cursos se habían dado realmente. Pero había irregularidades en buena parte de las subvenciones investigadas.
La Policía continuó en junio de 2015 con la operación arrestando e imputando a quince cargos políticos y técnicos de la Junta.
Hasta noviembre de 2015 no declararon los empresarios detenidos en marzo. En junio de 2016 se citó a declarar a técnicos y responsables de la Junta de Andalucía, y la jueza decidió archivar la parte que les afectaba.
Luego archivó las actuaciones sobre once empresas más. Quedaron catorce casos investigados. Instrucción 4 de Jaén disgregó la causa enviando lo que afectaba a cada una de estas empresas a sus respectivos partidos judiciales, en procedimientos independientes.
El pasado mes de octubre ya se sentó en el banquillo de acusados de la Audiencia de Jaén Ildefonso E.G., acusado de apropiación indebida por el que le piden dos años de cárcel. Fue absuelto con todos los pronunciamientos favorables.
Hay otro caso pendiente de juicio en el que Fiscalía también reclama dos años de cárcel. Juzgados de Jaén y Martos archivaron los procedimientos contra dos empresarias de Jaén y contra el marido de la exalcaldesa de Martos. En Linares fue archivada otra de las piezas.
Queda pues otra media docena de procedimientos más aún vivos distribuidos por distintos juzgados.

La primera sentencia condenatoria y los términos en los que se ha formulado vuelve a sembrar la duda sobre la vigilancia de la Junta, un auténtico coladero según describe la Audiencia de Jaén. ¿Cuánto dinero público mal usado se ha podido escapar por estas grietas que dejaban abiertas tan sagaces inspectores?

 

¡La que has liado, Pechugas!

Vista Alegre hierve después de los altercados del sábado por la noche entre los alicantinos y la Policía en la Estación de Linares-Baeza. Más de 24 horas después de la agresión a varios agentes en un altercado a palos, pedradas, y hasta con tiros al aire, se habla de siete detenidos. La cosa no se ha acabado y habrá más arrestos. Ni la Policía ni el nuevo comisario provincial, Amaya, pueden permitir que quede sensación de impunidad.

En Vista Alegre el estado natural de las cosas es de calma tensa. Lo cotidiano es el recelo, el rabillo del ojo mirando por si viene la Policía, el trapicheo y la ley de los alicantinos. «Allí las vigilancias son muy difíciles. Todos se conocen. Más bien nos siguen ellos a nosotros que nosotros a ellos allí», han llegado a explicar agentes de las fuerzas de seguridad en sus comparecencias ante los tribunales de Justicia por asuntos de drogas. Desde hace años es público y notorio que allí hay un supermercado de la droga. En Vista Alegre “no se gramea, se pasa droga a lo grande para otros traficantes», según policías que han investigado en esas calles.Por más golpes y redadas que han hecho en los últimos años no han conseguido acabar con él.

Ahí el jefe es el Pechugas. Viejo conocido de la Policía, veterano de la Operación Triunfal y otras redadas, llama la atención por su musculado aspecto físico. En el gimnasio hablarían de sus pectorales. En la Estación, se quedan en grandes pechugas. En 2015 le atribuían un papel secundario. El jefe, decían entonces en Comisaría, era otro pariente mayor, Herminio. Lo que pasa es que Herminio acabó en la cárcel tras Triunfal (cinco kilos de cocaína, 22 puntos de venta de droga desmantelados en la provincia, y un río de droga y dinero que partía y desembocaba en los alicantinos, palabras mayores) con una condena de seis años. Así que ahora, dicen en la Policía, el Pechugas, es el jefe.

Lo del sábado por la noche, insisten todas las fuentes consultadas, no era una redada ni nada por el estilo. Era un control rutinario cerca de Vista Alegre. Lo que pasa es que por allí pasó uno de los Pechugas,  a toda pastilla y se saltó un ceda. Los policías vieron una buena ocasión para pararlo. Al Josué le habían caído tres años de cárcel por lo la Triunfal. La condena es de noviembre de 2017, pero estaba en la calle. Son las cosas de la Justicia. Se ve que al Josué no le hizo ni pizca de gracia que lo parasen un sábado por la noche. Y se armó la marimorena. La armó el Josué, dicen los policías. Siete detenidos y cinco policías heridos, y lo que tiene que venir todavía. ¡La que has liao, Pechugas!

Los fachas del 19 de Julio

Hace ahora una década, la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado aprobó la resolución presentada por el Sindicato de Estudiantes, instando a que se cambiasen los nombres de centros educativos que a su juicio mantenían denominaciones vinculadas a la dictadura franquista. Uno de los centros ‘fachas’ era el 19 de julio de Bailén. Los representantes de los estudiantes pensaron que la fecha hacía referencia a la rebelión franquista (18 de julio), cuando lo que en realidad se conmemoraba era la batalla de Bailén. La primera derrota en una batalla campal de un ejército de Napoleón, un hito en la historia de España ocurrido en 1808. Muy franquista.
En la misma resolución se pedía el cambio de nombre de varios colegios. Uno en Jaén, otro en Torrubia y otro en Venta de los Santos. Los tres se llaman Pedro Poveda. Según el sindicato de estudiantes, otro facha. Pedro Poveda Castroverde, nacido en Linares, fue un sacerdote, pedagogo y escritor español, fusilado en la Guerra Civil por mantenerse fiel a sus ideas en el Madrid republicano, cuyo trabajo se centró en trabajar con los más desamparados y en la apuesta por la educación humanista como motor social. Otro facha, según el Consejo Escolar del Estado.
El ridículo del sindicato de estudiantes fue de tal calibre que en pocas horas tuvo que rectificar y pedir perdón.
Pero se sigue tropezando con la misma piedra: ahora en Barcelona la alcaldesa Colau retira el nombre del Almirante Cervera, héroe de la Guerra de Cuba en 1898, de la calle que llevaba su nombre. Por facha, nada menos.

Chaves sobre los ERE: “¿Cómo se daban las ayudas? Yo no entraba”

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El ex presidente Manuel Chaves ha asegurado que no sabía cómo se daban las ayudas de los ERE a empresas en crisis. Sabía que se daban esas ayudas, pero el cómo “no correspondía a mi ámbito de decisión. Sabía que en el Gobierno de la Junta se daban ayudas sociolaborales como sabía que se daban complementos a las becas Erasmus, a actividades deportivas o culturales. ¿Cómo se daban esas ayudas? Yo no entraba».
Chaves ha insistido en su relación de “confianza” con los miembros de su Gobierno, por lo que “para mí era muy difícil pensar que uno de mis consejeros podía establecer un procedimiento ilegal o para burlar la ley. Siempre partía del hecho de que en una estructura de Gobierno siempre se respetaba la ley”, ha dicho en varios momentos de su declaración.

Ni siquiera sabía que no había decreto ni norma que limitase la discrecionalidad en la concesión de las ayudas. “Siempre he partido de que había alguna norma que regulaban las ayudas”, ha dicho tras admitir que ni desde Presidencia ni desde Empleo le dijeron que no había ninguna normativa que regulase cómo se concedían las ayudas sociolaborales de los ERE.

Sobre su conocimiento de las ayudas ha explicado que hablaba con los sindicatos de las grandes empresas, era mi responsabilidad como presidente del gobierno y era un acto de normalidad democrática. Lo anormal sería que el presidente del Gobierno no se hubiera reunido con el comité de empresa de Santana o Delphi (…) No sólo se debatía desde una perspectiva política, estaba en los medios y en el Parlamento, y nos preocupaba la situación de los trabajadores afectados por esas crisis y sus familias. También lo debatía con los consejeros correspondientes”.

Ha puesto como ejemplo “icónico” el caso de Santana: “Trabamos de aunar no solo ayudas sociolaborales, sino muchos proyectos para ayudas a la zona a superar la crisis desde el ámbito docente, colegios, sanidad …”.

La paz social, los acuerdos de concertación con los que se financiaban sindicatos CC OO y UGT, han salido a relucir también durante el interrogatorio del Fiscal. Chaves tampoco conocía las fichas presupuestarias de esos compromisos. Tampoco sabía nada de lo que se hablaba en los consejillos (reuniones de viceconsejeros previos a los consejos de Gobierno, presididos por el consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías).

En realidad la declaración de Chaves, que no recuerda nada y que lo que recuerda es que nada de lo que se habla en el juicio de los ERE era de su competencia, es tremendamente reveladora de por qué hay una pieza política con dos ex presidentes y 16 ex altos cargos más sentados en el banquillo: porque había una estructura opaca para mover dinero que financiase la paz social y compromisos sin rendir cuentas a Europa (que vigilaba la libre competencia) y ni al interventor. El sistema funcionaba tan bien que movió 855 millones de euros en una década y ahora el presidente, el consejero de Presidencia, o los consejeros de Empleo o Hacienda pueden decir que ellos no sabían nada y quedarse tan panchos. Todo estaba en manos de un director general, Guerrero, hoy cabeza de turco.

Para entender por qué hay 22 políticos sentados en el banquillo por las ayudas sociolaborales hay que viajar en el tiempo hasta 1999. A una fábrica de chorizos y otros embutidos de Jaén. Cárnicas Molina.

La crisis de Molina se convirtió en una prioridad política para la Junta de Andalucía a finales de los 90. La administración andaluza había entrado en el accionariado de la empresa para salvarla de una grave crisis financiera. Había más de 500 empleos en juego. Pero la Unión Europea declaró contrarias a la libre competencia las ayudas inyectadas por la Junta.

En un clima de altísima conflictividad social (llegaron a lanzar cócteles molotov contra la sede del PSOE) la Junta negoció con los sindicatos subvenciones millonarias para bajas incentivas, prejubilaciones y la llegada de un nuevo socio industrial.

El 10 de febrero de 1999 se llegó a un preacuerdo. Hay un detalle que delata que los protagonistas de la negociación eran plenamente conscientes de que estaban al límite de la legalidad. El PP reveló años después que los pactos entre la empresa y los sindicatos se reflejaron en un documento del que sólo se firmó una copia. El documento se llevó al Consejo Económico y Social de Jaén para ponerlo bajo su custodia, pero allí no lo quisieron guardar. El texto con las firmas acabó en la caja fuerte de un banco. Para sacarlo era necesaria la autorización de dos de los tres firmantes. “Dada la confidencialidad de estos acuerdos, no deberán dar vista ni copia de los mismos a ninguna persona o entidad, salvo con la autorización expresa y escrita de dos de las tres personas firmantes de estos acuerdos”, decía textualmente el documento.

De hecho el interventor puso reparos al plan de ayudas que le presentó Empleo, y advirtió de su ilegalidad. Había que buscar otra fórmula y no había mucho tiempo.

El 12 de marzo de 2000 había elecciones autonómicas y Molina estaba en la agenda de campaña. Era el crédito del Gobierno andaluz lo que estaba en juego. En Molina y en Santana. Dos empresas intervenidas por la Junta, las dos en crisis -que acaparaban portadas en Andalucía y aparecían constantemente en la prensa salmón nacional siempre por motivos alarmantes- al borde del cierre y con miles de empleos en juego.
Pero había además un factor añadido, sin duda determinante: Europa vigilaba. Ya habían sido declaradas ilegales ayudas anteriores (las aportaciones hasta 1998) por valor de 10.000 millones de pesetas. Había que buscar la fórmula para inyectar dinero sin que la UE echase para atrás las subvenciones. Así que las presiones a la Junta se multiplicaban por todos los frentes. Mientras, la solución definitiva se demoraba porque no había manera de darle encaje legal.

El PSOE ganó las elecciones del 12 de marzo de 2000. Sin mayoría absoluta. Pero Chaves tenía fácil reeditar su pacto con el Partido Andalucista. La solución a las dos crisis industriales en Jaén (Molina y Santana) no admitía ya espera.

Justo ahí, en ese contexto, nació el sistema de los ERE supuestamente irregulares. El primer ensayo se hizo para pagar las prejubilaciones y despidos en Molina.

Empleo intentó presentar varios borradores de decretos y reglamentos en los consejillos, pero ninguno pasó los filtros. Todos fueron rechazados.

Aún así, el 18 de abril de 2000 el nuevo Consejo de Gobierno de la Junta -relatan los interventores del Estado- aprobó una modificación presupuestaria para reducir la partida “adecuada para la concesión de subvenciones”. Se creaba otra partida “que no existía en el presupuesto inicial aprobado y que no era legalmente apropiada”, aseguran los técnicos en informe de mil páginas que consta en la causa de los ERE.
Esa nueva partida llevaba por título “Transferencia al Instituto de Fomento de Andalucía, IFA, en materia de relaciones laborales”. El razonamiento era simple: si la Consejería de Empleo pagaba directamente las ayudas, debía atenerse a procedimientos bien reglados y al control de la intervención de la Junta de Andalucía. Así que debía ser una sociedad instrumental como el IFA quien hiciese llegar el dinero a sus destinatarios finales, aunque la orden de pago –cuánto dinero y a quién debía entregarse- procediese de la Dirección General de Empleo de la Consejería.

¿Cómo se hizo llegar el dinero al IFA? Como si fuera una transferencia para compensar las cuentas del Instituto por un desfase en gastos de funcionamiento corriente. Para eso estaban contempladas en la normativa las ‘transferencias de financiación’.
En las cuentas que se presentaban al Parlamento y al interventor sólo constaba que la Consejería había inyectado dinero al IFA, pero sin aclarar el destino final de esos fondos. Una vez que el IFA tenía el dinero ya podía moverlo discrecionalmente. Pagaba como intermediario entre la Consejería y el destinatario final señalado por ésta. Así que en las cuentas del IFA tampoco se anotaban esas cantidades como subvenciones, porque el IFA no las había concedido sino que actuaba a las órdenes de la Consejería. Todos los controles podían ser burlados: las ayudas no se publicaban en BOJA como tales y no se rendían cuentas ni al Parlamento ni a Europa.

El magistrado Alberto Jorge Barreiro, del Tribunal Supremo, describió en 2015 este sistema como “un régimen encubierto para otorgar ayudas/subvenciones que generó un grave descontrol en su aplicación”. Un sencillo truco que tras Molina sería perfeccionado e institucionalizado con un convenio de julio de 2001. Pero la ‘trampa’ y algunos de sus principales protagonistas ya estaban ahí un año antes. En el ERE de la fábrica de chorizos. Allí se conocieron además Guerrero, Juan Lanzas, Carlos Leal y otros implicados en el escándalo de los ERE.

Tan bien se diseñó el sistema que el interventor no se enteró de que se estaba moviendo el dinero a sus espaldas hasta 2005, cuando hizo un informe sobre las cuentas de 2003. Ese informe que ahora nadie ha visto y que señalaba irregularidades. Europa nunca preguntó por las ayudas de los ERE. Así que el dinero siguió fluyendo. Nunca estuvo regulado por ninguna normativa específica, más allá de un convenio entre Empleo e IFA  sobre las transferencias de financiación.

Chaves participó activamente en las negociaciones de Molina. ¿Conocía realmente el sistema de las ayudas sociolaborales?

En 2003 mineros de la Faja Pirítica de Huelva comunicaron por escrito al presidente de la Junta que en un ERE de empresas mineras se habían prejubilado personas que no habían pisado jamás una mina.

El 12 de febrero de 2004 desde el Gabinete de Presidencia se dieron instrucciones a Guerrero para que resolviese la situación de la fábrica lucentina de Bilore para que encauzasen adecuadamente la situación de crisis en esa empresa, no fueran a darle un espectáculo a Chaves en una visita programada a Lucena.

Tanto la Faja Pirítica como en Bilore la Junta financió EREs con dinero público. Como en tantas otras empresas. Pero el sistema era tan opaco y permitía tal nivel de discrecionalidad al director general Guerrero que ahora Chaves, Griñán y todos los otros altos cargos en el banquillo pueden decir que ellos no sabían nada, y que eso por lo que les pregunta en el juicio de los ERE no era de su competencia. Por más que ahora Chaves diga que se para él es muy difícil pensar que uno de sus consejeros puso en marcha un sistema para burlar la ley.

 

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Todos los detalles para seguir el juicio los puedes encontrar en el libro Caso ERE. Las entrañas de la corrupción institucional en Andalucía 

Foto: Captura de una imagen de la retransmisión de Andalucía TV, de la RTVA, que retransmite la declaración

Alaya acorrala a Fernández seis años después

El consejero Antonio Fernández no ha encontrado otra forma de escapar a sus contradicciones entre lo que le contó a Alaya en 2012 y  la versión que pretendía colocar ahora en el juicio de los ERE que negarse a responder a más preguntas y acogerse a su derecho a no declarar. Ha dicho encontrarse “tenso, aturdido y temeroso”, por lo que no estaba en condiciones de continuar tras varios días en el estrado.

En su declaración Fernández ya había explicado que “no eran tan insensatos como para mirar hacia otro lado” si hubieran conocido que había irregularidades, que ningún órgano fiscalizador encontró irregularidades, y que las actas de su interrogatorio frente a Alaya no correspondían a lo que quiso decir realmente en fase de instrucción, ya que se sentía “intimidado” ante la jueza.

El 24 de abril de 2012, menos de un mes después de las elecciones andaluzas y antes incluso de la investidura de Griñán, la jueza Alaya le tomó declaración a Antonio Fernández, ex consejero de Empleo. Durante su declaración, Fernández insistió en defender las bondades del sistema de los ERE, que consideró “legal” y “el más operativo” para defender a los trabajadores cuyas empresas estaban en crisis. A preguntas de la jueza Fernández admitió que era afiliado al PSOE, aunque en esa época llevaba tres meses sin pagar la cuota del partido.  En ningún momento admitió haber cometido alguna irregularidad o haberla consentido.  

A los argumentos de Fernández, Alaya respondió con un auto de 77 páginas. Lo acusaba de ser partícipe en 2001 de la “ideación y elaboración” del sistema supuestamente fraudulento con el que se salvaron “los reparos que ya había puesto la Intervención a pagos anteriores” en Molina. En sus años de viceconsejero y luego de consejero se dieron 837 ayudas sociolaborales por valor de 395,4 millones de euros y se concedieron 294 ayudas directas a empresas por importe de otros 82 millones. La magistrada reflejó en su escrito que 52 millones de ayudas directas habían ido a empresas de la Sierra Norte de Sevilla (la comarca de procedencia de Guerrero), y que enriqueció a empresarios y vecinos con ayudas “masivas y continuadas”. Alaya señaló que muchos de los beneficarios de las ayudas eran militantes del PSOE, familiares o personas afines.

También acusó a Fernández de permitir comisiones excesivas, “superiores en muchos casos al 15%”, a mediadoras como Vitalia y Uniter, “destacándose la estrecha relación de amistad que tenía con el director de ésta última”. Y de que otro “amigo personal” era socio de Villasís, reprochándole que consintiese los pagos que se hicieron a este despacho por el ERE de Santana.

Los cargos incluían también autorizar el pago de ERE en empresas que tenían capacidad financiera para acometerlos por sus medios o incluso de financiar despidos que no eran necesarios.

Además, el auto señala que Fernández se prejubiló a sí mismo en González Byass, donde había trabajado de joven, y que dio 17 subvenciones en Jerez, su localidad natal. Le imputó por prevaricación, malversación, negociación prohibida a funcionario, cohecho, falsedad y obtención indebida de ayudas públicas, y lo mandó a prisión sin fianza. Fernández, con la ayuda de amigos y familiares, reunió cuatro meses después 450.000 euros y pudo pagar una fianza señalada por la Audiencia de Sevilla.

Antonio Fernández García (Jerez de la Frontera, Cádiz, 1956) había entrado como aprendiz en la empresa de vinos González Byass en 1971, siendo menor de edad. Un hombre hecho a sí mismo. Simultaneó estudios y trabajo y logró la Licenciatura en Derecho. Pidió una excedencia en el año 81 y se centró en su trabajo en la Universidad y como abogado. En 1983 entró como concejal del PSOE en Jerez y solicitó una nueva excedencia para dedicarse a la política. Fue encadenando cargos: concejal hasta 1994 (desde el 86 lo compatibilizó con puesto en la Diputación), delegado de Agricultura y Pesca en Cádiz, viceconsejero con Viera (tiempo en el que ostentó la dirección del IFA) y luego consejero desde 2004 a 2010. En ese tiempo no pidió prórroga a su excedencia, ni constaba que tantos años después aún mantuviese una relación laboral con la bodega. Aun así, el 21 de abril de 2008 fue incluido como uno de los prejubilados del ERE presentado por González Byass, donde se extinguían 94 contratos.

“Consecuencia de su inclusión en el ERE, el señor Fernández ordenó sin que mediara la menor solicitud y como titular de la consejería de Empleo una ayuda sociolaboral a esta empresa de 17.459.092 euros (…) y ello no sólo con la decidida intención de beneficiar a la empresa a la que había pertenecido, sino de cobrar sus rentas por la prejubilación de la misma siendo plenamente consciencia de que incurría en causa de abstención” según la Ley de Incompatibilidades y sabiendo que no le  correspondía prejubilarse, según la instrucción. Se adjudicaron 320.000 euros, supuestamente para atenuar las consecuencias del despido en trabajadores de difícil reinserción laboral. Cuando supo que se estaban investigando los ERE pidió la renuncia a sus pólizas.

Todos los detalles de este procedimiento los puedes conocer en Caso ERE. Las entrañas de la corrupción institucional en Andalucía

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Chaves y Griñán frente al “gran fraude” de los ERE

Sevilla,13-04-09: Nombramiento por el comite director del PSOE de Griñan como presidente de la Junta. Foto:Paco cazalla

El juicio de los ERE llega a uno de sus momentos estelares con la declaración de Griñán y Chaves. Dos ex presidentes de la Junta de Andalucía y dos ex presidentes del PSOE. Los dos han admitido ya que hubo un gran fraude en torno a las ayudas sociolaborales. Lo que tiene que esclarecer ahora la Audiencia de Sevilla es si ellos cometieron delitos. Está previsto que  primero responda Griñán a las preguntas de las partes. Después irá Chaves.
La posición de Griñán es la más comprometida, pues le piden seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por supuestos delitos de prevaricación y malversación. Se le acusa por su etapa de consejero de Hacienda de la Junta. El Fiscal y las acusaciones sostienen que él tuvo que conocer que había irregularidades en la financiación de las ayudas sociolaborales y que no hizo nada por evitarlas: El 25 de julio de 2005 el Interventor General de Andalucía emitió el ‘Informe adicional al informe definitivo de auditoría de cumplimiento del ejercicio 2003”, en el que advertía de “importantes deficiencias”. Este informe adicional le fue notificado al consejero de Innovación, Francisco Vallejo, al de Empleo, Antonio Fernández, y a la viceconsejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo, que lo recibió “para su conocimiento y traslado al consejero” (Griñán), según la notificación que se puso como coletilla al documento.
Este informe firmado por el interventor de la Junta en 2005 es la pieza fundamental para elevar la responsabilidad a las más altas instancias políticas. El juez instructor Álvaro Martín Gómez, que en 2016 acabó dictando auto de procesamiento contra 22 altos cargos de la Junta, aseguró en un escrito que “hasta ese momento todos los implicados en la puesta en marcha y funcionamiento de ese procedimiento específico podrían pretender ampararse en la ignorancia de sus nefastas consecuencias, de modo que si bien incurrían en delito de prevaricación, por ser su conducta del todo contraria a derecho, cabía la posibilidad de que estuvieran haciéndolo por un mal entendido sentido de atención a los intereses colectivos. Sin embargo, a partir de ese informe esa posibilidad queda descartada en modo absoluto”.
Posteriormente el interventor ha ratificado en sede judicial, en el Parlamento andaluz, en medios de comunicación y en el juicio de los ERE que ese aviso fue el primero, pero no el último, pues él firmó a lo largo de los años hasta 15 informes alertando de que se estaban cometiendo irregularidades. Y que nadie hizo nada ante sus advertencias.
Griñán ya respondió a estas acusaciones sosteniendo siempre que el procedimiento es y era perfectamente legal y contaba con el respaldo de cada Ley de Presupuestos. Y ha rebatido al interventor: “Porque lo dijo el Interventor reiteradamente es que ‘Nunca advertimos fraude ni mala utilización de los recursos públicos’. Nunca se advirtieron. Sí decía: ‘El procedimiento de la subvención era manifiestamente mejorable’. Bueno, es posible (…) Partimos de un error, y es que el Interventor detectó irregularidades. El Interventor manifestó su disconformidad con un procedimiento al órgano que gestionaba el gasto. Ese es el objetivo, el objeto de lo que remite a la Consejería de Empleo (…) Nadie sabía en el año 2005, 2006, 2007 y 2008 que se estaban produciendo irregularidades, y nadie las denunció (…) Lo más importante, el procedimiento no causa la infracción; la infracción se produce en el uso del procedimiento”, dijo en la Comisión de Investigación del Parlamento andaluz.
Posteriormente, tras declarar como investigado en el Supremo, declaró a los periodistas: «No creo que hubiera un gran plan, pero sí un gran fraude y eso significa que algunos controles pudieron fallar. Su teoría es que el sistema era legal, pero fallaron los controles para usarlo correctamente.
La acusación contra Chaves, al que se le piden 30 años de inhabilitación por supuesta prevaricación, se basa más en la ‘autoría intelectual’ de los ERE, un sistema con el que según las acusaciones se usó arbitrariamente el dinero público para conseguir la paz social. Chaves ya ha rechazado en declaraciones anteriores, como la que hizo en la comisión de Investigación del Parlamento, la teoría del complot orquestado desde la cúpula de la Junta, y ha defendido la legalidad de su actuación. “Si usted lo que considera es que ha habido varias personas que se han metido en un cuarto oscuro para confabular y hacer toda una operación para delinquir, para ayudar a amigos y para ayudar a gente del Partido Socialista, mire usted, no solamente no puedo estar de acuerdo sino que lo rechazo. Eso es una desmesura”, declaró.
“Actos, cometidos por determinadas personas, presuntamente por determinadas personas, no pueden, desde mi punto de vista, en mi opinión, no pueden menoscabar ni poner en entredicho la honestidad de toda una administración pública como es la Administración andaluza; que no pueden poner en entredicho la honestidad y la honradez de los responsables políticos y de los altos cargos políticos”, dijo en la comisión, ante la que insistió en que “todas las medidas, ayudas, convenios, actos —medidas, en definitiva—, se llevaron a cabo dentro de la más estricta legalidad, con los filtros, con los informes, con los trámites exigidos por la ley (…) Si tengo que pedir disculpas, las pido, lógicamente, por lo ocurrido, porque creo también que fueron hechos aislados y hechos excepcionales que no ponen en cuestión toda una política y toda una gestión. Usted me dice que cómo me he enterado con posterioridad. Pues, mire usted, le puedo decir que la fuente más importante de información que yo tuve fueron los medios de comunicación, fue la prensa”, llegó a decir en sede parlamentaria.
Por el “gran fraude” de los ERE –por usar las palabras de Griñán- los dos ex presidentes han tenido que asumir ya responsabilidades políticas. Los dos dejaron sus actas de parlamentario y entregaron los carnés del PSOE tras dictarse contra ellos auto de apertura de juicio oral. Griñán tuvo que dimitir como presidente de la Junta acorralado por este escándalo en agosto de 2013. Chaves se había ido a Madrid en 2009, en los primeros momentos del escándalo de Mercasevilla (donde por primera vez se detectó a un intruso, germen del caso ERE).

Pie de foto: Sevilla,13-04-09: Nombramiento por el comite director del PSOE de Griñan como presidente de la Junta.
Foto:Paco cazalla. Archivo de IDEAL

Todos los detalles del caso, desde su origen en una fábrica de chorizos de Jaén, están explicados en el libro Caso ERE. Las entrañas de la corrupción institucional en Andalucía

http://www.comunicacionsocial.es/catalogo/colecciones/historia-y-presente/caso-ere–las-entranas-de-la-corrupcion-institucional-en-andalucia

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