Jaén se queda sin policías contra la corrupción

La unidad del Cuerpo Nacional de Policía encargada de investigar los casos de corrupción en Jaén está bajo mínimos. Si estuviera al completo, y ya estarían muy justos para el trabajo que les entra, serían siete agentes. A día de hoy quedan cinco. Y bajando. No dan abasto. Se los comen los casos acumulados sobre la mesa. Casos importantes, que necesitarían gente, medios para hacer el trabajo policial. Pero les escatiman todo.
Esa unidad está investigando ahora una denuncia por supuestas irregularidades en adjudicaciones de la Diputación Provincial. Un asunto de peso, pues tienen que estudiar más de 35.000 folios de documentación, tomar declaraciones, seguir pistas … Seguramente en los próximos días les entrará el caso del tranvía, si el juzgado de Instrucción 1 decide encargar alguna pesquisa. Y a diario entran denuncias de estafas por internet y otros asuntos que hay que investigar. Demasiado trabajo, y trabajos demasiado importantes, para tan poca gente, denuncia Raúl Egea, delegado sindical del CEP en Jaén.
En los últimos años esos mismos policías de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta han metido las narices en las cuentas de la Cámara de Comercio, en entidades financieras, en los contratos de la Diputación y del Ayuntamiento de Jaén, en las UTDLTs, en las trafullas de Primayor y en otros muchos asuntos. Esos mismos policías fueron los que descubrieron al chófer de la coca de la trama de los ERE y lo pusieron a los pies de Alaya, los que atraparon a una familia que llevaba cuatro generaciones con el timo del tocomocho, los que recuperaron estatuas romanas valoradas en doce millones de euros … Han resuelto asesinatos y han levantado temas que han tenido relevancia nacional, con numerosas condecoraciones concedidas a sus miembros en reconocimiento a su trabajo.
Y ahora se encuentran con que no pueden trabajar. No tienen medios. No es nuevo. Llevan así ya varios años, supliendo con esfuerzo personal lo que les han negado en los despachos de los gerifaltes. Se llegó a dar el caso de que las investigaciones de casos de corrupción con relevancia nacional tenían que pararse porque ponían durante varios días a los agentes que las llevaban en la Oficina de Denuncias. Pero ahora la situación ya es insostenible. Se quedan sin gente y no hay intención de mandarles refuerzos para cubrir las bajas, dice Egea.
La próxima vez que un político del Gobierno central o del PP diga que están poniendo todos los medios a su alcance para combatir la corrupción -o para casos especialmente peliagudos como asesinatos, secuestros y robos con armas de fuego- desde Jaén se les podrá decir alto y claro que están mintiendo. Que Jaén se está quedando sin policías para trabajar esos temas. Y que a los responsables políticos y policiales parece que no les importa.

El tranvía de Jaén, en vía penal

tranvia-jaen-k0E-U508346866948UF-624x385@IdealLa Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias preeliminares para determinar si hay irregularidades contables en la tramitación del tranvía de Jaén. IDEAL adelanta hoy que además de estas diligencias, civiles, hay otras abiertas en el juzgado de Instrucción número 1 de Jaén, estas de carácter penal. El informe del Tribunal de Cuentas determinó que el tranvía se hizo a la buena de Dios, sin estudios previos, con prácticas no ajustadas a los principios de igualdad, objetividad, transparencia y economía en la gestión de fondos públicos, así como infracciones de la normativa de contratos. Ahí es nada. Ahora el juez Fernando Moral tiene que determinar si además de todo eso hay también delitos que aclarar.
El juzgado que lleva este asunto es el mismo que está investigando supuestas irregularidades en las adjudicaciones de obras de la Diputación provincial de Jaén. Un asunto que tiene miga: un denunciante anómino adivinó qué empresas se iban a llevar los principales contratos de carreteras del organismo provincial meses antes de los concursos. Esta misma semana la Policía está tomando declaración a empresarios que concurrieron a esos concursos, y que no se los llevaron. A los que ganaron ya los llamarán después.
Por cierto que en la planta de arriba del mismo edificio judicial está el despacho del juez Miguel Sánchez-Gasca, que recientemente archivó las diligencias por supuesto uso irregular de tarjetas de representación en la Caja Rural. Todo correcto, dictamina la  Justicia.

El juicio de los ERE (IV): ¿Pero qué estamos juzgando? ¿Alguien lo sabe?

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El PP acaparó titulares con las cuestiones previas del juicio de los ERE pidiendo la comparecencia como testigos de Susana Díaz, Jiménez Barrios y María del Mar Moreno, en lo que no deja de ser una maniobra más política que jurídica. Para eso están ellos personados. Pero el que puso el dedo en la llaga realmente fue el fiscal anticorrupción Juan Enrique Egocheaga, que expuso al tribunal la conveniencia de “delimitar el procedimiento”. Una “delimitación objetiva”, precisó. A estas alturas, con las togas ya puestas y cuatro sesiones celebradas, el Fiscal pide que se aclare qué se está juzgando exactamente en el ‘procedimiento específico’ de los ERE. Apañados vamos. Ahora se  constata que uno de los problemas de trocear la causa es que se podían crear zonas de sombra a las que difícilmente va a llegar la Justicia.

El magistrado presidente, Juan Antonio Lacalle explicó que lo que se juzga en esta pieza política de los ERE está ya delimitado en los autos de apertura de juicio oral y en los escritos de acusación. Es decir, si los 22 acusados tuvieron la responsabilidad penal en la creación, mantenimiento y financiación durante una década de un sistema de reparto de ayudas supuestamente ilegal.

El problema es que las reglas de juego han cambiado desde que se dictaron los autos de apertura de juicio oral y desde que la Fiscalía, PP y Manos Limpias presentaron sus acusaciones.

El planteamiento inicial con el que jueza Núñez Bolaños troceó la causa a finales de 2015 era el de juzgar responsabilidades políticas en la creación del sistema en una pieza (la que se juzga ahora), las sobrecomisiones y tejemanejes de intermediarios y aseguradoras en otra, y luego abrir una pieza separada por cada una de las ayudas concedidas con este sistema donde hubiese irregularidades. En cada una de esas piezas de empresas se incluiría también a políticos que tuvieran relación con ella.

Los acusados en la pieza política, sin embargo, han hecho valer su derecho a ser juzgados una sola vez. Es un principio básico del derecho: una persona no puede ser juzgada dos veces por la misma cosa. Y según resoluciones de hace unos meses de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, si se les sienta en el banquillo por el ‘procedimiento específico’ -por haber creado, mantenido y financiado el sistema- luego no se les puede ir acusando por cada una de las ayudas en las que han intervenido. Pero cuando se dividió la macrocausa y se creó la pieza del procedimiento específico sí se pensó en incluirlos en las micropiezas de las empresas, y en función de ese criterio actuaron las partes. Así que en la práctica se han creado amplias zonas de sombra que finalmente pueden quedar fuera del alcance de la Justicia.

El mejor ejemplo de lo descolocadas que han quedado las acusaciones con el cambio de criterio es el papelón de la Junta de Andalucía como parte en el procedimiento: pidió la libre absolución de los 22 acusados en la pieza política, y al mismo tiempo acusó y pidió cárcel al ex consejero Antonio Fernández en una de las piezas separadas por las ayudas a una empresa concreta. Ahora sacan al ex consejero de esa pieza. Y la Junta se queda sin poder acusarlo de nada, pues se ha retirado de la pieza política. No puede ni reclamarle que devuelva lo supuestamente defraudado. Ni a él ni a nadie, porque en la práctica la Junta ha renunciado a la vía penal para reclamar el dinero supuestamente malversado. Lo explica extraordinariamente bien Silvia Moreno, de El Mundo, en una información que puedes leer pinchando aquí 

El Fiscal estima que de la causa matriz van a salir entre 250 y 270 piezas separadas de empresas. De hecho han sido creadas ya formalmente 104. Aunque realmente se ha realizado algún tipo de diligencia de investigación sobre intrusos, mediadores, empresarios o conseguidores en 35. Y solo hay cuatro (entre ellas el procedimiento específico) listas para juicio.

Cada pieza, además, de su padre y de su madre. El Fiscal dice que no hay una “generalización de conductas”. Es decir, que cada micropieza tiene “particularidades” –en prácticamente todas hay alguno  de los 22 políticos acusados de por medio- que no están recogidas en el  auto de apertura de juicio oral ni en los escritos de acusación del procedimiento específico, y que con el criterio actual de un solo juicio no van a ser dirimidas penalmente en una sala de vistas. Nunca. A no ser que se eche marca atrás y se replantee la causa. O que el tribunal haga una “delimitación objetiva” de lo que se está juzgando que sí las incluya de alguna manera. Que no haya indefensión de los acusados (ni causas de nulidad) pero que tampoco los acusadores queden burlados.

Lo que quiere el Fiscal es poder preguntar en el juicio de la pieza política sobre las ayudas individuales a empresas para que “se conozca la verdadera dimensión del procedimiento específico”. Incluso pidió nuevos testigos (el chófer de la coca entre ellos), en esta línea. La otra opción planteada, retroceder y replantear la causa política para incluir en ella las 270 ayudas concedidas, no parece viable toda vez que sólo están creadas formalmente 104 piezas, menos de la mitad del total estimado.

Aunque la petición estrella del PP en las cuestiones previas fue la petición de que declare Susana Díaz, hizo otra de más fondo: que se incorporen a la causa las actas y expedientes de la Junta y el IFA sobre la crisis de Molina en el año 1999 y 2000. Ahí está el origen del procedimiento de los ERE. Un asunto sobre el que en fase de instrucción el juez Barreirodel Tribunal Supremo interrogó exhaustivamente a Gaspar Zarrías.

La defensa de Griñán pidió la nulidad de las actuaciones desde que se hizo cargo de ellas el juez de apoyo Álvaro Martín, al entender que no era el juez competente para llevar la causa, sino que debería haberlo hecho la titular del juzgado.

Las defensas quieren que se expulse del procedimiento a Manos Limpias, que ejerce la acusación particular. Y Manos Limpias quiere que se quite toda referencia a la acusación hizo el PP de asociación ilícita. Así que llegamos a estas alturas, después de siete años de caso ERE, con las togas puestas y sin saber todavía qué estamos juzgado realmente.

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Juicio de los ERE (III): Ni robaron ni sabían nada

GRAF941. SEVILLA, 14/12/2017.- Los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el exconsejero Gaspar Zarrías (izq a dcha) y el ex director general de Trabajo Francisco Guerrero (detrás), al inicio de la segunda jornada del juicio de la pieza política de los ERE, en el que son procesados 22 ex altos cargos de la Junta, y que ha comenzado hoy con la lectura de los escritos de las defensas. EFE/Julio Muñoz ***POOL***
Los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el exconsejero Gaspar Zarrías (izq a dcha) y el ex director general de Trabajo Francisco Guerrero (detrás), al inicio de la segunda jornada del juicio de la pieza política de los ERE, en el que son procesados 22 ex altos cargos de la Junta, y que ha comenzado hoy con la lectura de los escritos de las defensas. EFE/Julio Muñoz ***POOL***

Manuel Chaves nunca fue un hombre rico. Cuando tras treinta años en primera línea de la política (ministro, presidente de la Junta) presentó una jurada declaración de sus bienes, aseguró que todo cuanto tenía sobre la faz de la tierra era una casa, un viejo coche y 3.000 euros en la cuenta corriente. Por la honestidad de José Antonio Griñán ponen la mano en el fuego todos los que le conocen. Y así se podría seguir con prácticamente todos los acusados en la pieza política de los ERE.  Sólo Guerrero está acusado  de saquear las arcas públicas (pero en otra pieza, donde junto a su chófer está investigado por gastarse en lujos y cocaína miles de euros). El resto, está más que demostrado, no robó. Fue aún peor.

Todo delito precisa de un móvil convincente. Los cargos que pesan sobre los dos ex presidentes, seis ex consejeros y catorce ex altos directivos son por malversación, prevaricación y asociación ilícita (una desmesura esta última de la acusación popular del PP). Pero si no robaron, ¿para qué malversar o prevaricar? ¿Por qué el Gobierno andaluz ideó un sistema de concesión de ayudas opaco que escondió durante una década el dinero que destinaba a empresas en crisis a su propio interventor y a la Unión Europea? ¿Por qué nadie hizo caso de las advertencias del interventor, estuvieran éstas revestidas de la forma idónea o no?

Los años en los que funcionó el sistema de los ERE que se enjuicia ahora fueron los de Andalucía Imparable, los de la Segunda Modernización de Andalucía. Un formidable empeño propagandístico, un espejismo en una región con la tasa de paro más alta de España (reducida al mínimo histórico al calor de la burbuja inmobiliaria, pero la mayor del país), y las mayores tasas de abandono escolar y analfabetismo de la UE. La Junta regalaba ordenadores a todos los niños en el colegio, hacía leyes vanguardistas, sacaba pecho con la sanidad.

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Eran los años también en los que Invercaria repartía millones sin control ninguno, los de los cursos de formación, los de las facturas falsas, los que aprovecharon más de 25.000 enchufados para colocarse en la administración pública ‘a dedo’, los de las listas negras de disidentes … Más que Andalucía Imparable, era Andalucía desmelenada. Al menos una parte de Andalucía lo estaba.

No se pueden contar los ERE como un hecho aislado. Formaban parte de un ecosistema, de una arquitectura subterránea que se extiende como una red, como una tela de araña, y que reparte dinero y trabajo dadivosamente. “Dios vino a verme”, le dijo un vecino del Pedroso a la jueza Alaya cuando le preguntaron por las ayudas recibidas de su vecino Guerrero. 

Ese sistema de reparto de ayudas públicas que se está juzgado regaba ese ecosistema, esa arquitectura, esa tela de araña. No era la única fuente de ‘suministro’ a ese entramado. Sí que ha sido la más visible. La más escandalosa, por que ha sido la ventana que se ha abierto de par en par. 

Por eso a ninguno de los acusados en la pieza política de los ERE se le acusa de robar dinero público, ni de financiar ilegalmente al partido, ni de llevarse el dinero a Suiza o Andorra. Todos los casos de corrupción en Andalucía comparten el móvil: el dinero de las instituciones usado irregularmente servía para apuntalar al partido en el Gobierno, según la tesis de la juez instructora Alaya.

En la segunda sesión del juicio, Chaves y Griñán han insistido durante la lectura de sus escritos de defensa en que no conocieron el fraude de los ERE, que ni siquiera pudieron conocerlo. Aseguraron que no recibieron ninguna de las quince alertas del interventor. Que no  participaron en una ninguna conspiración. La defensa de Griñán cifró en 80 millones de euros los realmente robados (no 800) por cuatro golfos. 

También usaron el argumento de que todo pasó por el Parlamento, que nunca hicieron nada fuera de la ley  y que nada sabían de irregularidad alguna los ex consejeros Zarrías, Magdalena Álvarez, Antonio Fernández o Vallejo. Las dos sesiones previstas para las cuestiones previas se han agotado y aún no han intervenido ni la mitad de los encausados. Pero lo  que ya ha quedado claro es que nadie se enteró de nada hasta que fue Alaya a decírselo.

A pesar de sus alegatos, a estas alturas Chaves, Griñán y todos los implicados en el caso han admitido que fallaron los controles y que hubo uso irregular del dinero público. En la causa penal lo que se intenta dilucidar es si ellos lo supieron y lo consintieron. El “gran fraude”, por usar palabras de Griñán, está admitido. A ninguno se le acusa de robar. Es aún peor. El caso de los ERE en realidad va de si un partido ha tenido durante décadas a las instituciones de todos los andaluces a su servicio.

Para entender todos los entresijos del procedimiento, por qué están en el banquillo dos ex presidentes de la Junta de Andalucía, seis ex consejeros catorce ex altos cargos, y por qué hay otras 250 personas esperando juicio por esta macrocausa, todas las claves están en el libro ‘Caso ERE. Las entrañas de la corrupción institucional en Andalucía’

http://www.comunicacionsocial.es/catalogo/colecciones/historia-y-presente/caso-ere–las-entranas-de-la-corrupcion-institucional-en-andalucia

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El juicio de los ERE (II): “Estamos en cuartos”

griñán

El periodista de ABC Antonio R. Vega tuiteó antes de comenzar el juicio de los ERE que el ex director general Guerrero había entrado en la Audiencia bromeando. “Estamos en cuartos”, dijo camino del banquillo. La frase que resume con precisión el momento procesal de la pieza política de la causa de los ERE. La ‘fase de grupos’, con una instrucción de siete años, ya ha concluido, y la final se va acercando, por seguir con el símil futbolístico.  La broma de Guerrero, junto a la complicidad de Chaves y Griñán, sentados juntos en el banquillo e intercambiando comentarios, fueron lo más destacado de la primera sesión de un juicio que se adivina largo y tortuoso. Eso y la fugaz aparición de Alaya, que no quiso quedarse fuera de la fiesta y se dejó ver arrastrando escolta y trolley.

Alaya

 Había expectación por el paseíllo de los acusados. Por ver cómo entraban, cómo se sentaban. Por ver si Chaves resoplaba, tal y como hizo, cuando le leyeron la acusación del Fiscal. Por si Griñán mantenía cara de póker con la que entró “tranquilo” -al menos eso dijo- toda la mañana. Por los gestos. Zarrías llegó en su coche. Llevaba de pasajera a Magdalena Álvarez. Llegó saludador, con una mochila a la espalda que le acompaña siempre en sus últimas apariciones.  En la Audiencia se han llevado el banquillo. Han puesto cómodas sillas para los acusados. No había asientos asignados. Chaves y Griñán se sentaron en primera fila. Guerrero detrás, así que salía en todos los planos. El resto de consejeros también fue a la primera fila.

Luego el interés devino en ver quién de los veintidós bostezaba primero ante la innecesaria lectura de los escritos de acusación durante tres horas largas. Hubo incluso amago de motín entre los letrados defensores cuando tras repasar los 40 folios de escrito del Fiscal les anunciaron que el castigo continuaba con los tropecientos de la acusación del PP. Pero al final no se atrevieron. Con un juicio que se prevé tan largo (hasta el verano, pronostican en ámbitos judiciales), la chispa saltará en algún momento. Al tiempo.

Queda para la segunda sesión la presentación de las cuestiones previas de las defensas.Pedirán la nulidad de todo o parte de las actuaciones alegando vulneración de derechos fundamentales y que el juez que dictó el auto de apertura de juicio oral no era el adecuado. Reclamarán que se admita como prueba un documento de la Administración General del Estado que reconoce que también adjudicó ERE sin concurso público bajo el amparo de la ley. E intentarán que las declaraciones de los acusados queden para el final de la vista oral, no para el principio como suele ser habitual (el que primero debe declarar es Guerrero, lo que causa no poca inquietud entre el resto de acusados).

Las defensas intentaron coordinarse en la ‘cumbre’ de hace unas semanas. Así que hay poco lugar para las sorpresas. La presentación de las cuestiones previas será un día de obviedades. Como cuando a la entrada a la Audiencia le preguntaron a Guerrero que cómo estaba. “Con frío”, respondió. Ayer hizo un día gélido. Sobre todo para los acusados de los ERE. Por más que  entiendan que el final se acerca, y que ya están en cuartos.

Para entender todos los entresijos del procedimiento, por qué están en el banquillo dos ex presidentes de la Junta de Andalucía, seis ex consejeros catorce ex altos cargos, y por qué hay otras 250 personas esperando juicio por esta macrocausa, todas las claves están en el libro ‘Caso ERE. Las entrañas de la corrupción institucional en Andalucía’

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El juicio de los ERE (I): Chaves y Griñán al banquillo

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-¿Qué se juzga y a quién se juzga?
El miércoles comienza en la Audiencia de Sevilla el juicio contra los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a los que acompañan en el banquillo de acusados los ex consejeros Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, Antonio Fernández, Francisco Vallejo, José Antonio Viera y Carmen Martínez Aguayo, junto a otros 14 ex altos cargos de la Junta. Se les acusa de crear y sostener con fondos públicos un sistema arbitrario e injusto de repartir subvenciones para financiar Expedientes de Regulación de Empleo, ERE, e inyectar fondos a empresas en crisis.
La causa de los ERE comenzó a investigarse en 2011 después de que unos empresarios sevillanos destapasen con una grabación que empleados públicos de Mercasevilla les habían pedido dinero a cambio de acceder a subvenciones de la Junta de Andalucía. Tirando de este hilo la jueza Mercedes Alaya instruyó la mayor causa por corrupción política de España, con más de 270 personas investigadas y la gestión de 855 millones de euros bajo sospecha. La jueza María Núñez Bolaños, que en 2015 sucedió a Alaya al frente de Instrucción 6, decidió partir la causa en distintas piezas para hacerla manejable a efectos procesales. La primera pieza que desgajó de la causa principal fue para esclarecer si los responsables de la Junta, al máximo nivel, habían creado un procedimiento específico ilegal para repartir subvenciones.
En esta pieza no se acusa a nadie de quedarse con dinero. Lo que se juzga es si los 22 acusados crearon un sistema injusto y arbitrario de reparto del dinero público, contrario a Derecho, a sabiendas de lo que hacían, y de si hicieron la vista gorda para que otros (afines al PSOE en muchos casos según la instrucción de Alaya) se enriqueciesen ilícitamente, lo que se juzgará en otras piezas derivadas de la misma causa principal.
-¿Quién acusa y por qué delitos?
El Fiscal y la acusación popular de Manos Limpias acusan por los delitos de prevaricación administrativa y de malversación de caudales públicos. La acusación popular ejercida por el PP añade el delito de asociación ilícita.
La malversación está regulada en el artículo 432 del Código Penal. La comete la autoridad o funcionario público que con ánimo de lucro sustrajere o consintiere que un tercero, también con ánimo de lucro, sustraiga caudales o efectos públicos. En este caso no se acusa a nadie de sustraer fondos públicos en beneficio propio, sino de consentir que otros lo hicieran.
Está castigada con penas de entre tres y seis años, que pueden llegar a ocho en casos de especial gravedad por la cantidad sustraída y por el “daño o entorpecimiento producido al servicio público”.
La prevaricación la comete la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo.
Está castigada con penas de inhabilitación de nueve a quince años.
-¿Qué penas se piden?
El Fiscal reclama penas que en total suman 132 años de cárcel para responsables de la Junta de Andalucía acusados de malversación. A Griñán, se reclaman seis años de cárcel, los mismos que para Viera, Antonio Fernández, Vallejo, Martínez Aguayo y Justo Mañas; y ocho para los otros altos cargos acusados de este delito.
Para todos se piden penas de inhabilitación, de entre diez y treinta años.
Manos Limpias se sumó a la acusación de la Fiscalía.
El PP acusa a los 26 procesados por tres delitos: prevaricación, asociación ilícita y malversación de caudales.
A José Antonio Griñán, el PP le pide una condena de diez años de inhabilitación por prevaricación; por asociación ilícita, dos años de cárcel y otros doce de inhabilitación, y por malversación, seis años de prisión y 20 de inhabilitación.
A Manuel Chaves la acusación del PP le acusa de asociación ilícita, por el que le pide dos años de cárcel, y prevaricación, por el que pide doce años de inhabilitación. A José Antonio Viera y Antonio Fernández, ex consejeros de Empleo, les pide diez años de cárcel y 42 de inhabilitación. Para Carmen Martínez Aguayo, ex consejera de Hacienda, pide ocho años de cárcel y 42 años de inhabilitación. Al ex director general Javier Guerrero le piden diez años de cárcel y 42 de inhabilitación. A la ex consejera de Hacienda y ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez, le reclama dos años de prisión y 22 de inhabilitación.

-¿Qué alegan los acusados?
Las defensas reclaman la libre absolución en todos los casos. Los argumentos que reflejan los escritos de defensa se basan fundamentalmente en que las distintas instancias de la Junta actuaron siempre desde la legalidad, con actos administrativos que pasaron por los órganos de control previstos por las leyes.
Las defensas han denunciado que el escrito del PP les causa indefensión, porque en el auto de apertura de juicio oral no se incluía el delito de asociación ilícita y por tanto nunca han podido defenderse de él ni pedir pruebas para demostrar su inocencia al respecto. Han pedido la nulidad del auto de apertura de juicio oral y que las actuaciones se retrotraigan hasta ese momento.
Han denunciado en repetidas ocasiones errores procesales de la magistrada Alaya durante la instrucción, que volverán a reiterar en las alegaciones previas al juicio.
Y han encontrado otro argumento a su favor, con un documento que presentarán también en las alegaciones previas, con un informe del Gobierno central que reconoce que concedió ayudas para ERE sin concurso público.
La Junta, aunque figura en la causa como acusación popular, considera que no hay pruebas contra los procesados y no acusa. Pide la libre absolución de todos por este procedimiento.

Sevilla,13-04-09: Nombramiento por el comite director del PSOE de Griñan como presidente de la Junta. Foto:Paco cazalla
Sevilla,13-04-09: Chaves le da el relevo a Griñán .
Foto:Paco cazalla

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El juicio de los ERE (I): Chaves y Griñán al banquillo

 

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-¿Qué se juzga y a quién se juzga?
El miércoles comienza en la Audiencia de Sevilla el juicio contra los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a los que acompañan en el banquillo de acusados los ex consejeros Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, Antonio Fernández, Francisco Vallejo, José Antonio Viera y Carmen Martínez Aguayo, junto a otros 18 ex altos cargos de la Junta. Se les acusa de crear y sostener con fondos públicos un sistema arbitrario e injusto de repartir subvenciones para financiar Expedientes de Regulación de Empleo, ERE, e inyectar fondos a empresas en crisis.
La causa de los ERE comenzó a investigarse en 2011 después de que unos empresarios sevillanos destapasen con una grabación que empleados públicos de Mercasevilla les habían pedido dinero a cambio de acceder a subvenciones de la Junta de Andalucía. Tirando de este hilo la jueza Mercedes Alaya instruyó la mayor causa por corrupción política de España, con más de 270 personas investigadas y la gestión de 855 millones de euros bajo sospecha. La jueza María Núñez Bolaños, que en 2015 sucedió a Alaya al frente de Instrucción 6, decidió partir la causa en distintas piezas para hacerla manejable a efectos procesales. La primera pieza que desgajó de la causa principal fue para esclarecer si los responsables de la Junta, al máximo nivel, habían creado un procedimiento específico ilegal para repartir subvenciones.
En esta pieza no se acusa a nadie de quedarse con dinero. Lo que se juzga es si los 22 acusados crearon un sistema injusto y arbitrario de reparto del dinero público, contrario a Derecho, a sabiendas de lo que hacían, y de si hicieron la vista gorda para que otros (afines al PSOE en muchos casos según la instrucción de Alaya) se enriqueciesen ilícitamente, lo que se juzgará en otras piezas derivadas de la misma causa principal.
-¿Quién acusa y por qué delitos?
El Fiscal y la acusación popular de Manos Limpias acusan por los delitos de prevaricación administrativa y de malversación de caudales públicos. La acusación popular ejercida por el PP añade el delito de asociación ilícita.
La malversación está regulada en el artículo 432 del Código Penal. La comete la autoridad o funcionario público que con ánimo de lucro sustrajere o consintiere que un tercero, también con ánimo de lucro, sustraiga caudales o efectos públicos. En este caso no se acusa a nadie de sustraer fondos públicos en beneficio propio, sino de consentir que otros lo hicieran.
Está castigada con penas de entre tres y seis años, que pueden llegar a ocho en casos de especial gravedad por la cantidad sustraída y por el “daño o entorpecimiento producido al servicio público”.
La prevaricación la comete la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo.
Está castigada con penas de inhabilitación de nueve a quince años.
-¿Qué penas se piden?
El Fiscal reclama penas que en total suman 132 años de cárcel para responsables de la Junta de Andalucía acusados de malversación. A Griñán, se reclaman seis años de cárcel, los mismos que para Viera, Antonio Fernández, Vallejo, Martínez Aguayo y Justo Mañas; y ocho para los otros altos cargos acusados de este delito.
Para todos se piden penas de inhabilitación, de entre diez y treinta años.
Manos Limpias se sumó a la acusación de la Fiscalía.
El PP acusa a los 26 procesados por tres delitos: prevaricación, asociación ilícita y malversación de caudales.
A José Antonio Griñán, el PP le pide una condena de diez años de inhabilitación por prevaricación; por asociación ilícita, dos años de cárcel y otros doce de inhabilitación, y por malversación, seis años de prisión y 20 de inhabilitación.
A Manuel Chaves la acusación del PP le acusa de asociación ilícita, por el que le pide dos años de cárcel, y prevaricación, por el que pide doce años de inhabilitación. A José Antonio Viera y Antonio Fernández, ex consejeros de Empleo, les pide diez años de cárcel y 42 de inhabilitación. Para Carmen Martínez Aguayo, ex consejera de Hacienda, pide ocho años de cárcel y 42 años de inhabilitación. Al ex director general Javier Guerrero le piden diez años de cárcel y 42 de inhabilitación. A la ex consejera de Hacienda y ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez, le reclama dos años de prisión y 22 de inhabilitación.

-¿Qué alegan los acusados?
Las defensas reclaman la libre absolución en todos los casos. Los argumentos que reflejan los escritos de defensa se basan fundamentalmente en que las distintas instancias de la Junta actuaron siempre desde la legalidad, con actos administrativos que pasaron por los órganos de control previstos por las leyes.
Las defensas han denunciado que el escrito del PP les causa indefensión, porque en el auto de apertura de juicio oral no se incluía el delito de asociación ilícita y por tanto nunca han podido defenderse de él ni pedir pruebas para demostrar su inocencia al respecto. Han pedido la nulidad del auto de apertura de juicio oral y que las actuaciones se retrotraigan hasta ese momento.
Han denunciado en repetidas ocasiones errores procesales de la magistrada Alaya durante la instrucción, que volverán a reiterar en las alegaciones previas al juicio.
Y han encontrado otro argumento a su favor, con un documento que presentarán también en las alegaciones previas, con un informe del Gobierno central que reconoce que concedió ayudas para ERE sin concurso público.
La Junta, aunque figura en la causa como acusación popular, considera que no hay pruebas contra los procesados y no acusa. Pide la libre absolución de todos por este procedimiento.

Sevilla,13-04-09: Nombramiento por el comite director del PSOE de Griñan como presidente de la Junta. Foto:Paco cazalla
Sevilla,13-04-09: Nombramiento por el comité director del PSOE de Griñán.
Foto:Paco cazalla ( Archivo de IDEAL)

 

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Jaén, nominada a ‘borrega del siglo’

La Junta de Andalucía y el Gobierno de España han acordado conceder la declaración ITI a Linares y comarca, lo que debería suponer trato preferente a la hora de invertir. Estamos hablando de la ciudad con más paro de España. Así que nada que objetar a este apoyo. Habrá que estar vigilantes para que esto no sea una nueva burla a Linares y los linarenses, que cosas peores hemos visto ya. Pero parece que al fin se abre una puerta a la esperanza.
En Jaén ha sentado fatal que la capital (aunque digan la provincia están hablando de la capital) se quede sin ayudas. Recogemos los que sembramos. Treinta años de silencio y borreguismo nos están pasando factura. No nos dan porque no nos temen. Otros han peleado más y mejor, y tienen hospitales completos, aves y servicios adecuados a los impuestos que se pagan. En Jaén tenemos lo que nos merecemos. Na. Si después de esto Jaén no echa a la calle y lía un buen picatoste es ya para que nos den un premio. A borrego del siglo.

Gracias, Capitán Fernández

Linarenses. El fernandismo ha muerto. Viva Juan Fernández. El veterano alcalde linarense se vio el domingo solo, sin apoyos para competir por la secretaría general del PSOE con Daniel Campos, que representa la renovación y la vuelta a la ortodoxia y la disciplina. Paco Reyes se apunta otro tanto y se le queda el patio como una balsa de aceite. Ahora solo falta orquestar un traspaso de poderes ordenado para que el secretario general Campos se convierta en el candidato a la alcaldía sin sobresaltos y sin fisuras.  Campos, reclutado para la política por Juan Fernández, ha sido concejal nueve años, está bien visto en Sevilla y tiene el temple y  el carácter necesario para ser un político de largo recorrido. Hay muchas esperanzas puestas en él. A Juan Fernández tal vez le haya faltado entender que ya había pasado su momento y haber liderado él mismo la transición.

No sería justo, sin embargo, despedir a Juan Fernández, sin más. Ha sido un gran alcalde. Así debería ser recordado. En los años de vacas gordas supo aprovechar la ola para reforzar el papel de Linares como capital del Norte de Jaén, abanderó el urbanismo amable, la ciudad comercial y de servicios. Linares era la envidia de la provincia. Cuando llegó el tsunami de la crisis y el cierre de Santana, eligió ponerse del lado de sus vecinos en vez de doblegarse a las directrices del partido. Exigió como el que más, peleó, se encerró y no se calló antes las mentiras y las promesas sin cumplir. Es cierto que también hubo sombras en sus años de alcaldía. Pero ojalá hubiera más alcaldes como él, con la cercanía a los vecinos que siempre ha demostrado, con su sensibilidad, y sobre todo con su valentía para ser díscolo y mosca cojonera en vez de sumiso y estómago agradecido. Así que gracias, Capitán Fernández. 

Las mejores ideas del forense Ángel Hernández

ángel

Ángel Hernández Gil, forense y miembro de la Comisión Central de Deontología y Derecho Médico, acaba de recoger en el Teatro Nacional de Cataluña en Barcelona el Premio del Diario Médico a las Mejores Ideas de 2017 en Medicina Legal, Ética y Deontología.

El prestigioso forense jienense ha sido galardonado junto a la también jienense María Castellano por su trabajo sobre el Decálogo de la Historia Clínica. Castellano está considerada una de las máximas autoridades en Medicina Legal en España. Así que el trabajo distinguido tiene máxima altura profesional.

El año pasado Ángel Hernández ya fue premiado en el mismo foro por otro estudio sobre Consentimiento Informado.

De 47 años y natural de Andújar, ejerce como Jefe de Servicio de Clínica Forense del Instituto de Medicina Legal de Jaén. Es doctor y experto en Derecho Sanitario Docente e investigador, es autor de varias obras y numerosos artículos científicos relacionados con el Derecho Médico.

Más allá de mensajes pesimistas en torno a Jaén y a los jienenses, la excelencia, la constancia y el trabajo brillante nunca han abandonado a esta tierra. Ángel Hernández es un buen ejemplo.