El silencio de Guerrero

GRAF941. SEVILLA, 14/12/2017.- Los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el exconsejero Gaspar Zarrías (izq a dcha) y el ex director general de Trabajo Francisco Guerrero (detrás), al inicio de la segunda jornada del juicio de la pieza política de los ERE, en el que son procesados 22 ex altos cargos de la Junta, y que ha comenzado hoy con la lectura de los escritos de las defensas. EFE/Julio Muñoz ***POOL***
GRAF941. SEVILLA, 14/12/2017.- Los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el exconsejero Gaspar Zarrías (izq a dcha) y el ex director general de Trabajo Francisco Guerrero (detrás), al inicio de la segunda jornada del juicio de la pieza política de los ERE, en el que son procesados 22 ex altos cargos de la Junta, y que ha comenzado hoy con la lectura de los escritos de las defensas. EFE/Julio Muñoz ***POOL***

El ex director de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, ha sido el único de los 22 acusados en el caso ERE que no ha presentado escrito de defensa. Por estrategia procesal, ha argumentado su letrado. Será hoy el primero en declarar una vez queden solventadas las cuestiones previas, si todo trascurre según la lógica procesal en un procedimiento del todo ilógico en términos procesales. Y su testimonio es a la vez esperado y temido por buena parte de sus compañeros de banquillo. Por lo que diga. Por lo que calle. Durante la instrucción él ha señalado que otros altos cargos de la Junta querían hacer de él el chivo expiatorio. Que todos sabían todo. Ahora llega la hora de la verdad. Y hay enorme expectación por saber hasta qué punto va a disparar hacia arriba, si es que va a disparar. Por lo que va a decir. Y por lo que va a callar.

En la resolución de las cuestiones previas el tribunal ha actuado con lógica y dejando poco espacio a la sorpresa: No declarará Susana Díaz pero sí Jiménez Barrios y María del Mar Moreno, todos quedan libres de la sorpresiva acusación por asociación ilícita que hizo el PP (con lo que ya no se piden penas de prisión para Chaves, Zarrías y otros) y el objeto del juicio se limita a lo que marcó el auto de apertura de juicio oral sobre la supuesta responsabilidad de quienes idearon y financiaron el sistema de ayudas. Se ha aceptado abundante documentación y nuevos testigos, pero esto sigue siendo el juicio por el procedimiento específico, no por la macrocausa. Ahora llega el momento de que declaren los acusados. Y el primero en declarar debe ser Guerrero.

Guerrero ha hablado mucho desde que fue arrestado en 2011 y tuvo el lapsus fatal de hablar de un fondo de reptiles. Y siempre ha defendido de que él hizo lo que le ordenaron y tal y cómo se lo ordenaron. De él han dicho otros investigados en la macrocausa que lo llegaron a encontrar “descompuesto”, de las presiones que ejercía sobre él Gaspar Zarrías en asuntos como el ERE de Primayor. 

En su comparecencia en la comisión de investigación del parlamento andaluz ya declaró que “cuantas preguntas quisieran hacerme para esclarecer la investigación que llevan ustedes a cabo pueden ustedes realizarlas a los Gobiernos de la Junta de Andalucía de los períodos en que he sido Director General de Trabajo y Seguridad Social, pueden ustedes realizarlas a los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía, pueden ustedes realizarlas a la Intervención General de la Junta de Andalucía. También pueden ustedes realizarlas a los representantes de los sindicatos mayoritarios en Andalucía. Asimismo, a los representantes de las organizaciones empresariales y también a los representantes de los partidos que, con representación en esta Cámara, han estado desde el año 1999, en que yo entré como Director General de Trabajo y Seguridad Social, hasta abril de 2008, en que yo cesé en mi puesto. Todos y cada uno de ellos han tenido conocimiento de mi trabajo. Todos se han interesado, de alguna u otra manera, por ayudas sociolaborales a colectivos y a título individual, y a empresas o bien que se implantaban en territorios de difícil actuación o bien empresas que, por circunstancias del mercado, había que ayudarlas para que no cerraran. Todos, mediante la aprobación presupuestaria en este Parlamento, mediante el control parlamentario, mediante el Tribunal de Cuentas y mediante el conocimiento que han tenido todas las organizaciones sectoriales. Nadie, absolutamente nadie, durante diez años, me ha manifestado la conveniencia o no de realizar mis funciones de una manera distinta a la que en su momento se me instruyó, nadie. Tampoco nadie varió el procedimiento después de mi cese”.

En esa comparecencia Guerrero no respondió a ninguna pregunta. Sólo saltó cuando le preguntaron por sus manejos con su chófer y sus fiestas. “Yo lo único que le quiero decir a sus señorías es que yo…, todo el mundo me tiene, me tengo, por una persona jovial. Ni he sido un putero, como alguien dijo, ni me he dedicado a la drogodependencia —no está en mi terreno, estoy dedicado a otras cosas—. Y me tomo las copas que me apetecen, cuando me apetecen y donde quiero, cosa que también se me cuestiona. O sea, yo hago la vida normal de cualquier persona normal. Y no voy a estar…, o a ser objeto de lo que alguien en un momento dado, por no sé qué razones, ¿eh?, ha querido decir. Sé cuánto vale un paquete de Marlboro, un gin-tonic, y ya está. En mi vida me ha dado por comprar un porro, no me ha hecho falta. Soy fumador y me gusta el gin-tonic. Lo he dicho en miles de ocasiones. Y no voy a estar al pairo de quien quiera ponerme a caer de un burro, y a tener que entrar al trapo de tener que demostrar que lo que dice ese señor no es verdad. Yo no tengo que demostrar nada, lo tendrá que demostrar él”.

Volvió a interrumpir una pregunta para aclarar que nunca se había reunido a solas con Chaves “salvo en las instituciones de la Junta de Andalucía, nada más, cuando él lo ha requerido”. E hizo una declaración final en su comparecencia: “No tengo ningún acuerdo de silencio con nadie. A mí no me habla nadie de los anteriores gobiernos de la Junta de Andalucía desde que saltó este tema. Bueno, y si alguno ha hablado, mejor que no lo hubiera hecho, porque para ponerme como me ha puesto… Pero no me habla nadie. O sea, no tengo ningún pacto de silencio, ¿eh?, no tengo nada a cambio. Lo único que tengo es mi situación actual en la prisión y mi familia sufriendo. Es lo único que he sacado de todo esto. Muchos años de trabajo y muchas horas de trabajo. Creo que muchas horas de trabajo, con dedicación… Yo he sido siempre gestor. Permítanme, señorías, señor Presidente, no he sido nunca un hombre de aparato de ningún partido. He sido un gestor público. Empecé con 20 años en la gestión pública y es a lo único que me he dedicado, y creo que, hasta hoy, con bastante brillantez en lo que es mi labor personal en mi tarea. Desgraciadamente, se ha visto como se ha visto por temas absolutamente distintos”.

En sus declaraciones en el juzgado, antes y después del paso por la comisión de investigación, siempre ha insistido en que se atuvo a los procedimientos e instrucciones que le dieron. Si acaso señaló el fallo en la discreccionalidad en el reparto de ayudas de esos procedimientos. Pero eran los que había.

Un punto débil débil de su argumentación está en los millones repartidos en su comarca de la Sierra Norte de Sevilla, y hacia un grupo empresarial concreto vinculado a la familia del ex alcalde de su pueblo. Ahí Guerrero ya ha señalado en el juzgado que las concedió por “imposición” de Viera, que era consejero y su superior jerárquico. Más difícil lo va a tener cuando le pregunten por la póliza de prejubilación que pagó la Junta a nombre de su suegra, por el testimonio de su chófer sobre sus juergas financiadas por los parados andaluces.

Si mantiene la postura de disparar contra otros  acusados en el juicio, se abre la espita del fuego cruzado entre los compañeros de banquillo. Ya se da por hecho que lo habrá entre el interventor general y otros procesados (Griñán principalmente). Pero hay curiosidad por saber si Guerrero desata hostilidades generales. Y en qué términos. Por

Tras salir de prisión en 2012 (en el primero de los dos periodos que ha estado en preventiva) dijo en una entrevista en Giralda TV: “No me explico de qué se sorprende ahora nadie. Posiblemente mi error haya sido no decir burradas de nadie. Ni intentar salvarme yo echando pestes, Mi error ha podido ser el silencio, pero yo me administro el silencio y lo administro como yo considero oportuno”. La forma en la que va a administrar ese silencio en el juicio, en la hora de la verdad, es lo que ahora muchos temen, y otros esperan.

IMG-20170423-WA0001Todas las claves las puedes encontrar en CASO ERE Las entrañas de la corrupción institucional en Andalucía

 

Inimputables

Los médicos que examinaron al menor, de tan solo nueve años de edad, detectaron lesiones compatibles con una violación. Los protocolos de actuación en este tipo de situaciones comenzaron a funcionar y el parte con las conclusiones médicas fue remitido a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Estos constataron que todos los supuestos agresores tienen entre 12 y 14 años, por lo que no son imputables a efectos penales. No tienen ninguna responsabilidad penal. No se les puede detener, ni procesar, ni acusar, ni castigar judicialmente.

Las fuerzas de seguridad no pueden más que dar cuenta a los padres de los menores y también a la Fiscalía y a la Junta de Andalucía. Levantan acta, se llama a los padres o tutores, se entrega al menor previa fase documental (comparecencia, llamadas al Fiscal de Menores, entrega, inscripción en el Libro-Registro de Actuaciones con Menores e incapaces en situación de riesgo). Pero son los padres los que deben tomar medidas. Si quieren.

En Fiscalía, confirman en el Ministerio Público, tampoco pudieron actuar en este caso al tratarse de menores inimputables. No se les puede imponer medidas ni poner a trabajar a los equipos técnicos ya que quedan fuera del alcance de la Justicia.
Se informó entonces a la Junta de Andalucía para que pusiese en marcha los mecanismos previstos en estos casos, tanto dentro del sistema educativo (por el contexto de acoso escolar en el que supuestamente ocurrieron los hechos) como a través de programas para la reeducación de menores infractores no imputables que cometen hechos graves.

Pero la Justicia no puede actuar. Se entiende que son sujetos que no han llegado «a ese límite de madurez intelectiva y volitiva necesaria para comprender la significación antijurídica de su conducta y actuar conforme a ese conocimiento», según la terminología legal.

Una cuestión que lleva directamente al asunto de la edad a la que debe comenzar la responsabilidad penal.  Un debate eterno que se suele caldear ante hechos de especial gravedad. Una de las últimas Memorias de la Fiscalía Superior de Andalucía reflejaba claramente que no hay unanimidad sobre qué es lo más conveniente. «Fiscalías como Sevilla, Almería o Córdoba se inclinan por una rebaja de edad en materia de responsabilidad penal de los menores de 14 años para resolver algunas de las cuestiones más problemáticas en los caos de delitos graves», decía el Fiscal Superior García Calderón. 

El informe especial de diciembre de 2014 del Defensor de Menor aludía a que «la sociedad parece dividida entre quienes se muestran partidarios de acentuar el enfoque represivo y sancionador para hacer frente a estos comportamientos violentos, y quienes consideran necesario profundizar en el enfoque reeducativo y de reinserción social como instrumentos básicos para una verdadera Justicia penal juvenil (…) Los profesionales dedicados a la reeducación de los menores infractores vienen denunciando que la ausencia de intervención con estos menores de 14 años ante los primeros síntomas serios de aproximación al delito dificulta de manera considerable una actuación posterior frente a un adolescente ya iniciado».

Las últimas memorias anuales de la Fiscalía de Menores de Jaén no reflejan hechos de relevancia con menores de 14 años implicados, ni por gravedad ni por insistencia. Hace varios años sí hubo uno al que se atribuían 47 infracciones penales, y antes aún hubo otro con un historial de 60 robos y agresiones. Sin embargo el pasado verano el debate volvió a estar sobre la mesa tras un incendio forestal grave en Los Villares provocado por varios menores inimputables que solo pretendían divertirse.

Bullying y violencia sexual

No es la primera vez  que las autoridades investigan hechos en los que se mezclan acoso escolar y violencia sexual. Hace ahora un año el juzgado de Menores de Jaén condenó a cuatro años de internamiento a un chaval por acoso escolar y violación de una compañera de colegio. La niña estaba en primaria. Su primo hermano, seis meses mayor que ella, se sumó a las burlas que otros niños le infligían en el colegio. Después llegó un acoso directo, de tú a tú. Un hostigamiento continuo. El teléfono móvil, en manos de niños de trece años, era el medio. Mensajes en los que exigía fotos de ella sin ropa. Que mantuviesen relaciones, fijándole plazos. Que no dijese nada porque iba a ser peor para ella. Que lo contaría todo. Así durante meses de «amenazas y chantajes» hasta que llegó a la agresión sexual. Un ataque en septiembre de 2014. Una violación que no se llegó a consumar porque apareció un familiar. Después, dos agresiones sexuales sí consumadas, según los hechos probados de una sentencia judicial que es firme. Y más hostigamiento. La menor sufre serias secuelas psicológicas. Un drama, una vida marcada para siempre. El juzgado de Menores de Jaén, en un fallo adelantado en esas fechas por IDEAL, condenó al acusado, que sí tenía edad para ser imputado en el momento de cometer los hechos.

 

 

 

Jaén se queda sin policías contra la corrupción

La unidad del Cuerpo Nacional de Policía encargada de investigar los casos de corrupción en Jaén está bajo mínimos. Si estuviera al completo, y ya estarían muy justos para el trabajo que les entra, serían siete agentes. A día de hoy quedan cinco. Y bajando. No dan abasto. Se los comen los casos acumulados sobre la mesa. Casos importantes, que necesitarían gente, medios para hacer el trabajo policial. Pero les escatiman todo.
Esa unidad está investigando ahora una denuncia por supuestas irregularidades en adjudicaciones de la Diputación Provincial. Un asunto de peso, pues tienen que estudiar más de 35.000 folios de documentación, tomar declaraciones, seguir pistas … Seguramente en los próximos días les entrará el caso del tranvía, si el juzgado de Instrucción 1 decide encargar alguna pesquisa. Y a diario entran denuncias de estafas por internet y otros asuntos que hay que investigar. Demasiado trabajo, y trabajos demasiado importantes, para tan poca gente, denuncia Raúl Egea, delegado sindical del CEP en Jaén.
En los últimos años esos mismos policías de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta han metido las narices en las cuentas de la Cámara de Comercio, en entidades financieras, en los contratos de la Diputación y del Ayuntamiento de Jaén, en las UTDLTs, en las trafullas de Primayor y en otros muchos asuntos. Esos mismos policías fueron los que descubrieron al chófer de la coca de la trama de los ERE y lo pusieron a los pies de Alaya, los que atraparon a una familia que llevaba cuatro generaciones con el timo del tocomocho, los que recuperaron estatuas romanas valoradas en doce millones de euros … Han resuelto asesinatos y han levantado temas que han tenido relevancia nacional, con numerosas condecoraciones concedidas a sus miembros en reconocimiento a su trabajo.
Y ahora se encuentran con que no pueden trabajar. No tienen medios. No es nuevo. Llevan así ya varios años, supliendo con esfuerzo personal lo que les han negado en los despachos de los gerifaltes. Se llegó a dar el caso de que las investigaciones de casos de corrupción con relevancia nacional tenían que pararse porque ponían durante varios días a los agentes que las llevaban en la Oficina de Denuncias. Pero ahora la situación ya es insostenible. Se quedan sin gente y no hay intención de mandarles refuerzos para cubrir las bajas, dice Egea.
La próxima vez que un político del Gobierno central o del PP diga que están poniendo todos los medios a su alcance para combatir la corrupción -o para casos especialmente peliagudos como asesinatos, secuestros y robos con armas de fuego- desde Jaén se les podrá decir alto y claro que están mintiendo. Que Jaén se está quedando sin policías para trabajar esos temas. Y que a los responsables políticos y policiales parece que no les importa.

El tranvía de Jaén, en vía penal

tranvia-jaen-k0E-U508346866948UF-624x385@IdealLa Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias preeliminares para determinar si hay irregularidades contables en la tramitación del tranvía de Jaén. IDEAL adelanta hoy que además de estas diligencias, civiles, hay otras abiertas en el juzgado de Instrucción número 1 de Jaén, estas de carácter penal. El informe del Tribunal de Cuentas determinó que el tranvía se hizo a la buena de Dios, sin estudios previos, con prácticas no ajustadas a los principios de igualdad, objetividad, transparencia y economía en la gestión de fondos públicos, así como infracciones de la normativa de contratos. Ahí es nada. Ahora el juez Fernando Moral tiene que determinar si además de todo eso hay también delitos que aclarar.
El juzgado que lleva este asunto es el mismo que está investigando supuestas irregularidades en las adjudicaciones de obras de la Diputación provincial de Jaén. Un asunto que tiene miga: un denunciante anómino adivinó qué empresas se iban a llevar los principales contratos de carreteras del organismo provincial meses antes de los concursos. Esta misma semana la Policía está tomando declaración a empresarios que concurrieron a esos concursos, y que no se los llevaron. A los que ganaron ya los llamarán después.
Por cierto que en la planta de arriba del mismo edificio judicial está el despacho del juez Miguel Sánchez-Gasca, que recientemente archivó las diligencias por supuesto uso irregular de tarjetas de representación en la Caja Rural. Todo correcto, dictamina la  Justicia.

El juicio de los ERE (IV): ¿Pero qué estamos juzgando? ¿Alguien lo sabe?

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El PP acaparó titulares con las cuestiones previas del juicio de los ERE pidiendo la comparecencia como testigos de Susana Díaz, Jiménez Barrios y María del Mar Moreno, en lo que no deja de ser una maniobra más política que jurídica. Para eso están ellos personados. Pero el que puso el dedo en la llaga realmente fue el fiscal anticorrupción Juan Enrique Egocheaga, que expuso al tribunal la conveniencia de “delimitar el procedimiento”. Una “delimitación objetiva”, precisó. A estas alturas, con las togas ya puestas y cuatro sesiones celebradas, el Fiscal pide que se aclare qué se está juzgando exactamente en el ‘procedimiento específico’ de los ERE. Apañados vamos. Ahora se  constata que uno de los problemas de trocear la causa es que se podían crear zonas de sombra a las que difícilmente va a llegar la Justicia.

El magistrado presidente, Juan Antonio Lacalle explicó que lo que se juzga en esta pieza política de los ERE está ya delimitado en los autos de apertura de juicio oral y en los escritos de acusación. Es decir, si los 22 acusados tuvieron la responsabilidad penal en la creación, mantenimiento y financiación durante una década de un sistema de reparto de ayudas supuestamente ilegal.

El problema es que las reglas de juego han cambiado desde que se dictaron los autos de apertura de juicio oral y desde que la Fiscalía, PP y Manos Limpias presentaron sus acusaciones.

El planteamiento inicial con el que jueza Núñez Bolaños troceó la causa a finales de 2015 era el de juzgar responsabilidades políticas en la creación del sistema en una pieza (la que se juzga ahora), las sobrecomisiones y tejemanejes de intermediarios y aseguradoras en otra, y luego abrir una pieza separada por cada una de las ayudas concedidas con este sistema donde hubiese irregularidades. En cada una de esas piezas de empresas se incluiría también a políticos que tuvieran relación con ella.

Los acusados en la pieza política, sin embargo, han hecho valer su derecho a ser juzgados una sola vez. Es un principio básico del derecho: una persona no puede ser juzgada dos veces por la misma cosa. Y según resoluciones de hace unos meses de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, si se les sienta en el banquillo por el ‘procedimiento específico’ -por haber creado, mantenido y financiado el sistema- luego no se les puede ir acusando por cada una de las ayudas en las que han intervenido. Pero cuando se dividió la macrocausa y se creó la pieza del procedimiento específico sí se pensó en incluirlos en las micropiezas de las empresas, y en función de ese criterio actuaron las partes. Así que en la práctica se han creado amplias zonas de sombra que finalmente pueden quedar fuera del alcance de la Justicia.

El mejor ejemplo de lo descolocadas que han quedado las acusaciones con el cambio de criterio es el papelón de la Junta de Andalucía como parte en el procedimiento: pidió la libre absolución de los 22 acusados en la pieza política, y al mismo tiempo acusó y pidió cárcel al ex consejero Antonio Fernández en una de las piezas separadas por las ayudas a una empresa concreta. Ahora sacan al ex consejero de esa pieza. Y la Junta se queda sin poder acusarlo de nada, pues se ha retirado de la pieza política. No puede ni reclamarle que devuelva lo supuestamente defraudado. Ni a él ni a nadie, porque en la práctica la Junta ha renunciado a la vía penal para reclamar el dinero supuestamente malversado. Lo explica extraordinariamente bien Silvia Moreno, de El Mundo, en una información que puedes leer pinchando aquí 

El Fiscal estima que de la causa matriz van a salir entre 250 y 270 piezas separadas de empresas. De hecho han sido creadas ya formalmente 104. Aunque realmente se ha realizado algún tipo de diligencia de investigación sobre intrusos, mediadores, empresarios o conseguidores en 35. Y solo hay cuatro (entre ellas el procedimiento específico) listas para juicio.

Cada pieza, además, de su padre y de su madre. El Fiscal dice que no hay una “generalización de conductas”. Es decir, que cada micropieza tiene “particularidades” –en prácticamente todas hay alguno  de los 22 políticos acusados de por medio- que no están recogidas en el  auto de apertura de juicio oral ni en los escritos de acusación del procedimiento específico, y que con el criterio actual de un solo juicio no van a ser dirimidas penalmente en una sala de vistas. Nunca. A no ser que se eche marca atrás y se replantee la causa. O que el tribunal haga una “delimitación objetiva” de lo que se está juzgando que sí las incluya de alguna manera. Que no haya indefensión de los acusados (ni causas de nulidad) pero que tampoco los acusadores queden burlados.

Lo que quiere el Fiscal es poder preguntar en el juicio de la pieza política sobre las ayudas individuales a empresas para que “se conozca la verdadera dimensión del procedimiento específico”. Incluso pidió nuevos testigos (el chófer de la coca entre ellos), en esta línea. La otra opción planteada, retroceder y replantear la causa política para incluir en ella las 270 ayudas concedidas, no parece viable toda vez que sólo están creadas formalmente 104 piezas, menos de la mitad del total estimado.

Aunque la petición estrella del PP en las cuestiones previas fue la petición de que declare Susana Díaz, hizo otra de más fondo: que se incorporen a la causa las actas y expedientes de la Junta y el IFA sobre la crisis de Molina en el año 1999 y 2000. Ahí está el origen del procedimiento de los ERE. Un asunto sobre el que en fase de instrucción el juez Barreirodel Tribunal Supremo interrogó exhaustivamente a Gaspar Zarrías.

La defensa de Griñán pidió la nulidad de las actuaciones desde que se hizo cargo de ellas el juez de apoyo Álvaro Martín, al entender que no era el juez competente para llevar la causa, sino que debería haberlo hecho la titular del juzgado.

Las defensas quieren que se expulse del procedimiento a Manos Limpias, que ejerce la acusación particular. Y Manos Limpias quiere que se quite toda referencia a la acusación hizo el PP de asociación ilícita. Así que llegamos a estas alturas, después de siete años de caso ERE, con las togas puestas y sin saber todavía qué estamos juzgado realmente.

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Juicio de los ERE (III): Ni robaron ni sabían nada

GRAF941. SEVILLA, 14/12/2017.- Los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el exconsejero Gaspar Zarrías (izq a dcha) y el ex director general de Trabajo Francisco Guerrero (detrás), al inicio de la segunda jornada del juicio de la pieza política de los ERE, en el que son procesados 22 ex altos cargos de la Junta, y que ha comenzado hoy con la lectura de los escritos de las defensas. EFE/Julio Muñoz ***POOL***
Los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el exconsejero Gaspar Zarrías (izq a dcha) y el ex director general de Trabajo Francisco Guerrero (detrás), al inicio de la segunda jornada del juicio de la pieza política de los ERE, en el que son procesados 22 ex altos cargos de la Junta, y que ha comenzado hoy con la lectura de los escritos de las defensas. EFE/Julio Muñoz ***POOL***

Manuel Chaves nunca fue un hombre rico. Cuando tras treinta años en primera línea de la política (ministro, presidente de la Junta) presentó una jurada declaración de sus bienes, aseguró que todo cuanto tenía sobre la faz de la tierra era una casa, un viejo coche y 3.000 euros en la cuenta corriente. Por la honestidad de José Antonio Griñán ponen la mano en el fuego todos los que le conocen. Y así se podría seguir con prácticamente todos los acusados en la pieza política de los ERE.  Sólo Guerrero está acusado  de saquear las arcas públicas (pero en otra pieza, donde junto a su chófer está investigado por gastarse en lujos y cocaína miles de euros). El resto, está más que demostrado, no robó. Fue aún peor.

Todo delito precisa de un móvil convincente. Los cargos que pesan sobre los dos ex presidentes, seis ex consejeros y catorce ex altos directivos son por malversación, prevaricación y asociación ilícita (una desmesura esta última de la acusación popular del PP). Pero si no robaron, ¿para qué malversar o prevaricar? ¿Por qué el Gobierno andaluz ideó un sistema de concesión de ayudas opaco que escondió durante una década el dinero que destinaba a empresas en crisis a su propio interventor y a la Unión Europea? ¿Por qué nadie hizo caso de las advertencias del interventor, estuvieran éstas revestidas de la forma idónea o no?

Los años en los que funcionó el sistema de los ERE que se enjuicia ahora fueron los de Andalucía Imparable, los de la Segunda Modernización de Andalucía. Un formidable empeño propagandístico, un espejismo en una región con la tasa de paro más alta de España (reducida al mínimo histórico al calor de la burbuja inmobiliaria, pero la mayor del país), y las mayores tasas de abandono escolar y analfabetismo de la UE. La Junta regalaba ordenadores a todos los niños en el colegio, hacía leyes vanguardistas, sacaba pecho con la sanidad.

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Eran los años también en los que Invercaria repartía millones sin control ninguno, los de los cursos de formación, los de las facturas falsas, los que aprovecharon más de 25.000 enchufados para colocarse en la administración pública ‘a dedo’, los de las listas negras de disidentes … Más que Andalucía Imparable, era Andalucía desmelenada. Al menos una parte de Andalucía lo estaba.

No se pueden contar los ERE como un hecho aislado. Formaban parte de un ecosistema, de una arquitectura subterránea que se extiende como una red, como una tela de araña, y que reparte dinero y trabajo dadivosamente. “Dios vino a verme”, le dijo un vecino del Pedroso a la jueza Alaya cuando le preguntaron por las ayudas recibidas de su vecino Guerrero. 

Ese sistema de reparto de ayudas públicas que se está juzgado regaba ese ecosistema, esa arquitectura, esa tela de araña. No era la única fuente de ‘suministro’ a ese entramado. Sí que ha sido la más visible. La más escandalosa, por que ha sido la ventana que se ha abierto de par en par. 

Por eso a ninguno de los acusados en la pieza política de los ERE se le acusa de robar dinero público, ni de financiar ilegalmente al partido, ni de llevarse el dinero a Suiza o Andorra. Todos los casos de corrupción en Andalucía comparten el móvil: el dinero de las instituciones usado irregularmente servía para apuntalar al partido en el Gobierno, según la tesis de la juez instructora Alaya.

En la segunda sesión del juicio, Chaves y Griñán han insistido durante la lectura de sus escritos de defensa en que no conocieron el fraude de los ERE, que ni siquiera pudieron conocerlo. Aseguraron que no recibieron ninguna de las quince alertas del interventor. Que no  participaron en una ninguna conspiración. La defensa de Griñán cifró en 80 millones de euros los realmente robados (no 800) por cuatro golfos. 

También usaron el argumento de que todo pasó por el Parlamento, que nunca hicieron nada fuera de la ley  y que nada sabían de irregularidad alguna los ex consejeros Zarrías, Magdalena Álvarez, Antonio Fernández o Vallejo. Las dos sesiones previstas para las cuestiones previas se han agotado y aún no han intervenido ni la mitad de los encausados. Pero lo  que ya ha quedado claro es que nadie se enteró de nada hasta que fue Alaya a decírselo.

A pesar de sus alegatos, a estas alturas Chaves, Griñán y todos los implicados en el caso han admitido que fallaron los controles y que hubo uso irregular del dinero público. En la causa penal lo que se intenta dilucidar es si ellos lo supieron y lo consintieron. El “gran fraude”, por usar palabras de Griñán, está admitido. A ninguno se le acusa de robar. Es aún peor. El caso de los ERE en realidad va de si un partido ha tenido durante décadas a las instituciones de todos los andaluces a su servicio.

Para entender todos los entresijos del procedimiento, por qué están en el banquillo dos ex presidentes de la Junta de Andalucía, seis ex consejeros catorce ex altos cargos, y por qué hay otras 250 personas esperando juicio por esta macrocausa, todas las claves están en el libro ‘Caso ERE. Las entrañas de la corrupción institucional en Andalucía’

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El juicio de los ERE (II): “Estamos en cuartos”

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El periodista de ABC Antonio R. Vega tuiteó antes de comenzar el juicio de los ERE que el ex director general Guerrero había entrado en la Audiencia bromeando. “Estamos en cuartos”, dijo camino del banquillo. La frase que resume con precisión el momento procesal de la pieza política de la causa de los ERE. La ‘fase de grupos’, con una instrucción de siete años, ya ha concluido, y la final se va acercando, por seguir con el símil futbolístico.  La broma de Guerrero, junto a la complicidad de Chaves y Griñán, sentados juntos en el banquillo e intercambiando comentarios, fueron lo más destacado de la primera sesión de un juicio que se adivina largo y tortuoso. Eso y la fugaz aparición de Alaya, que no quiso quedarse fuera de la fiesta y se dejó ver arrastrando escolta y trolley.

Alaya

 Había expectación por el paseíllo de los acusados. Por ver cómo entraban, cómo se sentaban. Por ver si Chaves resoplaba, tal y como hizo, cuando le leyeron la acusación del Fiscal. Por si Griñán mantenía cara de póker con la que entró “tranquilo” -al menos eso dijo- toda la mañana. Por los gestos. Zarrías llegó en su coche. Llevaba de pasajera a Magdalena Álvarez. Llegó saludador, con una mochila a la espalda que le acompaña siempre en sus últimas apariciones.  En la Audiencia se han llevado el banquillo. Han puesto cómodas sillas para los acusados. No había asientos asignados. Chaves y Griñán se sentaron en primera fila. Guerrero detrás, así que salía en todos los planos. El resto de consejeros también fue a la primera fila.

Luego el interés devino en ver quién de los veintidós bostezaba primero ante la innecesaria lectura de los escritos de acusación durante tres horas largas. Hubo incluso amago de motín entre los letrados defensores cuando tras repasar los 40 folios de escrito del Fiscal les anunciaron que el castigo continuaba con los tropecientos de la acusación del PP. Pero al final no se atrevieron. Con un juicio que se prevé tan largo (hasta el verano, pronostican en ámbitos judiciales), la chispa saltará en algún momento. Al tiempo.

Queda para la segunda sesión la presentación de las cuestiones previas de las defensas.Pedirán la nulidad de todo o parte de las actuaciones alegando vulneración de derechos fundamentales y que el juez que dictó el auto de apertura de juicio oral no era el adecuado. Reclamarán que se admita como prueba un documento de la Administración General del Estado que reconoce que también adjudicó ERE sin concurso público bajo el amparo de la ley. E intentarán que las declaraciones de los acusados queden para el final de la vista oral, no para el principio como suele ser habitual (el que primero debe declarar es Guerrero, lo que causa no poca inquietud entre el resto de acusados).

Las defensas intentaron coordinarse en la ‘cumbre’ de hace unas semanas. Así que hay poco lugar para las sorpresas. La presentación de las cuestiones previas será un día de obviedades. Como cuando a la entrada a la Audiencia le preguntaron a Guerrero que cómo estaba. “Con frío”, respondió. Ayer hizo un día gélido. Sobre todo para los acusados de los ERE. Por más que  entiendan que el final se acerca, y que ya están en cuartos.

Para entender todos los entresijos del procedimiento, por qué están en el banquillo dos ex presidentes de la Junta de Andalucía, seis ex consejeros catorce ex altos cargos, y por qué hay otras 250 personas esperando juicio por esta macrocausa, todas las claves están en el libro ‘Caso ERE. Las entrañas de la corrupción institucional en Andalucía’

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El juicio de los ERE (I): Chaves y Griñán al banquillo

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-¿Qué se juzga y a quién se juzga?
El miércoles comienza en la Audiencia de Sevilla el juicio contra los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a los que acompañan en el banquillo de acusados los ex consejeros Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, Antonio Fernández, Francisco Vallejo, José Antonio Viera y Carmen Martínez Aguayo, junto a otros 14 ex altos cargos de la Junta. Se les acusa de crear y sostener con fondos públicos un sistema arbitrario e injusto de repartir subvenciones para financiar Expedientes de Regulación de Empleo, ERE, e inyectar fondos a empresas en crisis.
La causa de los ERE comenzó a investigarse en 2011 después de que unos empresarios sevillanos destapasen con una grabación que empleados públicos de Mercasevilla les habían pedido dinero a cambio de acceder a subvenciones de la Junta de Andalucía. Tirando de este hilo la jueza Mercedes Alaya instruyó la mayor causa por corrupción política de España, con más de 270 personas investigadas y la gestión de 855 millones de euros bajo sospecha. La jueza María Núñez Bolaños, que en 2015 sucedió a Alaya al frente de Instrucción 6, decidió partir la causa en distintas piezas para hacerla manejable a efectos procesales. La primera pieza que desgajó de la causa principal fue para esclarecer si los responsables de la Junta, al máximo nivel, habían creado un procedimiento específico ilegal para repartir subvenciones.
En esta pieza no se acusa a nadie de quedarse con dinero. Lo que se juzga es si los 22 acusados crearon un sistema injusto y arbitrario de reparto del dinero público, contrario a Derecho, a sabiendas de lo que hacían, y de si hicieron la vista gorda para que otros (afines al PSOE en muchos casos según la instrucción de Alaya) se enriqueciesen ilícitamente, lo que se juzgará en otras piezas derivadas de la misma causa principal.
-¿Quién acusa y por qué delitos?
El Fiscal y la acusación popular de Manos Limpias acusan por los delitos de prevaricación administrativa y de malversación de caudales públicos. La acusación popular ejercida por el PP añade el delito de asociación ilícita.
La malversación está regulada en el artículo 432 del Código Penal. La comete la autoridad o funcionario público que con ánimo de lucro sustrajere o consintiere que un tercero, también con ánimo de lucro, sustraiga caudales o efectos públicos. En este caso no se acusa a nadie de sustraer fondos públicos en beneficio propio, sino de consentir que otros lo hicieran.
Está castigada con penas de entre tres y seis años, que pueden llegar a ocho en casos de especial gravedad por la cantidad sustraída y por el “daño o entorpecimiento producido al servicio público”.
La prevaricación la comete la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo.
Está castigada con penas de inhabilitación de nueve a quince años.
-¿Qué penas se piden?
El Fiscal reclama penas que en total suman 132 años de cárcel para responsables de la Junta de Andalucía acusados de malversación. A Griñán, se reclaman seis años de cárcel, los mismos que para Viera, Antonio Fernández, Vallejo, Martínez Aguayo y Justo Mañas; y ocho para los otros altos cargos acusados de este delito.
Para todos se piden penas de inhabilitación, de entre diez y treinta años.
Manos Limpias se sumó a la acusación de la Fiscalía.
El PP acusa a los 26 procesados por tres delitos: prevaricación, asociación ilícita y malversación de caudales.
A José Antonio Griñán, el PP le pide una condena de diez años de inhabilitación por prevaricación; por asociación ilícita, dos años de cárcel y otros doce de inhabilitación, y por malversación, seis años de prisión y 20 de inhabilitación.
A Manuel Chaves la acusación del PP le acusa de asociación ilícita, por el que le pide dos años de cárcel, y prevaricación, por el que pide doce años de inhabilitación. A José Antonio Viera y Antonio Fernández, ex consejeros de Empleo, les pide diez años de cárcel y 42 de inhabilitación. Para Carmen Martínez Aguayo, ex consejera de Hacienda, pide ocho años de cárcel y 42 años de inhabilitación. Al ex director general Javier Guerrero le piden diez años de cárcel y 42 de inhabilitación. A la ex consejera de Hacienda y ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez, le reclama dos años de prisión y 22 de inhabilitación.

-¿Qué alegan los acusados?
Las defensas reclaman la libre absolución en todos los casos. Los argumentos que reflejan los escritos de defensa se basan fundamentalmente en que las distintas instancias de la Junta actuaron siempre desde la legalidad, con actos administrativos que pasaron por los órganos de control previstos por las leyes.
Las defensas han denunciado que el escrito del PP les causa indefensión, porque en el auto de apertura de juicio oral no se incluía el delito de asociación ilícita y por tanto nunca han podido defenderse de él ni pedir pruebas para demostrar su inocencia al respecto. Han pedido la nulidad del auto de apertura de juicio oral y que las actuaciones se retrotraigan hasta ese momento.
Han denunciado en repetidas ocasiones errores procesales de la magistrada Alaya durante la instrucción, que volverán a reiterar en las alegaciones previas al juicio.
Y han encontrado otro argumento a su favor, con un documento que presentarán también en las alegaciones previas, con un informe del Gobierno central que reconoce que concedió ayudas para ERE sin concurso público.
La Junta, aunque figura en la causa como acusación popular, considera que no hay pruebas contra los procesados y no acusa. Pide la libre absolución de todos por este procedimiento.

Sevilla,13-04-09: Nombramiento por el comite director del PSOE de Griñan como presidente de la Junta. Foto:Paco cazalla
Sevilla,13-04-09: Chaves le da el relevo a Griñán .
Foto:Paco cazalla

Para conocer todos los entresijos, puedes leer Caso ERE: las entrañas de la corrupción institucional en Andalucía.
Disponible en tu librería de confianza, Amazon y en la Editorial Comunicación Social
http://www.comunicacionsocial.es/catalogo/colecciones/historia-y-presente/caso-ere–las-entranas-de-la-corrupcion-institucional-en-andalucia

El juicio de los ERE (I): Chaves y Griñán al banquillo

 

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-¿Qué se juzga y a quién se juzga?
El miércoles comienza en la Audiencia de Sevilla el juicio contra los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a los que acompañan en el banquillo de acusados los ex consejeros Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, Antonio Fernández, Francisco Vallejo, José Antonio Viera y Carmen Martínez Aguayo, junto a otros 18 ex altos cargos de la Junta. Se les acusa de crear y sostener con fondos públicos un sistema arbitrario e injusto de repartir subvenciones para financiar Expedientes de Regulación de Empleo, ERE, e inyectar fondos a empresas en crisis.
La causa de los ERE comenzó a investigarse en 2011 después de que unos empresarios sevillanos destapasen con una grabación que empleados públicos de Mercasevilla les habían pedido dinero a cambio de acceder a subvenciones de la Junta de Andalucía. Tirando de este hilo la jueza Mercedes Alaya instruyó la mayor causa por corrupción política de España, con más de 270 personas investigadas y la gestión de 855 millones de euros bajo sospecha. La jueza María Núñez Bolaños, que en 2015 sucedió a Alaya al frente de Instrucción 6, decidió partir la causa en distintas piezas para hacerla manejable a efectos procesales. La primera pieza que desgajó de la causa principal fue para esclarecer si los responsables de la Junta, al máximo nivel, habían creado un procedimiento específico ilegal para repartir subvenciones.
En esta pieza no se acusa a nadie de quedarse con dinero. Lo que se juzga es si los 22 acusados crearon un sistema injusto y arbitrario de reparto del dinero público, contrario a Derecho, a sabiendas de lo que hacían, y de si hicieron la vista gorda para que otros (afines al PSOE en muchos casos según la instrucción de Alaya) se enriqueciesen ilícitamente, lo que se juzgará en otras piezas derivadas de la misma causa principal.
-¿Quién acusa y por qué delitos?
El Fiscal y la acusación popular de Manos Limpias acusan por los delitos de prevaricación administrativa y de malversación de caudales públicos. La acusación popular ejercida por el PP añade el delito de asociación ilícita.
La malversación está regulada en el artículo 432 del Código Penal. La comete la autoridad o funcionario público que con ánimo de lucro sustrajere o consintiere que un tercero, también con ánimo de lucro, sustraiga caudales o efectos públicos. En este caso no se acusa a nadie de sustraer fondos públicos en beneficio propio, sino de consentir que otros lo hicieran.
Está castigada con penas de entre tres y seis años, que pueden llegar a ocho en casos de especial gravedad por la cantidad sustraída y por el “daño o entorpecimiento producido al servicio público”.
La prevaricación la comete la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo.
Está castigada con penas de inhabilitación de nueve a quince años.
-¿Qué penas se piden?
El Fiscal reclama penas que en total suman 132 años de cárcel para responsables de la Junta de Andalucía acusados de malversación. A Griñán, se reclaman seis años de cárcel, los mismos que para Viera, Antonio Fernández, Vallejo, Martínez Aguayo y Justo Mañas; y ocho para los otros altos cargos acusados de este delito.
Para todos se piden penas de inhabilitación, de entre diez y treinta años.
Manos Limpias se sumó a la acusación de la Fiscalía.
El PP acusa a los 26 procesados por tres delitos: prevaricación, asociación ilícita y malversación de caudales.
A José Antonio Griñán, el PP le pide una condena de diez años de inhabilitación por prevaricación; por asociación ilícita, dos años de cárcel y otros doce de inhabilitación, y por malversación, seis años de prisión y 20 de inhabilitación.
A Manuel Chaves la acusación del PP le acusa de asociación ilícita, por el que le pide dos años de cárcel, y prevaricación, por el que pide doce años de inhabilitación. A José Antonio Viera y Antonio Fernández, ex consejeros de Empleo, les pide diez años de cárcel y 42 de inhabilitación. Para Carmen Martínez Aguayo, ex consejera de Hacienda, pide ocho años de cárcel y 42 años de inhabilitación. Al ex director general Javier Guerrero le piden diez años de cárcel y 42 de inhabilitación. A la ex consejera de Hacienda y ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez, le reclama dos años de prisión y 22 de inhabilitación.

-¿Qué alegan los acusados?
Las defensas reclaman la libre absolución en todos los casos. Los argumentos que reflejan los escritos de defensa se basan fundamentalmente en que las distintas instancias de la Junta actuaron siempre desde la legalidad, con actos administrativos que pasaron por los órganos de control previstos por las leyes.
Las defensas han denunciado que el escrito del PP les causa indefensión, porque en el auto de apertura de juicio oral no se incluía el delito de asociación ilícita y por tanto nunca han podido defenderse de él ni pedir pruebas para demostrar su inocencia al respecto. Han pedido la nulidad del auto de apertura de juicio oral y que las actuaciones se retrotraigan hasta ese momento.
Han denunciado en repetidas ocasiones errores procesales de la magistrada Alaya durante la instrucción, que volverán a reiterar en las alegaciones previas al juicio.
Y han encontrado otro argumento a su favor, con un documento que presentarán también en las alegaciones previas, con un informe del Gobierno central que reconoce que concedió ayudas para ERE sin concurso público.
La Junta, aunque figura en la causa como acusación popular, considera que no hay pruebas contra los procesados y no acusa. Pide la libre absolución de todos por este procedimiento.

Sevilla,13-04-09: Nombramiento por el comite director del PSOE de Griñan como presidente de la Junta. Foto:Paco cazalla
Sevilla,13-04-09: Nombramiento por el comité director del PSOE de Griñán.
Foto:Paco cazalla ( Archivo de IDEAL)

 

Para conocer todos los entresijos, puedes leer Caso ERE: las entrañas de la corrupción institucional en Andalucía.
Disponible en tu librería de confianza, Amazon y en la Editorial Comunicación Social
http://www.comunicacionsocial.es/catalogo/colecciones/historia-y-presente/caso-ere–las-entranas-de-la-corrupcion-institucional-en-andalucia

Jaén, nominada a ‘borrega del siglo’

La Junta de Andalucía y el Gobierno de España han acordado conceder la declaración ITI a Linares y comarca, lo que debería suponer trato preferente a la hora de invertir. Estamos hablando de la ciudad con más paro de España. Así que nada que objetar a este apoyo. Habrá que estar vigilantes para que esto no sea una nueva burla a Linares y los linarenses, que cosas peores hemos visto ya. Pero parece que al fin se abre una puerta a la esperanza.
En Jaén ha sentado fatal que la capital (aunque digan la provincia están hablando de la capital) se quede sin ayudas. Recogemos los que sembramos. Treinta años de silencio y borreguismo nos están pasando factura. No nos dan porque no nos temen. Otros han peleado más y mejor, y tienen hospitales completos, aves y servicios adecuados a los impuestos que se pagan. En Jaén tenemos lo que nos merecemos. Na. Si después de esto Jaén no echa a la calle y lía un buen picatoste es ya para que nos den un premio. A borrego del siglo.