Guardia que multa, guardia que cobra

La Unión de Oficiales de la Guardia Civil me hace llegar un comunicado que no tiene desperdicio. Corto y pego

La Guardia Civil sigue presionando para aumentar el

número de denuncias

La supuesta huelga de bolígrafos caídos de los agentes de Tráfico y el consecuente descenso de denuncias realizadasestá poniendo de los nervios al Ministro Rubalcaba y al Director General de Tráfico.

Por ello, en respuesta a esta medida han ideado un maquiavélico sistema de puntos con el que valorar a los agentes de Tráfico y hacer que su sueldo dependa de ello.

Pese a que el Ministro Rubalcaba ha insistido en declarar que su única preocupación es la seguridad vial y no el afán recaudatorio, menospreciando incluso a quién insinúe lo contrario, lo cierto es que el baremo de puntos desacredita por completo las palabras del Ministro.

Y es que resulta cuanto menos contradictorio que se puntúe hasta cuatro veces más por una denuncia en materia de transportes, con sanciones muy elevadas, que por un auxilio en carretera.

Al margen de estas incoherencias, lo cierto es que el sistema propuesto es manifiestamente injusto y podría tener serias repercusiones. Al estar ideado como medio de coacción, los agentes podrían dedicarse más a proteger sus sueldos que a la seguridad vial, buscando puntos donde fuese fácil cometer infracciones que no causasen un grave peligro a la circulación. De este modo, una patrulla podría conseguir muchos puntos pero no haber logrado prácticamente nada en beneficio de la seguridad vial.

Pero lo más grave es que no se sabe cuántos puntos son necesarios para cobrar el complemento de productividad. Además, por muchos puntos que consigan, los últimos siempre se quedarán sin ese complemento, porque no hay para todos. Es decir, no cobras aunque hayas puesto mil denuncias si otro puso mil una. Así se abre la veda de una frenética caza de puntos, cualquier infracción vale. Lo de menos es la seguridad vial y lo verdaderamente importante es proteger el máximo posible de nuestro exiguo sueldo.

Por otro lado, este tipo de presiones no solo se dan entre los agentes de Tráfico sino que se están extendiendo de manera preocupante al resto de Unidades. Se insiste a los mandos con órdenes, siempre verbales, que hagan seguimiento de la labor de cada guardia civil y se le recuerde que la ley obliga a denunciar. Así queda claro que si no hay denuncias, serán los mandos los que pierdan sus complementos.

Por último, desde Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO) no podemos dejar de sorprendernos con las declaraciones de Rubalcaba afirmando que la obligación de la Guardia Civil es cumplir la ley, cuando su Ministerio viene incumpliendo sistemáticamente desde 2007 la disposición de la Ley de Carrera Militar que le obliga a adaptar la Ley de personal de la Guardia Civil y la formación de los Oficiales al proceso de Bolonia

.

Menores

En las últimas horas he escuchado pronunciarse sobre la reforma de la ley del menor a la portavoz del PP Soraya Sáenz de Santamaría, al ministro Rubalcaba y a Juan José Cortés, padre de la niña Mari Luz y ahora asesor del PP. El debate está abierto. De hecho se abre cada vez que un caso como el de Cristina, la niña de Seseña, estremece a un país entero. Reproduzco aquí las propuestas del sindicato de policía SUP al respecto, por si alguien está interesado en la opinión de los profesonales de la seguridad.

A juicio del SUP, la ley debe suprimir el derecho del menor a entrevistarse con un abogado antes de prestar declaración en Comisaría, como ocurre con los mayores de edad. «La primera declaración es la más espontánea, y que sea espontánea es fundamental para la investigación», dice el sindicato policial.
Los policías piden también más tiempo. Con un menor sólo tienen 24 horas desde que lo detienen hasta que lo ponen en manos de la Fiscalía. «Es muy poco para investigar y cotejar sus versiones», dice Manuel Espino (autor del informe a petición de los padres de la joven sevillana Marta del Castillo, cuyo cadáver aún está desaparecido). Esta prórroga sólo sería necesaria en casos graves, apunta.
Una vez puesto el menor a disposición judicial, los investigadores de la Policía Nacional se encuentran con otra dificultad: la Justicia continúa las pesquisas por su cuenta, encarga informes, pide peritaciones y valoraciones de expertos y practica más diligencias. A las comisarías no llega ni uno de esos documentos (aparte de los que los afectan directamente). El SUP reclama que se envíe copia de todos los informes a los instructores de los atestados, ya que también pueden aportar luz a las gestiones que está realizando la Policía.
Según las conclusiones a la que ha llegado el SUP, también deben modificarse las disposiciones relativas a la responsabilidad civil del menor y de sus familiares. La ley dice que si los padres no tienen responsabilidad en los hechos cometidos se les atenúa su responsabilidad. Según el SUP, ésto va en detrimento de las víctimas, «que no tienen culpa ninguna y tienen derecho a todas las reparaciones por los daños que hayan recibido». Manuel Espino se pregunta «por qué el Estado no se hace cargo como responsable civil subsidiario, para que se cumpla el derecho de la víctima a verse resarcida».
A pesar de que el debate sobre la reforma de Ley del Menor está sujeto a una intensa polémica en el ámbito de la política, los responsables del SUP indican que sus propuestas son «puramente profesionales» y que irían en beneficio de la protección de los derechos de las víctimas e incluso de los menores infractores.
El artículo completo que publicó IDEAL el 20 de marzo lo puedes leer pinchando aquí.