Los fachas del 19 de Julio

Hace ahora una década, la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado aprobó la resolución presentada por el Sindicato de Estudiantes, instando a que se cambiasen los nombres de centros educativos que a su juicio mantenían denominaciones vinculadas a la dictadura franquista. Uno de los centros ‘fachas’ era el 19 de julio de Bailén. Los representantes de los estudiantes pensaron que la fecha hacía referencia a la rebelión franquista (18 de julio), cuando lo que en realidad se conmemoraba era la batalla de Bailén. La primera derrota en una batalla campal de un ejército de Napoleón, un hito en la historia de España ocurrido en 1808. Muy franquista.
En la misma resolución se pedía el cambio de nombre de varios colegios. Uno en Jaén, otro en Torrubia y otro en Venta de los Santos. Los tres se llaman Pedro Poveda. Según el sindicato de estudiantes, otro facha. Pedro Poveda Castroverde, nacido en Linares, fue un sacerdote, pedagogo y escritor español, fusilado en la Guerra Civil por mantenerse fiel a sus ideas en el Madrid republicano, cuyo trabajo se centró en trabajar con los más desamparados y en la apuesta por la educación humanista como motor social. Otro facha, según el Consejo Escolar del Estado.
El ridículo del sindicato de estudiantes fue de tal calibre que en pocas horas tuvo que rectificar y pedir perdón.
Pero se sigue tropezando con la misma piedra: ahora en Barcelona la alcaldesa Colau retira el nombre del Almirante Cervera, héroe de la Guerra de Cuba en 1898, de la calle que llevaba su nombre. Por facha, nada menos.

Chaves sobre los ERE: “¿Cómo se daban las ayudas? Yo no entraba”

chaves juicio

El ex presidente Manuel Chaves ha asegurado que no sabía cómo se daban las ayudas de los ERE a empresas en crisis. Sabía que se daban esas ayudas, pero el cómo “no correspondía a mi ámbito de decisión. Sabía que en el Gobierno de la Junta se daban ayudas sociolaborales como sabía que se daban complementos a las becas Erasmus, a actividades deportivas o culturales. ¿Cómo se daban esas ayudas? Yo no entraba».
Chaves ha insistido en su relación de “confianza” con los miembros de su Gobierno, por lo que “para mí era muy difícil pensar que uno de mis consejeros podía establecer un procedimiento ilegal o para burlar la ley. Siempre partía del hecho de que en una estructura de Gobierno siempre se respetaba la ley”, ha dicho en varios momentos de su declaración.

Ni siquiera sabía que no había decreto ni norma que limitase la discrecionalidad en la concesión de las ayudas. “Siempre he partido de que había alguna norma que regulaban las ayudas”, ha dicho tras admitir que ni desde Presidencia ni desde Empleo le dijeron que no había ninguna normativa que regulase cómo se concedían las ayudas sociolaborales de los ERE.

Sobre su conocimiento de las ayudas ha explicado que hablaba con los sindicatos de las grandes empresas, era mi responsabilidad como presidente del gobierno y era un acto de normalidad democrática. Lo anormal sería que el presidente del Gobierno no se hubiera reunido con el comité de empresa de Santana o Delphi (…) No sólo se debatía desde una perspectiva política, estaba en los medios y en el Parlamento, y nos preocupaba la situación de los trabajadores afectados por esas crisis y sus familias. También lo debatía con los consejeros correspondientes”.

Ha puesto como ejemplo “icónico” el caso de Santana: “Trabamos de aunar no solo ayudas sociolaborales, sino muchos proyectos para ayudas a la zona a superar la crisis desde el ámbito docente, colegios, sanidad …”.

La paz social, los acuerdos de concertación con los que se financiaban sindicatos CC OO y UGT, han salido a relucir también durante el interrogatorio del Fiscal. Chaves tampoco conocía las fichas presupuestarias de esos compromisos. Tampoco sabía nada de lo que se hablaba en los consejillos (reuniones de viceconsejeros previos a los consejos de Gobierno, presididos por el consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías).

En realidad la declaración de Chaves, que no recuerda nada y que lo que recuerda es que nada de lo que se habla en el juicio de los ERE era de su competencia, es tremendamente reveladora de por qué hay una pieza política con dos ex presidentes y 16 ex altos cargos más sentados en el banquillo: porque había una estructura opaca para mover dinero que financiase la paz social y compromisos sin rendir cuentas a Europa (que vigilaba la libre competencia) y ni al interventor. El sistema funcionaba tan bien que movió 855 millones de euros en una década y ahora el presidente, el consejero de Presidencia, o los consejeros de Empleo o Hacienda pueden decir que ellos no sabían nada y quedarse tan panchos. Todo estaba en manos de un director general, Guerrero, hoy cabeza de turco.

Para entender por qué hay 22 políticos sentados en el banquillo por las ayudas sociolaborales hay que viajar en el tiempo hasta 1999. A una fábrica de chorizos y otros embutidos de Jaén. Cárnicas Molina.

La crisis de Molina se convirtió en una prioridad política para la Junta de Andalucía a finales de los 90. La administración andaluza había entrado en el accionariado de la empresa para salvarla de una grave crisis financiera. Había más de 500 empleos en juego. Pero la Unión Europea declaró contrarias a la libre competencia las ayudas inyectadas por la Junta.

En un clima de altísima conflictividad social (llegaron a lanzar cócteles molotov contra la sede del PSOE) la Junta negoció con los sindicatos subvenciones millonarias para bajas incentivas, prejubilaciones y la llegada de un nuevo socio industrial.

El 10 de febrero de 1999 se llegó a un preacuerdo. Hay un detalle que delata que los protagonistas de la negociación eran plenamente conscientes de que estaban al límite de la legalidad. El PP reveló años después que los pactos entre la empresa y los sindicatos se reflejaron en un documento del que sólo se firmó una copia. El documento se llevó al Consejo Económico y Social de Jaén para ponerlo bajo su custodia, pero allí no lo quisieron guardar. El texto con las firmas acabó en la caja fuerte de un banco. Para sacarlo era necesaria la autorización de dos de los tres firmantes. “Dada la confidencialidad de estos acuerdos, no deberán dar vista ni copia de los mismos a ninguna persona o entidad, salvo con la autorización expresa y escrita de dos de las tres personas firmantes de estos acuerdos”, decía textualmente el documento.

De hecho el interventor puso reparos al plan de ayudas que le presentó Empleo, y advirtió de su ilegalidad. Había que buscar otra fórmula y no había mucho tiempo.

El 12 de marzo de 2000 había elecciones autonómicas y Molina estaba en la agenda de campaña. Era el crédito del Gobierno andaluz lo que estaba en juego. En Molina y en Santana. Dos empresas intervenidas por la Junta, las dos en crisis -que acaparaban portadas en Andalucía y aparecían constantemente en la prensa salmón nacional siempre por motivos alarmantes- al borde del cierre y con miles de empleos en juego.
Pero había además un factor añadido, sin duda determinante: Europa vigilaba. Ya habían sido declaradas ilegales ayudas anteriores (las aportaciones hasta 1998) por valor de 10.000 millones de pesetas. Había que buscar la fórmula para inyectar dinero sin que la UE echase para atrás las subvenciones. Así que las presiones a la Junta se multiplicaban por todos los frentes. Mientras, la solución definitiva se demoraba porque no había manera de darle encaje legal.

El PSOE ganó las elecciones del 12 de marzo de 2000. Sin mayoría absoluta. Pero Chaves tenía fácil reeditar su pacto con el Partido Andalucista. La solución a las dos crisis industriales en Jaén (Molina y Santana) no admitía ya espera.

Justo ahí, en ese contexto, nació el sistema de los ERE supuestamente irregulares. El primer ensayo se hizo para pagar las prejubilaciones y despidos en Molina.

Empleo intentó presentar varios borradores de decretos y reglamentos en los consejillos, pero ninguno pasó los filtros. Todos fueron rechazados.

Aún así, el 18 de abril de 2000 el nuevo Consejo de Gobierno de la Junta -relatan los interventores del Estado- aprobó una modificación presupuestaria para reducir la partida “adecuada para la concesión de subvenciones”. Se creaba otra partida “que no existía en el presupuesto inicial aprobado y que no era legalmente apropiada”, aseguran los técnicos en informe de mil páginas que consta en la causa de los ERE.
Esa nueva partida llevaba por título “Transferencia al Instituto de Fomento de Andalucía, IFA, en materia de relaciones laborales”. El razonamiento era simple: si la Consejería de Empleo pagaba directamente las ayudas, debía atenerse a procedimientos bien reglados y al control de la intervención de la Junta de Andalucía. Así que debía ser una sociedad instrumental como el IFA quien hiciese llegar el dinero a sus destinatarios finales, aunque la orden de pago –cuánto dinero y a quién debía entregarse- procediese de la Dirección General de Empleo de la Consejería.

¿Cómo se hizo llegar el dinero al IFA? Como si fuera una transferencia para compensar las cuentas del Instituto por un desfase en gastos de funcionamiento corriente. Para eso estaban contempladas en la normativa las ‘transferencias de financiación’.
En las cuentas que se presentaban al Parlamento y al interventor sólo constaba que la Consejería había inyectado dinero al IFA, pero sin aclarar el destino final de esos fondos. Una vez que el IFA tenía el dinero ya podía moverlo discrecionalmente. Pagaba como intermediario entre la Consejería y el destinatario final señalado por ésta. Así que en las cuentas del IFA tampoco se anotaban esas cantidades como subvenciones, porque el IFA no las había concedido sino que actuaba a las órdenes de la Consejería. Todos los controles podían ser burlados: las ayudas no se publicaban en BOJA como tales y no se rendían cuentas ni al Parlamento ni a Europa.

El magistrado Alberto Jorge Barreiro, del Tribunal Supremo, describió en 2015 este sistema como “un régimen encubierto para otorgar ayudas/subvenciones que generó un grave descontrol en su aplicación”. Un sencillo truco que tras Molina sería perfeccionado e institucionalizado con un convenio de julio de 2001. Pero la ‘trampa’ y algunos de sus principales protagonistas ya estaban ahí un año antes. En el ERE de la fábrica de chorizos. Allí se conocieron además Guerrero, Juan Lanzas, Carlos Leal y otros implicados en el escándalo de los ERE.

Tan bien se diseñó el sistema que el interventor no se enteró de que se estaba moviendo el dinero a sus espaldas hasta 2005, cuando hizo un informe sobre las cuentas de 2003. Ese informe que ahora nadie ha visto y que señalaba irregularidades. Europa nunca preguntó por las ayudas de los ERE. Así que el dinero siguió fluyendo. Nunca estuvo regulado por ninguna normativa específica, más allá de un convenio entre Empleo e IFA  sobre las transferencias de financiación.

Chaves participó activamente en las negociaciones de Molina. ¿Conocía realmente el sistema de las ayudas sociolaborales?

En 2003 mineros de la Faja Pirítica de Huelva comunicaron por escrito al presidente de la Junta que en un ERE de empresas mineras se habían prejubilado personas que no habían pisado jamás una mina.

El 12 de febrero de 2004 desde el Gabinete de Presidencia se dieron instrucciones a Guerrero para que resolviese la situación de la fábrica lucentina de Bilore para que encauzasen adecuadamente la situación de crisis en esa empresa, no fueran a darle un espectáculo a Chaves en una visita programada a Lucena.

Tanto la Faja Pirítica como en Bilore la Junta financió EREs con dinero público. Como en tantas otras empresas. Pero el sistema era tan opaco y permitía tal nivel de discrecionalidad al director general Guerrero que ahora Chaves, Griñán y todos los otros altos cargos en el banquillo pueden decir que ellos no sabían nada, y que eso por lo que les pregunta en el juicio de los ERE no era de su competencia. Por más que ahora Chaves diga que se para él es muy difícil pensar que uno de sus consejeros puso en marcha un sistema para burlar la ley.

 

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Todos los detalles para seguir el juicio los puedes encontrar en el libro Caso ERE. Las entrañas de la corrupción institucional en Andalucía 

Foto: Captura de una imagen de la retransmisión de Andalucía TV, de la RTVA, que retransmite la declaración

Alaya acorrala a Fernández seis años después

El consejero Antonio Fernández no ha encontrado otra forma de escapar a sus contradicciones entre lo que le contó a Alaya en 2012 y  la versión que pretendía colocar ahora en el juicio de los ERE que negarse a responder a más preguntas y acogerse a su derecho a no declarar. Ha dicho encontrarse “tenso, aturdido y temeroso”, por lo que no estaba en condiciones de continuar tras varios días en el estrado.

En su declaración Fernández ya había explicado que “no eran tan insensatos como para mirar hacia otro lado” si hubieran conocido que había irregularidades, que ningún órgano fiscalizador encontró irregularidades, y que las actas de su interrogatorio frente a Alaya no correspondían a lo que quiso decir realmente en fase de instrucción, ya que se sentía “intimidado” ante la jueza.

El 24 de abril de 2012, menos de un mes después de las elecciones andaluzas y antes incluso de la investidura de Griñán, la jueza Alaya le tomó declaración a Antonio Fernández, ex consejero de Empleo. Durante su declaración, Fernández insistió en defender las bondades del sistema de los ERE, que consideró “legal” y “el más operativo” para defender a los trabajadores cuyas empresas estaban en crisis. A preguntas de la jueza Fernández admitió que era afiliado al PSOE, aunque en esa época llevaba tres meses sin pagar la cuota del partido.  En ningún momento admitió haber cometido alguna irregularidad o haberla consentido.  

A los argumentos de Fernández, Alaya respondió con un auto de 77 páginas. Lo acusaba de ser partícipe en 2001 de la “ideación y elaboración” del sistema supuestamente fraudulento con el que se salvaron “los reparos que ya había puesto la Intervención a pagos anteriores” en Molina. En sus años de viceconsejero y luego de consejero se dieron 837 ayudas sociolaborales por valor de 395,4 millones de euros y se concedieron 294 ayudas directas a empresas por importe de otros 82 millones. La magistrada reflejó en su escrito que 52 millones de ayudas directas habían ido a empresas de la Sierra Norte de Sevilla (la comarca de procedencia de Guerrero), y que enriqueció a empresarios y vecinos con ayudas “masivas y continuadas”. Alaya señaló que muchos de los beneficarios de las ayudas eran militantes del PSOE, familiares o personas afines.

También acusó a Fernández de permitir comisiones excesivas, “superiores en muchos casos al 15%”, a mediadoras como Vitalia y Uniter, “destacándose la estrecha relación de amistad que tenía con el director de ésta última”. Y de que otro “amigo personal” era socio de Villasís, reprochándole que consintiese los pagos que se hicieron a este despacho por el ERE de Santana.

Los cargos incluían también autorizar el pago de ERE en empresas que tenían capacidad financiera para acometerlos por sus medios o incluso de financiar despidos que no eran necesarios.

Además, el auto señala que Fernández se prejubiló a sí mismo en González Byass, donde había trabajado de joven, y que dio 17 subvenciones en Jerez, su localidad natal. Le imputó por prevaricación, malversación, negociación prohibida a funcionario, cohecho, falsedad y obtención indebida de ayudas públicas, y lo mandó a prisión sin fianza. Fernández, con la ayuda de amigos y familiares, reunió cuatro meses después 450.000 euros y pudo pagar una fianza señalada por la Audiencia de Sevilla.

Antonio Fernández García (Jerez de la Frontera, Cádiz, 1956) había entrado como aprendiz en la empresa de vinos González Byass en 1971, siendo menor de edad. Un hombre hecho a sí mismo. Simultaneó estudios y trabajo y logró la Licenciatura en Derecho. Pidió una excedencia en el año 81 y se centró en su trabajo en la Universidad y como abogado. En 1983 entró como concejal del PSOE en Jerez y solicitó una nueva excedencia para dedicarse a la política. Fue encadenando cargos: concejal hasta 1994 (desde el 86 lo compatibilizó con puesto en la Diputación), delegado de Agricultura y Pesca en Cádiz, viceconsejero con Viera (tiempo en el que ostentó la dirección del IFA) y luego consejero desde 2004 a 2010. En ese tiempo no pidió prórroga a su excedencia, ni constaba que tantos años después aún mantuviese una relación laboral con la bodega. Aun así, el 21 de abril de 2008 fue incluido como uno de los prejubilados del ERE presentado por González Byass, donde se extinguían 94 contratos.

“Consecuencia de su inclusión en el ERE, el señor Fernández ordenó sin que mediara la menor solicitud y como titular de la consejería de Empleo una ayuda sociolaboral a esta empresa de 17.459.092 euros (…) y ello no sólo con la decidida intención de beneficiar a la empresa a la que había pertenecido, sino de cobrar sus rentas por la prejubilación de la misma siendo plenamente consciencia de que incurría en causa de abstención” según la Ley de Incompatibilidades y sabiendo que no le  correspondía prejubilarse, según la instrucción. Se adjudicaron 320.000 euros, supuestamente para atenuar las consecuencias del despido en trabajadores de difícil reinserción laboral. Cuando supo que se estaban investigando los ERE pidió la renuncia a sus pólizas.

Todos los detalles de este procedimiento los puedes conocer en Caso ERE. Las entrañas de la corrupción institucional en Andalucía

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Chaves y Griñán frente al “gran fraude” de los ERE

Sevilla,13-04-09: Nombramiento por el comite director del PSOE de Griñan como presidente de la Junta. Foto:Paco cazalla

El juicio de los ERE llega a uno de sus momentos estelares con la declaración de Griñán y Chaves. Dos ex presidentes de la Junta de Andalucía y dos ex presidentes del PSOE. Los dos han admitido ya que hubo un gran fraude en torno a las ayudas sociolaborales. Lo que tiene que esclarecer ahora la Audiencia de Sevilla es si ellos cometieron delitos. Está previsto que  primero responda Griñán a las preguntas de las partes. Después irá Chaves.
La posición de Griñán es la más comprometida, pues le piden seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por supuestos delitos de prevaricación y malversación. Se le acusa por su etapa de consejero de Hacienda de la Junta. El Fiscal y las acusaciones sostienen que él tuvo que conocer que había irregularidades en la financiación de las ayudas sociolaborales y que no hizo nada por evitarlas: El 25 de julio de 2005 el Interventor General de Andalucía emitió el ‘Informe adicional al informe definitivo de auditoría de cumplimiento del ejercicio 2003”, en el que advertía de “importantes deficiencias”. Este informe adicional le fue notificado al consejero de Innovación, Francisco Vallejo, al de Empleo, Antonio Fernández, y a la viceconsejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo, que lo recibió “para su conocimiento y traslado al consejero” (Griñán), según la notificación que se puso como coletilla al documento.
Este informe firmado por el interventor de la Junta en 2005 es la pieza fundamental para elevar la responsabilidad a las más altas instancias políticas. El juez instructor Álvaro Martín Gómez, que en 2016 acabó dictando auto de procesamiento contra 22 altos cargos de la Junta, aseguró en un escrito que “hasta ese momento todos los implicados en la puesta en marcha y funcionamiento de ese procedimiento específico podrían pretender ampararse en la ignorancia de sus nefastas consecuencias, de modo que si bien incurrían en delito de prevaricación, por ser su conducta del todo contraria a derecho, cabía la posibilidad de que estuvieran haciéndolo por un mal entendido sentido de atención a los intereses colectivos. Sin embargo, a partir de ese informe esa posibilidad queda descartada en modo absoluto”.
Posteriormente el interventor ha ratificado en sede judicial, en el Parlamento andaluz, en medios de comunicación y en el juicio de los ERE que ese aviso fue el primero, pero no el último, pues él firmó a lo largo de los años hasta 15 informes alertando de que se estaban cometiendo irregularidades. Y que nadie hizo nada ante sus advertencias.
Griñán ya respondió a estas acusaciones sosteniendo siempre que el procedimiento es y era perfectamente legal y contaba con el respaldo de cada Ley de Presupuestos. Y ha rebatido al interventor: “Porque lo dijo el Interventor reiteradamente es que ‘Nunca advertimos fraude ni mala utilización de los recursos públicos’. Nunca se advirtieron. Sí decía: ‘El procedimiento de la subvención era manifiestamente mejorable’. Bueno, es posible (…) Partimos de un error, y es que el Interventor detectó irregularidades. El Interventor manifestó su disconformidad con un procedimiento al órgano que gestionaba el gasto. Ese es el objetivo, el objeto de lo que remite a la Consejería de Empleo (…) Nadie sabía en el año 2005, 2006, 2007 y 2008 que se estaban produciendo irregularidades, y nadie las denunció (…) Lo más importante, el procedimiento no causa la infracción; la infracción se produce en el uso del procedimiento”, dijo en la Comisión de Investigación del Parlamento andaluz.
Posteriormente, tras declarar como investigado en el Supremo, declaró a los periodistas: «No creo que hubiera un gran plan, pero sí un gran fraude y eso significa que algunos controles pudieron fallar. Su teoría es que el sistema era legal, pero fallaron los controles para usarlo correctamente.
La acusación contra Chaves, al que se le piden 30 años de inhabilitación por supuesta prevaricación, se basa más en la ‘autoría intelectual’ de los ERE, un sistema con el que según las acusaciones se usó arbitrariamente el dinero público para conseguir la paz social. Chaves ya ha rechazado en declaraciones anteriores, como la que hizo en la comisión de Investigación del Parlamento, la teoría del complot orquestado desde la cúpula de la Junta, y ha defendido la legalidad de su actuación. “Si usted lo que considera es que ha habido varias personas que se han metido en un cuarto oscuro para confabular y hacer toda una operación para delinquir, para ayudar a amigos y para ayudar a gente del Partido Socialista, mire usted, no solamente no puedo estar de acuerdo sino que lo rechazo. Eso es una desmesura”, declaró.
“Actos, cometidos por determinadas personas, presuntamente por determinadas personas, no pueden, desde mi punto de vista, en mi opinión, no pueden menoscabar ni poner en entredicho la honestidad de toda una administración pública como es la Administración andaluza; que no pueden poner en entredicho la honestidad y la honradez de los responsables políticos y de los altos cargos políticos”, dijo en la comisión, ante la que insistió en que “todas las medidas, ayudas, convenios, actos —medidas, en definitiva—, se llevaron a cabo dentro de la más estricta legalidad, con los filtros, con los informes, con los trámites exigidos por la ley (…) Si tengo que pedir disculpas, las pido, lógicamente, por lo ocurrido, porque creo también que fueron hechos aislados y hechos excepcionales que no ponen en cuestión toda una política y toda una gestión. Usted me dice que cómo me he enterado con posterioridad. Pues, mire usted, le puedo decir que la fuente más importante de información que yo tuve fueron los medios de comunicación, fue la prensa”, llegó a decir en sede parlamentaria.
Por el “gran fraude” de los ERE –por usar las palabras de Griñán- los dos ex presidentes han tenido que asumir ya responsabilidades políticas. Los dos dejaron sus actas de parlamentario y entregaron los carnés del PSOE tras dictarse contra ellos auto de apertura de juicio oral. Griñán tuvo que dimitir como presidente de la Junta acorralado por este escándalo en agosto de 2013. Chaves se había ido a Madrid en 2009, en los primeros momentos del escándalo de Mercasevilla (donde por primera vez se detectó a un intruso, germen del caso ERE).

Pie de foto: Sevilla,13-04-09: Nombramiento por el comite director del PSOE de Griñan como presidente de la Junta.
Foto:Paco cazalla. Archivo de IDEAL

Todos los detalles del caso, desde su origen en una fábrica de chorizos de Jaén, están explicados en el libro Caso ERE. Las entrañas de la corrupción institucional en Andalucía

http://www.comunicacionsocial.es/catalogo/colecciones/historia-y-presente/caso-ere–las-entranas-de-la-corrupcion-institucional-en-andalucia

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Los demonios del padre Salazar

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El padre Salazar, exorcista de la Diócesis de Jaén, alertó en una conferencia en la parroquia de San Miguel sobre la presencia del Demonio. El sacerdote partía de una pregunta. ¿Existe el mal? Y aún más allá. ¿Y si existiera no sólo el Mal en abstracto, sino ‘el malo’, alguien absolutamente maligno que busque nuestro daño y destrucción? Y se mostró tajante para asegurar que ese mal y ese malo existen. Habló desde su experiencia, en primera persona. En el último año Luis María Salazar ha intervenido en cuatro exorcismos y ha recibido una veintena de consultas sobre casos que resultaban sospechosos.

«Era una persona que entraba en trance cuando estaba en contacto con objetos religiosos, o cuando yo comenzaba con las oraciones del ritual de exorcismo mayor. Me insultaba, me llamaba cerdo. A la portadora  también la insultaba. Una vez superado el trance era una persona absolutamente normal, cariñosa y educada», relató el exorcista sobre uno de los casos en los que intervino.

Actualmente el padre Salazar es párroco en San Félix de Valois de Jaén, y da clases en el Seminario Diocesano de Jaén –del que fue rector– y en la Facultad de Teología de Granada. Licenciado en Teología en Granada, es doctor en Antropología Teológica por la Universidad Gregoriana de Roma. En su juventud hizo tres cursos de Medicina, según los datos de perfil en la red social Linkedin.

La verdad es que basta echar un vistazo a un periódico estos días para poder afirmar, como hace el padre Salazar, que el mal existe. Y que está entre nosotros. Con demonios y horrores que nos hacen estremecer.

El timo de la parcela

La consejera Rosa Aguilar, promete ahora que hará la Ciudad de la Justicia en Jaén en cuanto le den un nuevo solar. El que tiene en sus manos desde 2006 y con el que la Junta ha mareado la perdiz más de una década ya no le vale. Durante años y años se han alegado todo tipo de excusas: las excavaciones arqueológicas, la fiscalización de fondos, problemas en la redacción del proyecto … Y al final es que no les vale la parcela.
La pena es que la consejera Aguilar no hubiera mostrado interés por esa parcela años atrás, cuando era consejera de Cultura. Porque hace más de 20 años que la junta prometió un parque arqueológico en Marroquíes Bajos, y no ha hecho nada. Se cumple ahora un año del documental de James Cameron sobre la Atlantida, y no han movido un músculo. A ver si es que tampoco les valen ahí las parcelas, o yo que sé.
Se ve que es la excusa de moda. En 2007 Chaves prometió la ciudad sanitaria, y el Ayuntamiento le tiene preparados los metros cuadrados que pidieron junto a las obras del nuevo centro comercial. Pero ahora a la Junta tampoco le vale la parcela.

Tranvía e insultos

El juzgado de instrucción 1 de Jaén investiga a la ex alcaldesa Carmen Peñalver por las obras del tranvía de Jaén. Por vía penal las irregularidades bajo la lupa de la Justicia se quedan en el traslado de la Policía Local, y no creo que tenga mucho recorrido. Pero no hay que olvidar el informe del Tribunal de Cuentas, que señaló que la obra se había hecho sin estudios previos y con prácticas no ajustadas a los principios de igualdad, objetividad, transparencia y economía en la gestión de fondos públicos, así como infracciones de la normativa de contratos,  con un sobre coste en la obra del 16 por ciento.

Al juez Fernando Moral se le acumulan los casos mediáticos, pues también está investigando la denuncia de una asociación de abogados católicos por insultos contra personas del mundo judicial jienense, contra cofrades y contra católicos por la condena por el fotomontaje con la cara del Cristo de la Amargura.

 

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Sanidad jienense: de caso aislado en caso aislado hasta el colapso final

La sanidad jienense tiene otro caso aislado escandaloso. En realidad son dos casos aislados, dos reventones en las tuberías de agua caliente que pasan por la UCI del Neurotramatológico, que provocaron quemaduras a una paciente y por poco si escaldan el fin de semana a varios enfermeros del turno de noche.
Estos dos episodios se suman al caso aislado de la muerte de una mujer en urgencias abandonada durante doce horas, al caso aislado de las limpiadoras que no tienen medios para limpiar el hospital, al caso aislado de la saturación de urgencias, al caso aislado de la falta de pediatras, al caso aislado de los anestesistas sin título homologado, al caso aislado de los equipos de urgencias recortados de los centros de salud, al caso aislado de las camas triples, al caso aislado de las continuas sentencias judiciales por mala praxis médica, y al nuevo caso aislado que saltará hoy mismo o mañana a más tardar, porque a la sanidad andaluza se le están saltando las costuras de los remiendos que le llevan poniendo desde hace años. La Junta niega la mayor, y solo admite casos aislados cuando es evidente que la ficción de que teníamos una sanidad de primera se le ha venido abajo. Caso aislado a caso aislado.

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El silencio de Guerrero

GRAF941. SEVILLA, 14/12/2017.- Los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el exconsejero Gaspar Zarrías (izq a dcha) y el ex director general de Trabajo Francisco Guerrero (detrás), al inicio de la segunda jornada del juicio de la pieza política de los ERE, en el que son procesados 22 ex altos cargos de la Junta, y que ha comenzado hoy con la lectura de los escritos de las defensas. EFE/Julio Muñoz ***POOL***
GRAF941. SEVILLA, 14/12/2017.- Los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el exconsejero Gaspar Zarrías (izq a dcha) y el ex director general de Trabajo Francisco Guerrero (detrás), al inicio de la segunda jornada del juicio de la pieza política de los ERE, en el que son procesados 22 ex altos cargos de la Junta, y que ha comenzado hoy con la lectura de los escritos de las defensas. EFE/Julio Muñoz ***POOL***

El ex director de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, ha sido el único de los 22 acusados en el caso ERE que no ha presentado escrito de defensa. Por estrategia procesal, ha argumentado su letrado. Será hoy el primero en declarar una vez queden solventadas las cuestiones previas, si todo trascurre según la lógica procesal en un procedimiento del todo ilógico en términos procesales. Y su testimonio es a la vez esperado y temido por buena parte de sus compañeros de banquillo. Por lo que diga. Por lo que calle. Durante la instrucción él ha señalado que otros altos cargos de la Junta querían hacer de él el chivo expiatorio. Que todos sabían todo. Ahora llega la hora de la verdad. Y hay enorme expectación por saber hasta qué punto va a disparar hacia arriba, si es que va a disparar. Por lo que va a decir. Y por lo que va a callar.

En la resolución de las cuestiones previas el tribunal ha actuado con lógica y dejando poco espacio a la sorpresa: No declarará Susana Díaz pero sí Jiménez Barrios y María del Mar Moreno, todos quedan libres de la sorpresiva acusación por asociación ilícita que hizo el PP (con lo que ya no se piden penas de prisión para Chaves, Zarrías y otros) y el objeto del juicio se limita a lo que marcó el auto de apertura de juicio oral sobre la supuesta responsabilidad de quienes idearon y financiaron el sistema de ayudas. Se ha aceptado abundante documentación y nuevos testigos, pero esto sigue siendo el juicio por el procedimiento específico, no por la macrocausa. Ahora llega el momento de que declaren los acusados. Y el primero en declarar debe ser Guerrero.

Guerrero ha hablado mucho desde que fue arrestado en 2011 y tuvo el lapsus fatal de hablar de un fondo de reptiles. Y siempre ha defendido de que él hizo lo que le ordenaron y tal y cómo se lo ordenaron. De él han dicho otros investigados en la macrocausa que lo llegaron a encontrar “descompuesto”, de las presiones que ejercía sobre él Gaspar Zarrías en asuntos como el ERE de Primayor. 

En su comparecencia en la comisión de investigación del parlamento andaluz ya declaró que “cuantas preguntas quisieran hacerme para esclarecer la investigación que llevan ustedes a cabo pueden ustedes realizarlas a los Gobiernos de la Junta de Andalucía de los períodos en que he sido Director General de Trabajo y Seguridad Social, pueden ustedes realizarlas a los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía, pueden ustedes realizarlas a la Intervención General de la Junta de Andalucía. También pueden ustedes realizarlas a los representantes de los sindicatos mayoritarios en Andalucía. Asimismo, a los representantes de las organizaciones empresariales y también a los representantes de los partidos que, con representación en esta Cámara, han estado desde el año 1999, en que yo entré como Director General de Trabajo y Seguridad Social, hasta abril de 2008, en que yo cesé en mi puesto. Todos y cada uno de ellos han tenido conocimiento de mi trabajo. Todos se han interesado, de alguna u otra manera, por ayudas sociolaborales a colectivos y a título individual, y a empresas o bien que se implantaban en territorios de difícil actuación o bien empresas que, por circunstancias del mercado, había que ayudarlas para que no cerraran. Todos, mediante la aprobación presupuestaria en este Parlamento, mediante el control parlamentario, mediante el Tribunal de Cuentas y mediante el conocimiento que han tenido todas las organizaciones sectoriales. Nadie, absolutamente nadie, durante diez años, me ha manifestado la conveniencia o no de realizar mis funciones de una manera distinta a la que en su momento se me instruyó, nadie. Tampoco nadie varió el procedimiento después de mi cese”.

En esa comparecencia Guerrero no respondió a ninguna pregunta. Sólo saltó cuando le preguntaron por sus manejos con su chófer y sus fiestas. “Yo lo único que le quiero decir a sus señorías es que yo…, todo el mundo me tiene, me tengo, por una persona jovial. Ni he sido un putero, como alguien dijo, ni me he dedicado a la drogodependencia —no está en mi terreno, estoy dedicado a otras cosas—. Y me tomo las copas que me apetecen, cuando me apetecen y donde quiero, cosa que también se me cuestiona. O sea, yo hago la vida normal de cualquier persona normal. Y no voy a estar…, o a ser objeto de lo que alguien en un momento dado, por no sé qué razones, ¿eh?, ha querido decir. Sé cuánto vale un paquete de Marlboro, un gin-tonic, y ya está. En mi vida me ha dado por comprar un porro, no me ha hecho falta. Soy fumador y me gusta el gin-tonic. Lo he dicho en miles de ocasiones. Y no voy a estar al pairo de quien quiera ponerme a caer de un burro, y a tener que entrar al trapo de tener que demostrar que lo que dice ese señor no es verdad. Yo no tengo que demostrar nada, lo tendrá que demostrar él”.

Volvió a interrumpir una pregunta para aclarar que nunca se había reunido a solas con Chaves “salvo en las instituciones de la Junta de Andalucía, nada más, cuando él lo ha requerido”. E hizo una declaración final en su comparecencia: “No tengo ningún acuerdo de silencio con nadie. A mí no me habla nadie de los anteriores gobiernos de la Junta de Andalucía desde que saltó este tema. Bueno, y si alguno ha hablado, mejor que no lo hubiera hecho, porque para ponerme como me ha puesto… Pero no me habla nadie. O sea, no tengo ningún pacto de silencio, ¿eh?, no tengo nada a cambio. Lo único que tengo es mi situación actual en la prisión y mi familia sufriendo. Es lo único que he sacado de todo esto. Muchos años de trabajo y muchas horas de trabajo. Creo que muchas horas de trabajo, con dedicación… Yo he sido siempre gestor. Permítanme, señorías, señor Presidente, no he sido nunca un hombre de aparato de ningún partido. He sido un gestor público. Empecé con 20 años en la gestión pública y es a lo único que me he dedicado, y creo que, hasta hoy, con bastante brillantez en lo que es mi labor personal en mi tarea. Desgraciadamente, se ha visto como se ha visto por temas absolutamente distintos”.

En sus declaraciones en el juzgado, antes y después del paso por la comisión de investigación, siempre ha insistido en que se atuvo a los procedimientos e instrucciones que le dieron. Si acaso señaló el fallo en la discreccionalidad en el reparto de ayudas de esos procedimientos. Pero eran los que había.

Un punto débil débil de su argumentación está en los millones repartidos en su comarca de la Sierra Norte de Sevilla, y hacia un grupo empresarial concreto vinculado a la familia del ex alcalde de su pueblo. Ahí Guerrero ya ha señalado en el juzgado que las concedió por “imposición” de Viera, que era consejero y su superior jerárquico. Más difícil lo va a tener cuando le pregunten por la póliza de prejubilación que pagó la Junta a nombre de su suegra, por el testimonio de su chófer sobre sus juergas financiadas por los parados andaluces.

Si mantiene la postura de disparar contra otros  acusados en el juicio, se abre la espita del fuego cruzado entre los compañeros de banquillo. Ya se da por hecho que lo habrá entre el interventor general y otros procesados (Griñán principalmente). Pero hay curiosidad por saber si Guerrero desata hostilidades generales. Y en qué términos. Por

Tras salir de prisión en 2012 (en el primero de los dos periodos que ha estado en preventiva) dijo en una entrevista en Giralda TV: “No me explico de qué se sorprende ahora nadie. Posiblemente mi error haya sido no decir burradas de nadie. Ni intentar salvarme yo echando pestes, Mi error ha podido ser el silencio, pero yo me administro el silencio y lo administro como yo considero oportuno”. La forma en la que va a administrar ese silencio en el juicio, en la hora de la verdad, es lo que ahora muchos temen, y otros esperan.

IMG-20170423-WA0001Todas las claves las puedes encontrar en CASO ERE Las entrañas de la corrupción institucional en Andalucía

 

Inimputables

Los médicos que examinaron al menor, de tan solo nueve años de edad, detectaron lesiones compatibles con una violación. Los protocolos de actuación en este tipo de situaciones comenzaron a funcionar y el parte con las conclusiones médicas fue remitido a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Estos constataron que todos los supuestos agresores tienen entre 12 y 14 años, por lo que no son imputables a efectos penales. No tienen ninguna responsabilidad penal. No se les puede detener, ni procesar, ni acusar, ni castigar judicialmente.

Las fuerzas de seguridad no pueden más que dar cuenta a los padres de los menores y también a la Fiscalía y a la Junta de Andalucía. Levantan acta, se llama a los padres o tutores, se entrega al menor previa fase documental (comparecencia, llamadas al Fiscal de Menores, entrega, inscripción en el Libro-Registro de Actuaciones con Menores e incapaces en situación de riesgo). Pero son los padres los que deben tomar medidas. Si quieren.

En Fiscalía, confirman en el Ministerio Público, tampoco pudieron actuar en este caso al tratarse de menores inimputables. No se les puede imponer medidas ni poner a trabajar a los equipos técnicos ya que quedan fuera del alcance de la Justicia.
Se informó entonces a la Junta de Andalucía para que pusiese en marcha los mecanismos previstos en estos casos, tanto dentro del sistema educativo (por el contexto de acoso escolar en el que supuestamente ocurrieron los hechos) como a través de programas para la reeducación de menores infractores no imputables que cometen hechos graves.

Pero la Justicia no puede actuar. Se entiende que son sujetos que no han llegado «a ese límite de madurez intelectiva y volitiva necesaria para comprender la significación antijurídica de su conducta y actuar conforme a ese conocimiento», según la terminología legal.

Una cuestión que lleva directamente al asunto de la edad a la que debe comenzar la responsabilidad penal.  Un debate eterno que se suele caldear ante hechos de especial gravedad. Una de las últimas Memorias de la Fiscalía Superior de Andalucía reflejaba claramente que no hay unanimidad sobre qué es lo más conveniente. «Fiscalías como Sevilla, Almería o Córdoba se inclinan por una rebaja de edad en materia de responsabilidad penal de los menores de 14 años para resolver algunas de las cuestiones más problemáticas en los caos de delitos graves», decía el Fiscal Superior García Calderón. 

El informe especial de diciembre de 2014 del Defensor de Menor aludía a que «la sociedad parece dividida entre quienes se muestran partidarios de acentuar el enfoque represivo y sancionador para hacer frente a estos comportamientos violentos, y quienes consideran necesario profundizar en el enfoque reeducativo y de reinserción social como instrumentos básicos para una verdadera Justicia penal juvenil (…) Los profesionales dedicados a la reeducación de los menores infractores vienen denunciando que la ausencia de intervención con estos menores de 14 años ante los primeros síntomas serios de aproximación al delito dificulta de manera considerable una actuación posterior frente a un adolescente ya iniciado».

Las últimas memorias anuales de la Fiscalía de Menores de Jaén no reflejan hechos de relevancia con menores de 14 años implicados, ni por gravedad ni por insistencia. Hace varios años sí hubo uno al que se atribuían 47 infracciones penales, y antes aún hubo otro con un historial de 60 robos y agresiones. Sin embargo el pasado verano el debate volvió a estar sobre la mesa tras un incendio forestal grave en Los Villares provocado por varios menores inimputables que solo pretendían divertirse.

Bullying y violencia sexual

No es la primera vez  que las autoridades investigan hechos en los que se mezclan acoso escolar y violencia sexual. Hace ahora un año el juzgado de Menores de Jaén condenó a cuatro años de internamiento a un chaval por acoso escolar y violación de una compañera de colegio. La niña estaba en primaria. Su primo hermano, seis meses mayor que ella, se sumó a las burlas que otros niños le infligían en el colegio. Después llegó un acoso directo, de tú a tú. Un hostigamiento continuo. El teléfono móvil, en manos de niños de trece años, era el medio. Mensajes en los que exigía fotos de ella sin ropa. Que mantuviesen relaciones, fijándole plazos. Que no dijese nada porque iba a ser peor para ella. Que lo contaría todo. Así durante meses de «amenazas y chantajes» hasta que llegó a la agresión sexual. Un ataque en septiembre de 2014. Una violación que no se llegó a consumar porque apareció un familiar. Después, dos agresiones sexuales sí consumadas, según los hechos probados de una sentencia judicial que es firme. Y más hostigamiento. La menor sufre serias secuelas psicológicas. Un drama, una vida marcada para siempre. El juzgado de Menores de Jaén, en un fallo adelantado en esas fechas por IDEAL, condenó al acusado, que sí tenía edad para ser imputado en el momento de cometer los hechos.